A pesar de las denuncias que hizo la Personería de Bogotá acerca de la grave situación de hacinamiento que se vive en las diferentes Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la capital, en las que se advierten penosas condiciones que atentan contra la dignidad humana de los retenidos, el ente de control dijo que la Administración Distrital parece no contemplar como prioridad la solución de esta situación, “a sabiendas de que le corresponde asumir la responsabilidad como agente generador de la crisis, derivada de los problemas de inseguridad que padece la capital”.
El organismo de control asegura que durante lo corrido del año la Administración Distrital y el Inpec han discutido los términos de un convenio interadministrativo que tiene como propósito fundamental que la Cárcel Distrital apoye con la recepción de 300 internos de La Modelo, lo cual aliviaría la muy compleja escasez de cupos carcelarios.
“Sin embargo, discusiones sobre los costos que demanda la manutención de internos y la definición de perfiles de los reclusos que recibiría la institución carcelaria han impedido que se materialice este apoyo que resulta importante en estos momentos de profunda crisis carcelaria, sin que se advierta una debida diligencia y gestión por parte de los diferentes funcionarios de la Administración”, señala la Personería.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Seccional de Bogotá y la Dirección de las Unidades de Reacción Inmediata, solicitó desde la semana anterior al director de la Cárcel Distrital el apoyo urgente en la recepción de cuarenta retenidos en las URI de la ciudad, para lo cual le suministró un listado de 166 personas con el fin de estudiar sus perfiles y tomar la decisión. No obstante la urgencia que demanda la crisis evidenciada, a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la Cárcel Distrital”, puntualizó.
La Personería indicó que la conducta de los funcionarios públicos responsables de facilitar ágiles y oportunos espacios de solución, “no se compadece con la degradante condición de indignidad que viven las personas retenidas, razón por la se iniciarán las correspondientes diligencias disciplinarias para establecer la posible responsabilidad en la conducta de los servidores públicos”.