La pelea por la Zona G

La Zona G se ha convertido en el epicentro del conflicto entre la Alcaldía local de Chapinero y los habitantes del sector. Mientras la administración pretende hacer una intervención urbana, que incluye adoquinar las calles 69A y 70 e instalar bolardos electrónicos, los vecinos no aceptan el proyecto porque “no quieren una zona rosa cerca a sus casas” que les genere más problemas de ruido, basuras o invasión del espacio público.

 

¿Qué tiene la Zona G para generar semejante enfrentamiento? El lugar es uno de los más exclusivos de Chapinero (de la calle 62 a la 72, entre las carreras 4ª y 7ª) y se ha vuelto un referente gastronómico, en especial para turistas. Allí el metro cuadrado puede costar entre $10 millones y $12 millones y hasta $20 millones en el caso de locales comerciales. De ahí que el proyecto que contempla la peatonalización de un par de calles genere resistencia entre los vecinos ante el aumento del flujo de peatones o la llegada de vendedores ambulantes, por ejemplo.

 

Algo que ha molestado a los residentes es que el alcalde local, Mauricio Jaramillo, diga que allí no se impondrá una peatonalización sino que será una intervención integral para renovar el espacio y mejorar la calidad de vida de la gente. El enfado se debe a que el proyecto incluye adoquinar las calles 69A y 70 entre carreras 5ª y 7ª e instalar bolardos electrónicos. De manera que en la práctica sí habría peatonalización.

 

Jaramillo explica que se trata de intervenir el área con sillas, iluminación y antejardines, para que, en la medida en que las condiciones mejoren, puedan “tener espacio público y peatonalización a futuro. Pero no lo impondremos. Hay un temor válido de la gente y no puedo desconocerlo”.

 

Generalmente las peatonalizaciones se hacen en calles comerciales, precisamente para tener un buen flujo peatonal y favorecer las ventas. En la Zona G hay una mezcla residencial y de comercio, y el problema para los residentes sería que los restaurantes se convirtieran en bares o discotecas. “Muchas veces detrás de un restaurante elegante hay un sitio al que le meten la rumba en la noche y no lo insonorizan. Así que tienen razón al preocuparse por que el sector se vuelva como la Zona Rosa. Pero ahí el problema no es peatonalizar, sino el control de estos lugares”, explica Óscar Borrero, consultor en temas urbanos y experto en asuntos de finca raíz. Otro punto, agrega Borrero, es que en Bogotá no hay buenos ejemplos de peatonalización con elementos adecuados en espacio público, aceras, sillas para sentarse, iluminación y seguridad.

 

Camilo Reales, uno de los vecinos que se han opuesto al proyecto en la Zona G, asegura que los vecinos no están en contra de la peatonalización sino de la forma como se ha planeado en su sector. Desde el comienzo él y otros residentes han señalado que sólo beneficiaría a los dueños de los restaurantes y recientemente se han enfocado en lo costosa que la consideran. Dicen que la intervención por metro cuadrado valdría más que la que se hace hoy en la carrera 7ª y que requeriría más del 70% del presupuesto para arreglar vías en Chapinero.

 

El alcalde dice que los $4.300 millones que se invertirán en todo el proyecto se fijaron de acuerdo a la cartilla de precios que el Instituto de Desarrollo Urbano tiene para estos casos. Mientras Jaramillo continúa con el proceso para la licitación de la obra y aspira adjudicarla el 5 de agosto, los vecinos esperan el fallo sobre la acción popular que presentaron contra el proyecto. Será un juez quien resuelva este asunto en el que un consenso parece difícil.