Petro se aferra a la CIDH

El alcalde Gustavo Petro se queda sin cartas y su última opción estaría en manos de la CIDH. / Alcaldía de Bogotá

Horas después de conocido el fallo del Consejo de Estado, que dejó anoche en firme la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado colombiano suspender inmediatamente la orden de la Procuraduría y le otorgó al mandatario las medidas cautelares que éste había solicitado ante este organismo internacional. En cuestión de horas Petro revivió su esperanza de frenar su destitución.

Antes de conocerse la decisión de la CIDH el burgomaestre insistió en que la Procuraduría y el Consejo de Estado estaban cometiendo una injusticia al destituirlo y había afirmado: “Si la CIDH no pide las medidas cautelares, no nos quedará un centímetro de justicia y en ese caso sólo quedaría la movilización ciudadana por la paz y la democracia”. Y agregó que en caso de que la CIDH pidiera suspender los efectos del fallo, lo que finalmente ocurrió, el presidente tendría una decisión que tomar: “Hacerle caso a la derecha sedienta de violencia, sangre y negocios o aceptar la justicia y la voluntad popular... la diferencia. Le corresponde al presidente demostrar si las élites están en la madurez de vivir en paz”.

Suerte echada

No hubo petrista sorprendido con la decisión del Consejo de Estado. Desde que las 24 tutelas llegaron allí, abogados del alcalde señalaron que en ese tribunal la suerte para Petro ya estaba echada. Desconfiaban de la imparcialidad de varios magistrados, en especial de Alfonso Vargas, quien por siete años fue magistrado auxiliar del procurador Ordóñez. Incluso, le pidieron a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que indagara si acaso Vargas no debía haberse declarado impedido para conocer el caso Petro. A la larga, por reparto, le tocó a él proyectar el fallo sobre las tutelas. Y lo hizo en una decisión contraria a los intereses del mandatario.

De esas 24 tutelas, que el miércoles terminaron por sellar el destino de Petro, al menos tres lo habían salvado de la destitución inmediata. Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se presentaron los recursos en primera instancia, señalaron que la Procuraduría había convertido un caso de control político en un expediente disciplinario; que Petro como alcalde sí podía establecer políticas sobre servicios públicos como la recolección de basuras, e incluso que se debía dar prioridad a la manifestación popular, convocada a votar para refrendar o revocar el mandato de Petro. En primera instancia, la Judicatura también había amparado los derechos políticos del alcalde.

El Consejo de Estado sostuvo otra cosa. En ocho de las tutelas usó un argumento de forma: que ningún tutelante tenía “causa legítima” para presentar el recurso porque no había votado por Petro o ni siquiera en Bogotá. En las 15 tutelas restantes —la primera fue negada hace dos semanas—, el argumento fue el mismo esgrimido por el Consejo Superior de la Judicatura hace un par de semanas: que el derecho de elegir y ser elegido no puede cercenar ni está por encima de la facultad disciplinaria que ejerce el Ministerio Público. De esa manera, estas altas cortes pusieron punto final en el debate jurídico (y político) más complejo del momento.

Desde que las tutelas llegaron al Consejo de Estado, en el Palacio Liévano se daba por perdida esta batalla. Los magistrados aseguraron que no había razón para dudar de la objetividad de ninguno de sus integrantes y, por esa razón, negaron los ocho impedimentos que allí se presentaron antes de empezar a estudiar las tutelas. No obstante, Petro y sus seguidores y asesores cuestionaron hasta el final la independencia de esta Corte, asegurando que era “la casa” del procurador Ordóñez, quien fue consejero de Estado entre 2001 y 2007. Si el alcalde se decidiera a poner una demanda de nulidad contra la decisión de la Procuraduría, el tema quedaría nuevamente en manos del Consejo de Estado. Lo más probable, sin embargo, es que ese escenario no se dé.

Lo que se viene

Presentar la demanda de “nulidad y restablecimiento del derecho” se ha vuelto casi Troya entre Petro y sus abogados. Precisamente ese recurso fue una de las razones que dio el Consejo de Estado para rechazar la primera tutela del caso Petro, la cual presentó él mismo apenas fue destituido: el alcalde tiene el camino de la nulidad y por ahí puede pedir medidas cautelares, aseguró hace un par de semanas la presidenta de esa corporación, María Claudia Rojas Lasso. Algunos asesores legales del alcalde, sin embargo, no comparten el optimismo de la magistrada Rojas. Señalan que en Colombia no hay un antecedente de medidas cautelares en un proceso así y que, si Petro ganara la demanda, sería mínimo en tres años: “Ya para qué”, refutan.