:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/8Zqfjf4D-dQhcygPm0MHH5h-EOM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/UOIQLKTGXJFG3GBYTJOGQKV5PY.jpg)
Todos pensaron que la incautación, el lunes pasado, de las 40 especies marinas que albergaban las peceras del centro comercial Atlantis Plaza había sido una victoria de los movimientos animalistas. Días después, sin embargo, surgieron muchas dudas a partir de este acontecimiento, sobre todo para quienes visibilizaron la situación. Temen que la cura sea peor que la enfermedad.
La historia comenzó con una denuncia de Camilo Prieto, integrante del Movimiento Ambientalista Colombiano, quien en su cuenta de Twitter alertó a las autoridades distritales por el estado de un tiburón bambú que se encontraba encerrado en un pequeño recipiente. (Lea: Incautan 40 animales marinos en Atlantis Plaza, al norte de Bogotá)
La Secretaría de Ambiente, la Alcaldía de Chapinero y la Gerencia de Protección Animal del Distrito realizaron un operativo en el centro comercial, ubicado en el norte de Bogotá. Las autoridades no encontraron el tiburón, pero sí 40 animales que incautaron. El argumento: tenencia ilegal y exhibición de fauna silvestre.
La Secretaría anunció que llevaría los animales al Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, ubicado en Engativá, donde, según un comunicado, “veterinarios, biólogos y zootecnistas implementarán los protocolos pertinentes para determinar las condiciones de ingreso”.
Pero una fuente que ha seguido el caso de cerca le manifestó a este diario su preocupación, pues al parecer algunos animales habrían muerto en el lugar, debido a que ese espacio no está adecuado para mantener especies marinas: “El pez payaso y la estrella de mar son sensibles al cambio. En el resguardo de Engativá no se cuenta con equipos especializados en animales marinos. Hay muchos animales que están muertos”.
El desasosiego aumentó después de que Prieto solicitara ante la Secretaría de Ambiente un informe sobre el estado de los animales y la respuesta fuera un silencio rotundo. Este diario también intentó comunicarse con la Secretaría, cuya respuesta fue que no darán información porque podría afectarse la investigación. Ni siquiera accedieron a confirmar si los animales están vivos. Al cierre de esta edición, la Policía Ambiental no había respondido las inquietudes de este diario.
El ambientalista insiste: “¿Por qué no nos quieren dar información? Si les estamos ofreciendo nuestra ayuda como organización, ¿por qué no la toman? No queremos descargar la responsabilidad en las autoridades porque nos interesa preservar la vida de los animales, aprovechando el marco legal vigente. Ya redactamos un derecho de petición para conocer su situación”.
Lo cierto es que han quedado al descubierto tres preocupaciones. La primera, el vacío jurídico sobre la tenencia de especies marinas y de invertebrados. “No hay ninguna norma que nos hable de estrellas de mar, por ejemplo”, advierte Prieto. Y eso es muy grave, si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países que más exporta peces ornamentales.
Segundo, surge una incógnita sobre qué sucede con los animales en un proceso de incautación en la capital del país. Después de que alguno es incautado, lo llevan al Centro de Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. Aunque el Distrito ha avanzado en el cuidado de los animales terrestres, aún le falta aprender más sobre el manejo de especies marinas. “A un pez no lo deben sacar del agua en bolsas y luego meterlo en una bolsa negra. Eso tiene un procedimiento específico para no maltratarlo. Sólo con ver las imágenes de la incautación en Atlantis, uno se da cuenta de que no están preparados”, asegura Andrés Matiz, investigador de la Fundación Leucas, dedicada a la protección de fauna acuática.
Le inquieta el cuidado en estos centros, pues los animales marinos necesitan una temperatura que oscile entre los 20 y 25 grados centígrados, un PH específico y control de la calidad del agua. La Secretaría de Ambiente tampoco respondió si cuenta con equipos que ofrezcan esas condiciones. El pez payaso, uno de los incautados, debe vivir dentro de la anémona. Si no, su vida corre riesgo.
La posible muerte de todos o algunos de los animales incautados esta semana, agrega Prieto, podría desestimular las denuncias sobre su tráfico ilegal. “Necesitamos que las autoridades lo combatan. Nos gustaría que visitaran la plaza del Restrepo, la avenida Caracas e, incluso, la plaza de mercado de Girardot, de donde recibimos múltiples denuncias, y dejen de perseguir a los acuaristas que sí cuidan a los animales”.
La tercera inquietud es la falta de control del tráfico de animales marinos que llegan desde las costas, sobre todo la Caribe, hasta las ciudades. Además de la urgencia de controles, Juan Manuel Díaz, gerente de ciencias de la organización Marviva, considera necesarias más campañas que les enseñen a los ciudadanos que la fauna silvestre no puede tenerse en casa sin autorización: “No debemos satanizar los acuarios porque tienen una función didáctica y educativa. Lo que debemos rechazar es el comercio ilegal, sobre todo de los animales acuáticos, porque aún hay mucha ignorancia”.
La resolución 2055 de 2011, que expidió la Secretaría de Ambiente con el fin de establecer “los procedimientos para la disposición final de productos provenientes de especímenes de fauna silvestre”, establece que, en caso de que los animales mueran, deben ser incinerados o disecados.