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Bogotá 19 Jun 2013 - 9:51 pm

Procuraduría abrió pliego de cargos contra ex gerente del Acueducto y ex director de la Uaesp

La paradoja de Diego Bravo

El exgerente de la EAAB y Henry Romero, exdirector de la Uaesp, enfrentan un proceso disciplinario por su participación en el cambio de modelo de aseo en Bogotá.

Por: Diana Carolina Cantillo E.
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El Espectador conoció en exclusiva las 87 páginas en las que la Procuraduría General de la Nación expone la decisión de abrir pliego de cargos a Diego Bravo Borda, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y a Henry Romero, quien era el director (e) la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), por su participación en el cambio del modelo de aseo, lo cual fue iniciativa del alcalde Gustavo Petro. La decisión también ordena archivar la investigación que cursaba en el Ministerio público en contra del exsecretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, y la actual directora de la UAESP, Nelly Mogollón.

A parte de los errores que cometió el Distrito en el tema operativo al no garantizar el servicio y además sumió a la capital del país en millones de toneladas de basura en los primeros días del cambio del modelo (18 de diciembre de 2012), la Procuraduría también analizó las consecuencias legales que trajo la firma indiscriminada de convenios interadministrativos entre el señor Romero y Bravo. Ambos deben responder por un único y mismo cargo: la vulneración de los principios de economía, teniendo en cuenta que se destinaron miles de millones de pesos públicos a unos fines y planes que no fueron planificados y tampoco estudiado sus riesgos, transgrediendo así las normas de contratación pública y la misma Constitución política colombiana.

Romero pecó por “participar en la tramitación de estudios previos y la suscripción del en la suscripción del contrato interadministrativo 017 de 11 de octubre de 2012, celebrado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para la gestión y operación del servicio de aseo, sin verificar si la Empresa de Acueducto era idónea para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, considerando que no se analizó si la EAAB contaba con la capacidad técnica y experiencia para prestar el servicio público de aseo en toda la ciudad de Bogotá a partir del 18 de diciembre de 2012”.

En el caso de Bravo “puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al participar en la suscripción del contrato interadministrativo 017 de 11 de octubre de 2012 con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), sin que se analizara mediante estudios previos completos y serios, si la EAAB estaba en capacidad técnica de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, considerando que la Empresa de Acueducto no evaluó si podía contar a partir del 18 de diciembre de 2012 con los vehículos e infraestructura necesarios para prestar el servicio público de aseo en condiciones de calidad, continuidad y eficiencia (con la tecnología apropiada a las condiciones locales), garantizando la cobertura del 100% de la ciudad de Bogotá, infringiendo con dicho comportamiento los principios de economía (planeación), responsabilidad y eficiencia”.

El lío de la basura en Bogotá y las consecuencias disciplinarias que produjo acabaron con una relación de amistad de más de 12 años entre el alcalde Gustavo Petro y el ex gerente del Acueducto, Diego Bravo. Bravo fue uno de los pocos funcionarios del gabinete distrital que realmente creyó en la idea del alcalde de cambiar el negocio de la basura, convertirlo en un modelo público que incluyera a la población recicladora. Y eso le costó la amistad con Petro. Salió mal del gabinete, su renuncia fue aceptada por Gustavo Petro a través de la red social Twitter.

Pero la verdad es que Bravo no fue el único que intervino en el cambio del modelo de basuras. Es de conocimiento público la participación del secretario privado del alcalde, Jorge Rojas y de la hermana del entonces secretario de Gobierno (Guillermo Asprilla), Selma Asprilla. Según fuentes de Aguas de Bogotá, cuando el Distrito se vio sin flota con qué operar el servicio de aseo en la ciudad, Petro nombró a Selma Asprilla, hermana del actual secretario de Gobierno y a Rojas para que se pusieran frente a la adquisición de flota alquilada y usada proveniente de Estados Unidos.

