Petro y Bravo, bajo todas las lupas

El Espectador revela los tres autos del Ministerio Público que ordenan investigar la puesta en marcha del nuevo esquema de basuras. Concejales pidieron la cabeza del gerente del Acueducto.

Diego Bravo, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado; Alejandro Ordóñez, procurador  general de la Nación y Gustavo Petro, alcalde mayor  de Bogotá.
Diego Bravo, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado; Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación y Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá.

Con una investigación formal y dos indagaciones preliminares, la Procuraduría General de la Nación se alista a poner todos sus ojos sobre el cuestionado proceso de implementación del esquema público de aseo en Bogotá, negocio en el que Aguas de Bogotá, empresa filial del Acueducto, se convirtió de la noche a la mañana en el nuevo y único operador de este servicio en la capital.

Los autos del Ministerio Público, conocidos por El Espectador, ponen bajo la lupa al alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro; a funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), de la empresa Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Además de ordenar visitas a entidades que participaron en el proceso de importación de los camiones usados y arrendados por el Distrito, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Viceministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.
De los tres documentos, uno abre una investigación formal en contra del alcalde Gustavo Petro y los otros dos hacen referencia a la apertura de dos indagaciones preliminares.

La investigación formal contra el alcalde Petro se abrió ayer en la Sala Disciplinaria de ese organismo de control, debido a cuatro quejas radicadas ante el Ministerio Público en las últimas semanas.

Jorge Miranda, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores, solicitó que se investigue al alcalde “por sugerir y ordenar que la prestación del servicio de aseo estuviera a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogotá”. Orlando Parada, concejal de Bogotá por el Partido de la U, denunció “presuntas irregularidades” demostrables a través de una grabación, divulgada por este diario el pasado 4 de diciembre y que, según el quejoso, “se podrían evidenciar algunas conductas de carácter disciplinario y penal”.

La Procuraduría también recoge la denuncia de Ricardo Cañón, personero distrital, quien acusó al alcalde por faltar, presuntamente, “al deber de constatar algunos requerimientos relacionados con este tema (la prestación del servicio de aseo)” y ocultar o no diseñar “un plan de acción de la administración distrital para garantizar la continuidad de inmediata prestación del servicio de aseo”.

Finalmente, el auto incluye la queja disciplinaria del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien supone el “incumplimiento de los deberes que le asisten al alcalde de la ciudad como primera autoridad administrativa y que podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas, entre otras, con los riesgos y deterioros de la salud humana y del medio ambiente”.

La determinación de la Procuraduría se conoce justo el mismo día en que el alcalde Petro rendía interrogatorio por el mismo tema en la Fiscalía General de la Nación, y en el Concejo de Bogotá, los concejales Antonio Sanguino, María Victoria Vargas y Miguel Uribe denunciaban “la cadena de improvisaciones” de la administración en el tema de basuras y exigían la renuncia o destitución del gerente de la EAAB, Diego Bravo.

Las acciones del Ministerio Público se conocieron, además, el mismo día en que la administración Petro decidió comunicarle a la ciudadanía que desde marzo se reducirán en un 8% las tarifas de aseo para todos los hogares.

Los otros dos autos

Uno de los documentos que sustentan la apertura de esta investigación formal contra Petro es el informe final de acompañamiento preventivo a la prestación del servicio de aseo en Bogotá que recibió Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, de la Procuraduría Delegada para la Función Pública. La investigación está a cargo del procurador primero delegado de la Sala Disciplinaria, Juan Carlos Novoa.

Aparte de la investigación formal contra el alcalde Petro, el 14 de enero de 2013 se abrieron dos indagaciones preliminares. Una de ellas es contra funcionarios de la Uaesp y del Acueducto, aún por determinar. Y la otra en contra de funcionarios, también por determinar, de Aguas de Bogotá.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, que incluye hacer visitas especiales a la Uaesp, a la Empresa de Acueducto de Bogotá y a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA). También se ordena solicitar a la Contraloría Distrital “los informes elaborados relativos al tema de las declaratorias de urgencias manifiestas proferidas por la Uaesp en virtud de la implementación del nuevo modelo de la prestación del servicio de aseo”. Además se practicarán visitas a dos de las cuatro empresas (Atesa y Lime), concesionarias que venían prestando sus servicios como operadores de aseo hasta el pasado 17 de diciembre, con el fin de comparar las condiciones técnicas, financieras y económicas en las que se estaba prestando el servicio en la capital y de qué forma se vienen prestando en la actualidad.

La segunda indagación preliminar, contra funcionarios de la empresa Aguas de Bogotá, recoge los artículos publicados por El Espectador recientemente, a través de los cuales se evidenció el desorden del proceso de importación de los camiones alquilados por el Distrito y la forma en la que éstos eran ofrecidos a precios muy bajos en subastas por internet.

María Consuelo Cruz, procuradora delegada para la Moralidad Pública, ordenó investigar a la totalidad de las entidades que estuvieron involucradas en este caótico proceso, que terminó obligando, de la noche a la mañana, a la administración de Gustavo Petro a asumir la importación de los camiones compactadores alquilados a la Unión Temporal Aseo Districapital.

Bravo se resiste a renunciar

En un duro debate en el Concejo de Bogotá, los concejales María Victoria Vargas, Antonio Sanguino y Miguel Uribe cuestionaron el desorden administrativo vivido durante la implementación del nuevo modelo de basuras y le exigieron al gerente del Acueducto, Diego Bravo, renunciar a su cargo.
El debate estuvo cargado de denuncias de presuntos actos de corrupción durante el proceso de contratación de la nueva flota y el reproche a la administración de no haber diseñado con tiempo la licitación pública (que habría evitado el desorden ocurrido en diciembre). Los concejales también le pidieron a Bravo que no se escude en los errores de la gerencia de Aguas de Bogotá, empresa filial del Acueducto. Bravo no intervino en la sesión, pero les dijo a los medios de comunicación que no pensaba renunciar y que “nosotros nos responsabilizamos de las acciones del Acueducto”.

Tarifas de aseo bajarán 8% a partir de marzo

 

A partir de marzo habrá una reducción del 8% en las tarifas de aseo,  anunció el alcalde Gustavo Petro,  quien precisó que a mitad de año habrá una segunda reducción.

 El mandatario explicó que los usuarios que realicen de forma adecuada la separación de sus basuras en la casa, se beneficiarán con otro descuento .

“Hacemos este anuncio  porque en los meses que están por seguir los hogares, las empresas, etc., deberán adecuar la actividad tradicional de arrojar basura”, dijo Petro. 

 Para contar con este beneficio, el alcalde señaló que “la gente deberá registrarse en una base de datos del Distrito, para que de esta forma podamos cuantificar cómo realizan esta separación”. Sobre el pago de los recicladores, manifestó que destinarán $3.000 millones mensuales para realizar los pagos. 

Se espera que para la próxima semana la empresa Aguas Bogotá aumente su cobertura de recolección del 17 al 30%.