:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/QjU9dSShn0ES1rrvnnmy8s2_bR8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/V5RYSUBKAVBBJEONY6GIPTRCF4.jpg)
Es natural que un proyecto de 153 artículos y de tanta importancia para el futuro de Bogotá como el Plan de Desarrollo genere más de una inquietud. Lo que llama la atención es que el documento que el alcalde Enrique Peñalosa le presentó al Concejo hace apenas una semana haya suscitado un coro de dudas desde los partidos de la coalición que lo apoya. Voces que creen que el mandatario está pidiendo facultades para tomar decisiones sobre asuntos que deberían discutirse aparte y con más tiempo. Consideran que de ceder en todo lo que pide, perderían el poder para debatir propuestas claves de esta administración.
Las palabras usadas son fuertes. El concejal liberal Horacio José Serpa califica las solicitudes como pretenciosas, pues, a su parecer, buscan “que la administración tenga vía libre para hacer lo que le parezca”. Su copartidaria María Victoria Vargas dice, con ironía, que el Plan debería contener un artículo adicional que diga: “Facúltese al alcalde para suprimir el Concejo”, si se tiene en cuenta que las facultades que requiere Peñalosa le permitirían hacer reformas administrativas, implementar peajes urbanos en sitios no especificados, vender empresas y otros temas en los que el Concejo suele dar extensos debates.
Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, complementa: “La primera parte del proyecto parece, no una solicitud de un cheque en blanco, sino de toda una chequera”. Rolando González, de Cambio Radical (partido que avaló a Peñalosa) concluye que no se convertirán en un comité de aplausos por el mero hecho de integrar la coalición de gobierno, y pide, ante todo, sustento técnico para las propuestas más polémicas del Plan.
Lo que preocupa
González enumera las iniciativas que, en su concepto, deberían pasar por la Comisión de Hacienda del Concejo como proyectos independientes y no deberían estar incluidos en el Plan de Desarrollo: la venta de las acciones del Distrito en la ETB, la utilización de vigencias futuras, la incorporación al presupuesto de recursos adicionales, las facultades para definir los beneficiarios de subsidios ya fijados por el Concejo y la venta de las acciones de Transmilenio en la Empresa Férrea Regional (encargada del tren de cercanías). El concejal critica, además, que no son propuestas bien sustentadas.
Serpa agrega a esa lista las facultades que pide el alcalde para crear peajes urbanos y fusionar o vender la EPS Capital Salud, que requieren debates más reposados. “Lo de los peajes no tiene un solo estudio y no nos dicen dónde van a quedar; sobre los subsidios, no nos dicen a cuáles se refieren; de la ETB no nos han entregado estudios financieros”, precisa.
La concejal Vargas (Liberal) y Emel Rojas (movimiento Libres) advirtieron ayer, durante la primera discusión del Plan en el Concejo, que otra inquietud surge alrededor de la solicitud del mandatario para hacer reformas administrativas: no especifica en qué entidades ni las razones para hacerlas.
Sanguino, de la Alianza Verde, manifiesta prevenciones similares y añade: “Esta corporación le ha aprobado casi todo al alcalde, pero eso no puede significar que perdamos competencias. Sé que la administración quiere celeridad y cada proyecto retrasa su despegue, pero no renunciaremos a la tarea de debatir temas claves de cara a la ciudadanía”.
Las críticas apuntan, así, en dos direcciones: por un lado, algunos concejales creen que aprobar tantas facultades va contra el Estatuto Orgánico de Bogotá, el marco legal bajo el que deben trabajar. Por otro, prevén que perderán margen de acción política, pues es cierto que si muchos de esos artículos pasan, la Alcaldía se ahorraría la presentación de esas propuestas como proyectos de acuerdo independientes. ¿Aprobar el Plan como está les quita poder a algunos concejales para “negociar” su apoyo a la administración? Sanguino responde que, aunque en otras ocasiones ha habido una actitud extorsiva del Concejo frente a los gobiernos, no se puede eliminar la posibilidad de debatir en profundidad proyectos de trascendencia.
Diego Molano, vocero del Centro Democrático, opina, al contrario, que las facultades son necesarias porque “entre más tiempo dure la discusión, más se retrasa la ejecución”. En cuanto a los peros, dice que se debería tener más claridad sobre las fuentes de financiación para cumplir un Plan que cuesta $89 billones.
Es difícil, por el momento, hablar de fisuras en la coalición de gobierno. Mientras el concejal Serpa considera que “estas son alertas tempranas”, González, de Cambio Radical, confía en que les presentarán los estudios para votar bien informados. El tiempo es un factor en contra: el Plan debe ser votado este mes. El gobierno ya conoce las primeras impresiones y comienza a estudiar en qué cede.