De acuerdo con funcionarios de altos cargos en el Acueducto, a Diego Bravo le parecía riesgoso y costoso la idea del alcalde de que el Acueducto prestara el servicio de aseo en la ciudad. Según estas mismas fuentes, Bravo consideraba que el manual de contratación de Aguas de Bogotá era más flexible que el de la EAAB y que la vinculación de personal al Acueducto costaría muchísimo dinero ya que los empleados ingresarían como funcionarios de carrera, mientras que en Aguas de Bogotá no se tendría ese requisito. Así que Bravo fue quien convenció al alcalde de que el operador público debería ser Aguas de Bogotá y que la supervisión del servicio se quedara en la EAAB. Si la idea era reducir costos, el argumento de Bravo era razonable, sólo había un inconveniente: Aguas de Bogotá es una empresa de papel, en quiebra y desfinanciada, como así lo aseguró a este diario Diego Ardila, contralor Distrital de Bogotá.

También esas mismas fuentes aseguran que Rojas y Asprilla manejaban Aguas de Bogotá, que incluso pretendían comprar la flota nueva de compactadores vía directa saltándose el proceso de licitación, requisito indispensable por el monto a contratar: $80.000 millones, pero Bravo se opuso, lo cual generó molestia en el gabinete ya que la premisa y orden del alcalde era que “el Distrito debía salir a recoger la basura como fuera, con flota nueva o usada, alquilada o comprada, pero se necesitaban camiones para el 18 de diciembre, lo que no sucedió y le echaron la culpa a Bravo. Él puede tener gran culpa pero ¿y la responsabilidad del secretario privado y la hermana de Guillermo Asprilla? Ellos llegaron a la empresa supuestamente a asesorar el tema de los compactadores usados y viajaron a Estados Unidos a ver los camiones, pero asesoraron la contratación de todo: insumos, uniformes, todo”.

Pero también fuentes del gabinete de gobierno aseguran que “Bravo siempre decía que tenía plan A, B, C, D y hasta Z. Bravo aseguraba que el Distrito sí podría garantizar el servicio el 18 de diciembre. Nunca nos dijo en qué consistían sus planes y sólo lo conocimos hasta el 19 de noviembre en una presentación para la Junta Directiva”.

A Bravo le indilgaron el fracaso de la operación de basura por parte de Aguas de Bogotá (filial del Acueducto) y se le acusó de traicionar a Petro renegociando unos contratos con los antiguos operadores privados del aseo en Bogotá que no llenaron las expectativas de ahorro que tenía en mente el Distrito, pero, según fuentes del mismo gabinete, Petro nunca supo a ciencia cierta cuál era el monto real de la remuneración que el distrito le pagaba a su enemigos las empresas Ciudad Limpia y Lime y a William Vélez y Alberto Ríos, dueños de ATESA y Aseo Capital.

La amistad entre el alcalde Gustavo Petro y el exgerente del Acueducto, Diego Bravo, es de vieja data. Inició cuando Petro era representante a la Cámara y Bravo era, en el año 2000, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), soñaban con hacer una revolución urbana en la capital del país. Para esa época, Petro comienza a interesarse por los temas urbanísticos y medioambientales y se apoya en Bravo, un liberal experto en esos temas. Bravo renuncia a la dirección de la CAR con el objetivo de llegar a la Gobernación de Cundinamarca pero perdió frente a Álvaro Cruz, sin embargo recibió el apoyo de pesos muy pesados: Germán Vargas Lleras, Rafael Pardo, Antonio Navarro y, por supuesto, Gustavo Petro.

Después, en 2009, Bravo pasó a las filas de la Procuraduría General de la Nación nombrado Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, un cargo que el periodista Daniel Coronell señaló como la cuota burocrática que Petro habría ganado en esa entidad al haber votado a favor de Alejandro Ordóñez.
Las buenas relaciones de diego Bravo con la Procuraduría, aseguran personas cercanas al alcalde, se convirtieron en un insumo para Petro y su alcaldía en Bogotá, de manera que lo nombró como gerente del Acueducto.

Hoy Diego Bravo, un hombre con una hoja de vida con experiencia administrativa, ambiental y urbanística, vive una mala hora. Petro lo quiere lejos de su proyecto político y el procurador Ordóñez, su exjefe y con quien se presumía tenía muy buenas relaciones, lo investiga. Lo cierto es que con este pliego de cargos contra Bravo, se estaría marcando el comienzo del fin para la administración de Petro, pues él como alcalde y cabeza de la ciudad, podría terminar inhabilitado y retirado de su cargo.

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