Parqueaderos de El Campín vuelven a manos del Distrito

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Los parqueaderos sur y norte del Estadio El Campín estuvieron por 23 años en manos de un particular. Este jueves, el gobierno distrital recuperó el espacio y anunció que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte será la entidad encargada de administrarlo.

El litigio que parecía eterno fue resuelto este jueves y tres semanas después de que el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, anunciara que el parqueadero sería restituido, la promesa se volvió realidad. En horas de la mañana, mediante un operativo conjunto entre 12 entidades, fueron recuperados más de 21.000 metros cuadrados que habían pasado más de un cuarto de siglo en pujas legales, demoras administrativas, negociaciones fracasadas y hasta errores del Distrito.

Según confirmó el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, el lugar fue restituido al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que será el encargado de operarlo y definir qué inversiones necesita el lugar. "Será el IDRD quien administre y controle estos parqueaderos.Además, junto a la Alcaldía Mayor y la Secretaría Jurídica deben estimar los recursos dejados de recibir en este periodo, para adelantar los procedimientos y adelantar las acciones jurídicas pertinenetes".

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El asunto data de 1992, fecha en que el IDRD le arrendó el estacionamiento a un privado, la ciudad ha dejado de recibir unos $14.000 millones que difícilmente podrá recuperar.  Estos estacionamientos son unos de los más rentables de la ciudad. En un día cualquiera que se dispute un partido de fútbol en el estadio, se parquean mínimo 2.500 vehículos (la capacidad de los estacionamientos), a un valor de $12.000. En total, el recaudo en un solo día alcanza los $30 millones.

Desde el Concejo de Bogotá se celebró la decisión, el cabildante Julio César Acosta (Cambio Radical), afirmó “¡Día de celebración en Bogotá! El Distrito realiza operativo de recuperación de los parqueaderos del Estadio El Campín, después de 23 años. No me cansaré de denunciar la ocupación ilegal del espacio público”.

¿Quién era el que administraba el parqueadero?

Sin embargo, Moreno Ramos no sólo los usó como estacionamiento. También instaló sin autorización caseta con publicidad, venta de comestibles, vallas, avisos, carpas, mesas, sillas y andamios, y descuidó las instalaciones. Esto llevó al Distrito a terminarle el contrato en octubre de 1994.

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El contratista adelantó una estrategia para no dejarse sacar. Primero pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anulara la resolución que ponía fin al contrato. Por el otro, presentó una tutela alegando violación al debido proceso, con la que logró que un juez le ordenara al Distrito abstenerse de expulsarlo hasta que el Tribunal tomara una decisión.

El contrato se venció en 1997, pero la Alcaldía tuvo que esperar hasta mayo de 1998, cuando el Tribunal rechazó las pretensiones de Moreno Ramos y ratificó la terminación del contrato. Sin embargo, él apeló y su caso llegó al Consejo de Estado, donde permaneció casi una década, tiempo que aprovechó para cederle el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca, quien al tiempo libraba otros pleitos contra el Distrito, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento de una zona verde del parque El Salitre (que el Consejo de Estado declaró ilegal) y por el incumplimiento del contrato de explotación de puestos de comidas en el Coliseo El Campín.

En noviembre de 2011, el Consejo de Estado avaló la terminación del contrato. Habían pasado 17 años y todo parecía listo para que el Distrito retomara el control de los parqueaderos. Sin embargo, cometieron un error: para no presentar una querella de restitución de bien de uso público, acordaron con Acero Salamanca la entrega voluntaria para el 28 de febrero de 2012.

Cuando se cumplió el plazo, sorpresivamente Acero dijo que antes de entregar era necesaria una conciliación ante la Procuraduría, ya que “existían obligaciones entre las partes que se debían negociar”. Su petición era una indemnización de $900 millones, por haber administrado los inmuebles y por gastos como sueldos, auxilio de transporte, aportes parafiscales, asesorías, mantenimiento, reparaciones, entre otras cosas.

Tras el fracaso de la negociación, el Distrito al fin radicó en junio de 2012 la querella de restitución ante la Alcaldía de Teusaquillo, que en noviembre de ese año ordenó a Acero Salamanca devolver los parqueaderos. La decisión fue apelada y el expediente llegó en febrero de 2014 al Consejo de Justicia de Bogotá, que en julio de 2015 revocó la orden de restitución, al encontrar errores en el proceso, los que debía corregir la Alcaldía de Teusaquillo.

Sin embargo, ese despacho, en vez de acatar la directriz, archivó el caso y pidió al Distrito radicar una nueva querella. En esa oportunidad la que apeló fue la Alcaldía Mayor y el proceso lo asumió la alcaldía local de Los Mártires. De haber cumplido el pago de $30 millones el primer período y hubiera aumentado el canon 20 % cada año, en todo este tiempo el Distrito hubiera recibido casi $14.000 millones. 

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