Las paradojas de la guerra

Gonzalo Correa perdió una mano por una mina, cuando era soldado. Trabaja en Indumil desde hace 10 años. /Cristian Garavito

Mucho se ha hablado del conflicto armado en Colombia y aún surgen preguntas como quién o en dónde se hacen las armas o si la inversión del Estado en la guerra podría reducirse en un posible acuerdo de paz y trasladarse a otros sectores, como la educación y la salud. Lo sorprendente es que detrás de esas dudas muchas veces se esconden paradojas. En el municipio de Soacha (Cundinamarca) se encuentra una de las cuatro sedes de Indumil, empresa adscrita al Ministerio de Defensa que se encarga de ensamblar fusiles, pistolas y municiones para las fuerzas militares, las compañías de vigilancia y otros clientes en el exterior, como Israel. En esta fábrica, llamada José María Córdova, trabajan mujeres cabezas de hogar y soldados heridos en combate, víctimas del conflicto.

Basta recorrer los talleres de ensamblaje o mecanización de esta compañía para darse cuenta de que algunos de los que manejan las grandes máquinas que producen las 108 piezas de cada fusil son hombres, que en sus extremidades tienen prótesis, y mujeres muy jóvenes, que deben luchar para mantener sus hogares. En el taller de mecanización está muy concentrado Gonzalo Correa, un señor de 46 años, que a los 25 perdió el brazo derecho por culpa de una mina antipersonal. Era soldado profesional y estaba en Arauca cuando sucedió lo que él llama un “imprevisto”, del que no culpa ni al Estado ni a la guerrilla.

Después de su tragedia en 1993, en Saravena (Arauca), intentó empezar una nueva vida, pero las puertas se le cerraban. Gracias a la Fundación Matamoros, que ayuda a las víctimas de la guerra a continuar con su vida, Gonzalo fue a parar a Indumil donde trabaja desde hace 10 años. Mientras empuja una máquina dice que no tiene ningún remordimiento por lo que le pasó y que agradece esta oportunidad, porque se siente útil. Cuando le preguntan si no lo impresiona que aquellos que hacen las armas en Colombia fueron víctimas de estos artefactos, responde que no hay que darle trascendencia, porque en la guerra todo se vale y como hay heridos en este lado, también los hay en los grupos al margen de la ley.

“Muchos se sorprenderán y dirán ‘este tipo cómo trabaja fabricando cosas que algún día casi lo matan’, pero esta es una oportunidad y tampoco me puedo quedar en el pasado. Pensamos que las armas son necesarias para defendernos en esta guerra. Si no existieran, ¿con qué se defendería el Estado? Lastimosamente, está el crimen, y mientras exista habrá armas y explosivos”, dice. Sin embargo, este hombre de pelo oscuro y bigote agrega que no le importaría perder su trabajo si hoy se acabara la guerra. Reza para que los diálogos de paz funcionen y sueña con que la plata que se utiliza para comprar las armas que él fabrica se destine a la educación.

Como él, son 80 los empleados de esta fábrica que llevan las secuelas de la guerra en su cuerpo por culpa de minas, fusiles y bombas. Según el coronel (r) Juan Manuel Padilla, gerente de Indumil, el convenio con la Fundación Matamoros comenzó en 2008. El objetivo es resarcir a los soldados y las familias que han sido víctimas del conflicto y que no han podido reinsertarse en la sociedad civil fácilmente. Para Padilla, tal vez muchos crean que el ejercicio de contratar estas personas resulte contradictorio, pero esto se trata de corresponder a la lealtad de las víctimas.

Sin embargo, advierte que no todos se dedican a la fabricación de fusiles o municiones. Hay otros productos que no tienen nada que ver con esto, como los industriales. Ante las preguntas sobre qué pasaría si hay un acuerdo con las Farc, el coronel responde que la producción no se vería tan afectada, pues en primer lugar las Fuerzas Militares y la Policía tendrían que cambiar su enfoque de seguridad ciudadana, mas no dejarlo morir. Agrega, la guerra no es un negocio para ellos, pues de su producción sólo el 17% son armas.

No todos piensan lo mismo. Alexánder Perdomo, otro soldado profesional que trabaja en Indumil, quien perdió su ojo derecho y su oído izquierdo después de que un compañero pisara una mina en Caquetá, cree que los $90.000 millones que el Estado le pagó el año pasado a esta compañía para la fabricación de armas pueden disminuir y pasar al sector de la salud, que hoy merece tantas reformas. Si bien Alexánder está agradecido con la empresa, porque aquí ha conseguido trabajo y estudio, sigue pensando que esta guerra es absurda. Hace unas semanas celebró la decisión de las Farc de dar las coordenadas para que los militares desactiven algunas minas antipersonal. “Si hubiera pasado antes nos habríamos podido ahorrar tanto dolor, tantas víctimas”, expresa.

Este joven oriundo de Neiva (Huila), dice que, aunque rechace la guerra, trabaja muy duro para que las armas que utilicen sus compañeros no queden con falla. Sabe lo qué es estar en la selva y depender de una sola herramienta. “Entiendo que mi posición confunda a los demás. A mí a veces me trae conflictos internos, pero es que la guerra no se ha acabado. Y mientras eso siga, yo intentaré hacer lo mejor para que ellos tengan con qué defenderse, para que no les pase lo mismo que a mí”.

Mejorar el entorno

Como si fuera poco, también resulta paradójico que el municipio donde se fabrican las armas sea el que más desplazados de la violencia recibe en el país. Soacha hoy alberga alrededor de 40.000 víctimas del conflicto en su territorio. Por eso Indumil decidió contratar madres cabezas de hogar que viven en la región. Algunas perdieron sus familiares por culpa de la guerra.

Una de esas trabajadoras es Francy Liliana Mora, de 24 años, madre de una pequeña de ocho años. Labora de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. con tres máquinas fresadoras. A diferencia de los soldados, no siente ninguna afinidad con esta área y dice que siente algo extraño cuando hace las piezas, porque es consciente de que lo más probable es que el arma que ella construye pueda herir a alguien. Ve el trabajo como transitorio, pues su objetivo a corto plazo es acabar la universidad. No le gusta la violencia y tampoco le cuenta a muchas personas en qué trabaja. Ni siquiera su hija lo sabe. Advierte que no es fácil entender su decisión, sin embargo reconoce que tampoco le importa que los demás lo hagan: “La mía es sólo una de las tantas circunstancias del conflicto que parecen chocar todo el tiempo. Es el costo de la guerra: nos toca estar a todos en ella, así no lo queramos. Ojalá se haga la paz. Ojalá haya una nueva oportunidad para todos lejos de esta violencia. Ojalá tanto mis compañeros como yo podamos fabricar otras cosas, con los mismos materiales, con las mismas máquinas”.

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