La crisis entre el Gobierno Nacional y la administración del alcalde Gustavo Petro se ha incrementado en las últimas horas por cuenta de la recolección de basuras en Bogotá. La tensión comenzó este miércoles cuando la alta consejera presidencial Gina Parody advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio podría intervenir a la empresa de Acueducto si no se presta un adecuado servicio de aseo a partir del 18 de diciembre. Ver declaraciones de Gina Parody.
Luego de las declaraciones de Parody se desató un fuerte malestar entre el Distrito y la Nación, pues en horas de la tarde de este miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio hizo presencia en el Acueducto para solicitar información al respecto. Fue en ese momento cuando el alcalde Gustavo Petro instaló su despacho en la entidad pública para rechazar el accionar del Gobierno Nacional.
Este jueves, Parody habló de lo sucedido y le dijo a Petro que rechaza los “insultos” al presidente Juan Manuel Santos. “Rechazamos enfáticamente las acusaciones sin fundamento, los insultos y el irrespeto al señor presidente de la República”.
La alta funcionaria también le dijo al alcalde Mayor que “nadie lo está persiguiendo”.
“No nos vamos a enfrascar en una pelea que solo puede afectar negativamente a los ciudadanos. Invitamos al alcalde, a todos los funcionarios del Distrito a que trabajemos respetando nuestras diferencias”, agregó.
Parody, que no contestó preguntas durante la rueda de prensa, señaló que el Gobierno ha demostrado que tiene plena disposición para trabajar con el Distrito. “Nos gustaría que el alcalde demuestre mayor cooperación para concretar la ejecución de los proyectos sin amenazas y sin chantaje”.
Subrayó que el Gobierno Nacional vela y seguirá velando por los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en la capital. “Las empresas públicas y privadas de Bogotá, al igual que las de todo el país, están sometidas a la Constitución y a la ley. Ninguna empresa del país está exenta de la supervisión de la Superintendencia, mucho menos si esta empresa es pública”.
Finalmente, dijo que confía en que el Distrito haya tomado las medidas necesarias para poner en marcha su idea de recolección de basuras y que no se afecte la prestación del servicio a partir del próximo 18 de diciembre. “Esta posición responsable, que obedece a un mandato legal y que no es caprichosa, fue recibida por parte de la Alcaldía con declaraciones temerarias que faltan a la verdad”.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la averiguación preliminar por el caso de la decisión del alcalde Gustavo Petro se abrió hace un mes, a través de un comunicado de prensa señaló que “se han hecho visitas a los cuatro operadores (Aseo Capital, LIME, Ciudad Limpia y Atesa), a la UAESP y al Acueducto”.
De acuerdo a la Superindustria, los funcionarios de la entidad que hicieron la visita al Acueducto reportaron que se obstruyó el acceso a la información. “La SIC les ha advertido que la gravedad de obstruir la recolección de información y práctica de pruebas para cada funcionario podría ser de hasta con 1.200 millones de pesos y de 60.000 millones de pesos para la empresa”.