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Las obras del Transmicable de Ciudad Bolívar avanzan según lo planeado. Sin embargo, hay un hecho que retrasaría su puesta en marcha: la licitación para elegir al operador fue demandada por la Asociación Cable Aéreo de Manizales, firma que quiere quedarse con el contrato por casi $91.000 millones y 66 meses de plazo. Según la denunciante, hay inconsistencias en los pliegos, que los llevaron a pedir la revocatoria del proceso, a recusar a varios funcionarios y a radicar denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría. (LEA: Suspenden proceso para elegir al operador del cable aéreo a Ciudad Bolívar)
La noticia se conoció ayer, justo cuando la administración hacía las primeras pruebas de vuelo de las 120 cabinas que llevarán pasajeros desde el portal El Tunal hasta la parte alta de Ciudad Bolívar. En ese momento Transmilenio (TM) anunció la suspensión de la licitación para resolver la recusación. Sin embargo, no aclaró que ese es el primer paso de un pleito legal que busca frenar el proceso, para que se corrijan exigencias que, según el denunciante, restringen la participación de empresas nacionales. (LEA: Distrito pone a prueba las cabinas del TransMicable)
La solicitud la presentó el abogado Javier Mayorga quien, a través de un oficio a María Consuelo Araújo, gerente de TM, le pide “revocar la licitación y, en su lugar, se haga una revisión sobre la estructura del negocio, el mercado nacional disponible y los requisitos habilitantes, para garantizar no solo la concurrencia de los posibles oferentes nacionales, sino salvaguardar el interés público”. (LEA: TransMiCable, el sueño de Ciudad Bolívar)
En el mismo documento recusa a siete funcionarios, para que se declaren impedidos a la hora de resolver la solicitud de revocatoria. La lista la encabeza la gerente, seguida de Richard Romero, gerente general (e); Julia Rey, subgerente jurídica; Francisco Tunjano, director técnico de Modos Alternativos; Felipe Ramírez, subgerente técnico y de servicios; Diana Gisela Parra, subgerente económica, y José Guillermo del Río Baena, subgerente corporativo. Además, la firma Durán & Osorio Abogados Asociados, que fueron asesores externos estructuradores del proceso. (LEA: Cable aéreo a Ciudad Bolívar: empiezan obras tras ocho años de espera)
Dice el documento que, al haber conocido de manera previa los reclamos de los posibles oferentes, no serían objetivos a la hora de resolver la solicitud de revocar el proceso. “Con la finalidad de que se garantice la transparencia e imparcialidad en la resolución de esta petición, solicitamos que la analice el superior jerárquico de los funcionarios que han participado en el proceso”, agrega.
Empezar de cero
La razón detrás de la petición de empezar de cero, según Mayorga, es que la licitación va en contra de la ley de contratación, en especial al cerrar las puertas a las empresas nacionales. Para empezar, dice que TM no publicó ni puso en conocimiento oportuno el análisis del sector y el estudio de mercado. “En tal sentido, ¿cuáles fueron los criterios para establecer requisitos habilitantes y, especialmente, los requisitos de carácter financiero? Esto no lo explica la entidad”, señala.
De acuerdo con la denuncia, no se encuentra la justificación del valor estimado del contrato. “Fuera de que en el plan anual de adquisiciones no se estableció ningún valor de la operación, se evidencia cómo en los prepliegos se tasó el contrato en $96.338 millones y luego, en el pliego definitivo, se fijó en $91.510 millones. Aunque la veeduría pidió una razón para este cambio, no hubo respuesta”.
Otro de los reclamos tiene que ver con las exigencias alrededor de los estados financieros de los proponentes. El pliego obliga a los oferentes a acreditar un capital de trabajo de $4.500 millones y un patrimonio de $15.000 millones, pero no permite que esta condición se cumpla al conseguir un socio que respalde la propuesta. “Dicen que, en caso de presentarse en consorcio, cada integrante debe cumplir mínimo con el 20 % de este requisito, limitando la libre concurrencia de oferentes, en especial de los nacionales. Promover la competencia es uno de los objetivos de la contratación pública y los requisitos no pueden ser una forma de restringirla”, advierten.
