Este lunes, con motivo del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, la Personería de Bogotá anunció que los funcionarios que no apliquen o no cumplan la Ley de Víctimas serán investigados, pues no podrán delegar la responsabilidad en contratistas que eventualmente se vinculen a estos proyectos en la parte operativa, por lo que “se será muy exigente en las responsabilidades que se deriven en la supervisión y vigilancia de los contratos por los cuales se vinculan a operadores en el sistema de atención a víctimas”, dijo el personero de Bogotá, Ricardo María Cañón.
Cañón le solicitó a la Administración Distrital un mayor compromiso y el ajuste definitivo de las políticas que sobre la materia se han aplicado en la ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte operativa de la responsabilidad y corresponsabilidad de cada uno sobre la aplicación de la ley.
El llamado se hace para que las Unidades de Atención y Orientación para la población desplazada (UAOs) cumplan con las directrices sobre la aplicación de políticas para la atención de comunidad en estado de vulnerabilidad.
Luego de visita hecha por funcionarios de la Personería Delegada para los Derechos Humanos a las UAOs, se evidenciaron situaciones que afectan el servicio.
Otros hallazgos
Desconocimiento generalizado por parte de los funcionarios de la administración distrital frente a la aplicación de la Ley de Víctimas; “es reiterativa la inadecuada orientación frente a la ruta de atención y aplicación de la ley de víctimas del conflicto, con lo que se contribuye a la revictimización de las personas”.No existen directrices claras y comunes para la atención a víctimas por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital.
El desprendible del formato único de declaración diseñado por el Departamento para la Prosperidad Social, para la solicitud de inscripción en el registro único de víctimas entregado por parte del Ministerio Público como constancia de la recepción del relato de la víctima, está generando confusión y resulta ineficaz para la entrega de ayudas de emergencia, atención en salud o cupo en albergue a dicha población.
Se desconoce la condición de vulnerabilidad de las víctimas tanto a nivel personal, económico y familiar, en la medida en que se suministra información errónea.
Es insuficiente el personal designado por la Secretaría de Gobierno para atender la alta demanda de atención a población víctima del conflicto armado.
No existe atención sicológica permanente en la UAO, lo que deja en evidencia la falta de atención integral y apoyo post trauma a esta población, por parte del distrito.
No existe aviso publicitario donde se identifique que en dichos lugares está ubicada una Unidad de Atención y Orientación para la población desplazada (UAO).
En las unidades de atención no funcionan las ludotecas, generando la desatención con prioridad a los niños víctimas del conflicto.