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“Han transcurrido 94 días de haberse radicado ante la Procuraduría General de la Nación una queja en contra del concejal Marco Fidel Ramírez para que se investigara la comisión de posibles conductas de carácter disciplinario en las que pudo incurrir por sus manifestaciones discriminatorias y ofensivas en contra del Canal Capital de Bogotá, sus servidores, y particularmente, contra la comunidad LGBTI” y a la fecha el Ministerio Público no ha adelantado las investigaciones.
A pesar de ser de público conocimiento los reiterados ataques del concejal Marco Fidel Ramírez, y las denuncias presentadas por Canal Capital, las cuales se encuentran señaladas y tipificadas tanto en el Código Disciplinario Único, como en el Código Penal, dice el medio que se denota que la queja a la fecha continúa en etapa de indagación preliminar, sin que sean notorios mayores avances ni decisiones de fondo.
“Esta situación contrasta con las investigaciones iniciadas por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra de otros servidores del Distrito Capital, que se han caracterizado por su celeridad en la toma de decisiones, puesto que el órgano de control no se ha tomado el término establecido para adelantar la investigación disciplinaria, la cual de acuerdo con la norma será de doce meses, y de la indagación preliminar que será de seis meses, profiriendo decisiones de fondo antes que los términos de estas etapas se agoten”, agrega el medio.
Mientras no se den los pronunciamientos oportunos por parte de los órganos de control se seguirá permitiendo que continúen los ataques y las estigmatizaciones por parte del concejal Marco Fidel Ramírez por medio de las redes sociales, dice Canal Capital.
El concejal Ramírez, a través de su cuenta de Twitter, catalogó al gerente de Canal Capital el pasado 23 de junio de “Corrupto” e “Hipócrita”.
“En virtud del principio Constitucional de igualdad solicitamos la misma celeridad en la investigación que se adelanta en contra del concejal Marco Fidel Ramírez por las conductas que pusimos en conocimiento de la autoridad competente, toda vez que sus manifestaciones discriminatorias y calumniosas revisten una conducta que, a luz pública, en ningún modo pueden ser permisibles, ni aceptables, de acuerdo con el marco Constitucional de un Estado Social de Derecho, incluyente para todos”, concluye.