El denunciante destaca que la oferta nacional para operar cables aéreos es limitada y que las únicas con experiencia son la Asociación Cable Aéreo de Manizales, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra y el Parque Nacional del Chicamocha. “Sin embargo, no cuentan con estados financieros suficientes que les permitan cumplir estos requisitos, por lo que en repetidas ocasiones se pidió a TM establecer fórmulas que les permitieran la participación”.
Y agrega: “Se está violando el principio de libre concurrencia. Las condiciones llevan a cerrarles la puerta a las empresas que pueden participar legalmente en el proceso con requisitos injustificados. Adicionalmente, les están cerrando las puertas a empresas nacionales de carácter público y abriéndolas a los extranjeros. Me llama la atención que TM aceptó las observaciones de las empresas extranjeras y rechazó las que hicimos las empresas nacionales”, dice el abogado Mayorga.
Por su parte, Herman Loaiza Martínez, gerente del Cable Aéreo de Manizales, explicó que a pesar de su interés en participar en el proceso, ven con preocupación lo que está ocurriendo en Bogotá con esta licitación. “Para comenzar, hay una inconformidad con el estudio de mercado. En Colombia hay tres operadores de cables aéreos y a ninguno lo consultaron. Lo que inferimos es que lo hicieron solo con empresas extranjeras y sacaron a la industria nacional. Para nosotros, eso es una falla”. Loaiza agrega que hay exigencias exageradas y, a pesar de “que le pedimos a TM que analizara este punto”, rechazaron su observación.
Transmilenio
Ante esta denuncia, la respuesta de TM fue que la suspensión es una “situación normal”, que se presenta en todos los procesos licitatorios y que no incidirá en el cronograma de entrega del cable, prevista para julio, ni en su entrada en operación, prevista para octubre. El sistema espera que se resuelvan las recusaciones, para continuar y adjudicar en mayo el contrato de operación.
Ante los reproches por las exigencias financieras, la entidad las justificó diciendo que así se asegura que el operador tenga la solvencia para afrontar la preoperación del cable, que es la etapa en la que se ultiman los pormenores del cable, como adecuaciones y estrategias de pedagogía. “La preoperación es importante, porque en esta etapa se instala la megafonía, paneles de información, señalética, cámaras de seguridad, entre otros equipos para adecuar las instalaciones. Adicionalmente, debe asumir los costos de gestión social y cultura ciudadana”.
Agrega que debe haber un capital de trabajo suficiente para realizar los trámites de habilitación ante el Ministerio de Transporte y, sobre todo, para tener un colchón financiero, ya que en los primeros meses TM no le pagará al operador, porque no estará moviendo pasajeros. En cuanto a la exigencia de que los oferentes tengan mínimo un 20 % del capital de trabajo exigido, explicó que esta recae especialmente en la empresa que acredite experiencia en operación de cables, pues es la que tiene que adelantar los trámites y debe tener cómo soportar esos asuntos.
Hasta donde se conoce, son varias las firmas interesadas en este contrato, como Cal y Mayor, Doppelmayr, Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, Intec Proyectos y Servicios S.A.S., Asociación Cable Aéreo de Manizales, y Fanalca, Compagnie des Alpes y Transdev.
El reclamo de las empresas nacionales está en trámite. El primer paso para conocer el futuro de la licitación del operador del Transmicable dependerá de la respuesta a la recusación, que definirá finalmente quiénes serán los encargados de analizar la solicitud de revocatoria del proceso de contratación. De ahí se sabrá si la fecha de entrada en operación del novedoso sistema de transporte, que busca mejorar los tiempos de traslado de los habitantes de Ciudad Bolívar, se cumplirá o no.
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