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Este martes se conoció que la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio un plazo de seis meses a la Alcaldía de Bogotá para que implemente un nuevo modelo esquema para la recolección de basuras el cual respete el régimen de libre competencia. Sin embargo, el alcalde Gustavo Petro aseguró que el auto 587 expedido por la Corte Constitucional, de 18 de diciembre, no ordena un desmonte del actual esquema, sino que, por el contrario, reconoce la labor del programa Basura Cero en el manejo de residuos sólidos en la capital.
El auto afirma que era necesario que el Distrito decidiera sobre la operación de la recolección de basuras hasta que la Comisión Reguladora de Aguas (CRA) emitiera una nueva fórmula tarifaria, que incluyera la remuneración de los recicladores. “Durante cuatro años, porque el auto 275 es del 2011, no había sido expedida la fórmula tarifaria por la CRA. A través de nuestro decreto construimos un modelo de transición hasta que se pudiera licitar una vez saliera la fórmula tarifaria. Por eso este auto sale y da un nuevo plazo”, dijo el alcalde.
La fórmula fue emitida por la CRA hace dos meses, lo que deja en manos de la nueva administración la estructuración de una nueva licitación para definir áreas de uso exclusivo, abrir la libre competencia o continuar con una operación directa con la empresa pública, siempre y cuando se cumpla con la remuneración y acciones afirmativas a los recicladores. “Cuando la Corte Constitucional dice esquemas legalmente permitidos, no está diciendo que se ordena el desmonte de un esquema de prestación directa del Estado, porque un esquema de esa naturaleza es legal”, explicó el mandatario.
El auto destaca, dice Petro, la labor de remuneración a la población recicladora y ordena que la nueva regulación en la capital aumente paulatinamente los recursos destinados a la labor de reciclaje. Además, ordena que cualquier determinación adoptada sobre el modelo de basuras debe tener en cuenta el tema de los recicladores y las órdenes proferidas por la corporación.
Por otra parte, aseguró que el procurador General mintió, pues los argumentos que fueron usados para su destitución no son acordes a las decisiones judiciales proferidas. “No pone ninguna ilegalidad alrededor del decreto del aseo que firmó el alcalde, que es por el cual la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años, así que este documento es una prueba a nuestro favor, que hay que pedirle al Consejo de Estado que la incluya, porque realmente toda la argumentación por la cual llegamos al 18 de diciembre del año 2012 y a partir de ahí hasta la fecha implementando una operación de aseo que cada vez remunera más a lo recicladores y cada vez lleva menos residuos al relleno sanitario, conjugando operador público y operadores privados es perfectamente legítimo, y se podría continuar”, dijo Petro.
El mandatario afirmó que será decisión de la nueva administración mantener o no la participación de Aguas de Bogotá, pero que su liquidación se constituiría en un detrimento patrimonial, pues la empresa funciona con recursos públicos. El nuevo gobierno tiene un plazo de seis meses para definir el nuevo modelo de prestación de aseo en la capital.
La Corte Constitucional determinó que el mismo deberá incluir de manera prioritaria a la población recicladora y áreas de servicio exclusivo en la capital de la República. El alto tribunal levantó las medidas cautelares que existían y reactivó el plazo decretado por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual sancionó al Distrito por el modelo de aseo que fue planeado y ejecutado durante la administración de Gustavo Petro Urrego en diciembre de 2012 y el cual además le valió una sanción disciplinaria de la Procuraduría General.