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El mismo alcalde Gustavo Petro ordenó a Augusto Ocampo, director distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, la apertura de una investigación en contra de los exgerentes Ulloa y Pizano, por sus actuaciones entre 2009 y 2011. La Alcaldía no descarta que la investigación vincule a Diego Bravo, quien fue gerente de la empresa hasta principios de este año, y a la actual cabeza del Acueducto, Alberto Merlano Alcocer.
Frente a esta decisión no se hicieron esperar las reacciones de quienes aseguran que Petro no tendría competencia para investigar a exfuncionarios. Sin embargo, El Espectador consultó las opiniones de los jefes de los organismos de control en Bogotá, quienes aseguraron que el alcalde sí tiene esa facultad.
Ricardo Cañón, personero de Bogotá, señaló que “el alcalde de la ciudad sí tiene competencia, él puede investigar disciplinariamente a todos los funcionarios y exfuncionarios del nivel central, lo cual incluye a quienes trabajaron en el Acueducto, siempre y cuando no hayan pasado cinco años de haber cometido las supuestas fallas disciplinarias, término en el que ya no es viable abrir una investigación. La segunda instancia en este caso sería el mismo alcalde”.
Cañón se pregunta qué va a hacer Augusto Ocampo si tiene que investigar a Diego Bravo, exgerente del Acueducto. Ocampo fue suspendido por la Personería de Bogotá debido a que, según esta entidad, el director de Asuntos Disciplinarios hizo afirmaciones injuriosas acerca de periodistas y de la veedora distrital, Adriana Córdoba, porque cuestionaron las actuaciones de la administración frente al cambio del modelo de aseo en la ciudad. “Diego Bravo, como gerente del Acueducto, era la cabeza del nuevo modelo de aseo. Esperemos qué resultados arroja esta investigación. Yo celebro que el alcalde haya tomado esta decisión”.
Diego Ardila, contralor distrital, comparte la opinión del personero. “El alcalde sí puede investigar a sus subalternos, sólo en términos disciplinarios. Así que quienes digan que Petro no puede investigar a estas dos personas, están equivocados”. Ardila asegura que la investigación que ordenó Petro tiene el objetivo de determinar la responsabilidad del Acueducto en la compra de la empresa Hydros Chía, una compañía que presta el servicio público de aseo en ese municipio de Cundinamarca, a través de la filial del Acueducto, Aguas de Bogotá.
“La Contraloría de Bogotá advirtió desde diciembre del año pasado de la inviabilidad financiera de Aguas de Bogotá, debido a todos los procesos judiciales que existen en contra de empresas en las que ésta es socia. Le dijimos a Petro sobre la inconveniencia de poner al frente de la operación del servicio de aseo a Aguas de Bogotá”, añade Ardila.
Aunque en la Alcaldía hay un mutismo total sobre cuáles son los objetos de esos 20 contratos por los cuales serán investigados los exgerente Ulloa y Pizano, en la Empresa de Acueducto ya se empieza a especular sobre los contratos e investigaciones que están en la mira del alcalde Petro, teoría que concuerda con la del contralor Ardila y las presuntas irregularidades en la compra de la empresa Hydros Chía por parte de Aguas de Bogotá.