:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/j420wfOBUM8fh50ekaePSo7wijg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/OB4HGZG6BZBBRNSQAPI7HLX5IE.jpg)
Sin secretario de gobierno, con las mayorías del Concejo en su contra y la presión del tiempo que pasa para poner a marchar importantes proyectos e iniciativas que debe dejar su administración, el alcalde Gustavo Petro tuvo este jueves un día intenso para aumentar un capital político que le permita mayor gobernabilidad.
El alcalde enfrenta en la actualidad el reto de transformar el esquema de cobros por valorización para financiar las grandes obras de movilidad de la ciudad, que instauró el Acuerdo 180 de 2005 y que tanto malestar ha causado entre los bogotanos. De la mano, necesita que el Concejo le apruebe un cupo de endeudamiento por $4.3 billones, con el cual, no solo financiaría buena parte de las obras contempladas por el cobro de valorización sino que pondría a marchar la construcción de dos metrocables en las zonas deprimidas y encumbradas del sur de la ciudad, la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá y parte de las obras de la primera línea del metro.
No la tiene fácil, el alcalde, y lo sabe. A excepción del Plan de Desarrollo, son mínimas las iniciativas que le ha aprobado el Cabildo durante estos 14 meses de administración. De hecho, ya en una ocasión, la coalición opositora le frenó al alcalde la aspiración del endeudamiento, aduciendo, como se ha vuelto norma en el discurso de cabildantes del partido de La U, Cambio Radical o Liberal, que los proyectos del burgomaestre carecen de criterios técnicos, por lo que no hay la certeza de aprobar el endeudamiento sea echar recursos en saco rato.
Las dificultades, sin embargo, no se detienen ahí. El alcalde Petro necesita al Concejo para aprobar y darle legitimidad a la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, que presentará su administración el 2 de mayo. Es a través de esta modificación excepcional del POT –modificado, por última vez, por la administración de Antanas Mockus en 2003- que Petro logrará darle un marco jurídico a su visión de ciudad: frenar la construcción de viviendas en las rondas del río Bogotá y los humedales, densificar poblacionalmente el centro de la ciudad con los bogotanos de más escasos recursos y dotar de infraestructura, equipamientos y servicios a buena parte de los cinturones urbanos deprimidos, donde viven unas cinco millones de personas, según cálculos de la Secretaría Distrital de Planeación.
Aunque el alcalde sabe que puede aprobar la modificación excepcional por decreto –de hecho, tanto el POT en el año 2000 como la modificación excepcional de 2003 naufragaron en el Concejo y terminaron siendo decretados por Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, respectivamente- el hecho de que su apuesta busque transformar el modelo de ciudad peñalosista implica la necesidad de que esté cargado de legitimidad y consenso. Y en eso se la pasará durante los próximos tres meses (tiempo que demorará la discusión del POT en el Concejo de la ciudad).
La administración enfrenta todo esto con un problema adicional. No tiene secretario de Gobierno (la figura en el gabinete con el carácter y el poder para conducir las difíciles negociaciones que se tienen en el Cabildo). Guillermo Asprilla fue destituido e inhabilitado a principios de abril por la Procuraduría General, por haber olvidado ceder un poder de representación en el pleito judicial de las víctimas del desastre de Doña Juana en 1997 contra el Distrito.
Sin Secretario de Gobierno a la vista, el alcalde ha tenido que apelar a nuevas estrategias. Desde el fin de semana, ha alimentado la indignación ciudadana por el escándalo del carrusel de la contratación, moviendo por redes sociales el informe de la Revista Semana que le recordó a los bogotanos que una tercera parte del Cabildo está haciendo investigada por sus presuntos vínculos con los contratistas que se robaron el Distrito durante la administración de Samuel Moreno.
Pero este jueves, el alcalde llevó la estrategia a un segundo nivel. Por un lado, le pidió al presidente Juan Manuel Santos que intercediera ante los partidos de la Unidad Nacional –mayoritaria en el gobierno nacional y opositora en el Concejo Distrital- para que se aprobara el cupo de endeudamiento.
“Tenemos la capacidad de endeudamiento, esos capitales pueden llegar ya, solucionarían problemas de movilidad, son obras estratégicas, es el acumulado de 20 ó 30 años de pensar la movilidad en esta ciudad, sólo falta que los partidos que llaman de la Unidad Nacional voten en el Concejo el proyecto y podríamos ayudar, quizás sería la mayor ayuda para la reactivación económica del país a partir de las obras públicas" aseguró el mandatario local.
Pero eso no es todo. Simultáneamente, el alcalde le envió una misiva a las directivas del Partido Verde, aceptando la conformación de una mesa de diálogo distrital, a través de la cual se debatan temas de la ciudad como la política ambiental, las modificaciones a la valorización, la modificación del POT, el cupo de endeudamiento y la política de infancia, tal como se lo propusieran los verdes al alcalde el pasado 10 de mayo.
Así las cosas, falta ver si tanto la Unidad Nacional como la Administración Distrital, logran encontrar centros de diálogo, que destraben la tensión y polarización política y administrativa de la ciudad y permita que la ciudad siga su rumbo. Esto, en medio del avance de la iniciativa para revocarle el mandato al alcalde, y que según anunció su promotor, el representante del partido de La U, Miguel Gómez, duplicó el número de firmas requeridas.