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Una vez el exalcalde Gustavo Petro fue notificado del embargo que le impuso la Contraloría de Bogotá por el detrimento que significó durante más de tres años su decisión de rebajar el pasaje de Transmilenio, se fue lanza en ristre contra el jefe de ese organismo de control, Juan Carlos Granados. El exmandatario calificó el fallo como un acto de “la policía política de Germán Vargas Lleras”, ante lo cual Granados señaló, en diálogo con este diario, que la decisión obedece a una investigación en la que se dieron todas las garantías y en la que él no fue el único que influyó.
“Esto lleva cuatro años y soy el tercer contralor que conoce el proceso”, precisa. “Se hicieron auditorías cuando yo ni siquiera estaba en la entidad. Además, el fallo de primera instancia lo emitió una funcionaria que yo no nombré y que después reemplacé por un funcionario nuevo”.
Y agrega: “El doctor Petro asegura que soy de Cambio Radical, pero mi elección en el Concejo la respaldaron varios partidos. Además, mi último cargo de elección popular como gobernador de Boyacá fue avalado por los partidos de La U y Liberal. Me quieren llevar al debate político y no puedo permitir que hagan eso con decisiones tan importantes”.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que fue Cambio Radical el partido que impulsó en el Concejo de Bogotá la candidatura de Granados a la Contraloría, precisamente porque es bien conocido su vínculo político con Vargas Lleras.
De todas formas, insiste en que está haciendo una labor que no solo le ha pisado callos a la izquierda que representa Petro. “Hace unas semanas fue al alcalde Peñalosa y la actual administración por decisiones sobre Transmilenio (embargo a la gerente de esa empresa). No se puede pretender que este sea un debate político para desvirtuar el accionar de la Contraloría cuando el SITP está con serias amenazas, y menos que se intente deslegitimar a sabiendas de que se manejan investigaciones sobre temas tan importantes como el deprimido de la 94, los presuntos malos manejos de los recursos de valorización, las motos eléctricas y la controvertida máquina tapahuecos”.
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Recalcó que al exmandatario le queda, como camino institucional, las explicaciones técnicas que pueda esgrimir ante el Consejo de Estado, que hace control de este tipo de decisiones. “Se dieron todas las garantías. Tanto, que el proceso se les archivó a algunos procesados y se siguió contra otros”.
El fallo
La Contraloría de Bogotá emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro, a quien halló responsable de haberle causado un detrimento patrimonial a la ciudad por la reducción de las tarifas de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Junto al exalcalde, la decisión afecta a su exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a la exsecretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas.
La resolución, que establece una sanción contra Petro por $217 mil millones y al embargo de sus cuentas, tiene que ver con la medida adoptada en agosto de 2012, cuando el exmandatario redujo la tarifa y estableció un esquema de franjas horarias, según horas valle y pico (la tarifa bajó $50 en hora pico y $350, en hora valle).
Desde ese momento la Contraloría Distrital puso la lupa en la decisión, al considerar que esto se configuraba en un subsidio que era ilegal y que el exalcalde no contaba con un respaldo fiscal que blindara la medida para evitar un detrimento. El organismo hizo una indagación preliminar a las secretarías de Hacienda, Planeación y Movilidad, a la Alcaldía Mayor y a Transmilenio por las presuntas irregularidades en el proceso del cambio de tarifa.
A pesar de que con la rebaja de a tarifa, quienes se ahorraron esos recursos fueron los ciudadanos, para el ente de control esto sería un detrimento que podría representar un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema de transporte.
Ante este proceso, Transmilenio se ha defendido diciendo que “la rebaja de la tarifa no es un subsidios a los usuarios del sistema, sino a un nuevo esquema tarifario establecido por la administración de la ciudad”. Por su parte, Pectro se ha defendido diciendo que usar recursos del Estado para ayudar a la comunidad, haciendo las tarifas del transporte público más asequibles, no se puede calificar como un detrimento patrimonial
Sobre las decisiones que han afectado a varios de los funcionarios que trabajaron en su administración, señaló que los están asesorando para que acudan a las instancias judiciales y demostrar que hay un seguimiento sistemático contra los líderes que opinan diferente al gobierno de turno”.
Al ser hallados responsables fiscalmente por el detrimento, según la Contraloría, los procesados tendrán que reponer el dinero que supuestamente perdió la capital.