Personería Distrital destituyó a alcaldesa de Fontibón

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En un fallo de primera instancia, la Personería de Bogotá inhabilitó y destituyó por 12 años a la alcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya, por irregularidades en un proceso de contratación de malla vial, en el que se invirtieron $9.594 millones.

De acuerdo con el ente de control, Bocanegra Olaya abrió el 29 de noviembre de 2016 un proceso para adjudicar una obra de malla vial, en la que se incluyó un formulario que no correspondía. Aunque intentó solucionar el error, terminó por revocar la apertura de la licitación, por lo que terminó suscribiendo un contrato directo con Fonade. 

Aunque, en un principio en la licitación las obras estaban previstas por $8.119 millones, el contrato directo se firmó "por $9.594 millones, incluido el pago de una cuota de gerencia del 10% correspondiente a $954 millones, sin que en los estudios previos se hiciera el análisis de la necesidad y conveniencia de contratar una gerencia del proyecto", informó la Personería Distrital.

Sumado a esto, el ente de control manifestó que la funcionaria intentó dilatar el proceso investigativo. Primero, no asistió a la audiencia para presentar descargos que se programó para el 11 de enero de este año, ni lo hizo en otras 14 ocasiones que fue llamada. En ocho de estas aseguró que no fue por incapacidad médica, pero en dos de estas no presentó certificación. 

La mandataria fue citada a audiencia para presentar descargos el 11 de enero de 2018, pero no asistió. A lo largo del presente año se necesitaron 31 citaciones hasta el 11 de diciembre para continuar con el proceso disciplinario verbal. Frente a esto, el ente de control pudo determinar con la Secretaría de Gobierno que no presentó ante dicho ente incapacidades médicas durante las audiencia e incluso ciudadanos informaron que la mandataria se presentó en dos eventos que coincidieron con dos citaciones. 

Asimismo, durante el proceso Bocanegra Olaya tuvo cinco abogados y presentó cuatro solicitudes de nulidad, una recusación y una acción de tutela para frenar el proceso en la Personería. Ante esto, el ente de control envió copias a la Fiscalía para que inicie una investigación disciplinaria, al intentar dilatar el proceso.