La administración está decidida a encontrar una solución al problema de los asentamientos informales en Bogotá, fenómeno que es más notorio en los barrios periféricos. El plan es brindar salidas para que miles de familias que viven en barrios ilegales y no tienen escrituras de sus viviendas, puedan legalizar su situación. Es decir, que se conviertan, ante las autoridades, en los verdaderos dueños de sus casas.
Si bien es difícil tener una cifra precisa de los predios e inmuebles que son ilegales, los últimos estudios de la Secretaría de Hábitat señalan que ha identificado 214 asentamientos bajo esta condición, que ocupan casi 309 hectáreas en donde viven 65.456 ciudadanos. Barrios como San Martín de Porres, en Chapinero; Caracolí, Sierra Morena, Arboleda Alta y Arboleda Baja, en Ciudad Bolívar; Suba Rincón, Rincón El Cóndor y Naranjos, en Suba, y el sector de Chiguaza son apenas algunos ejemplos.
Aunque el Distrito sabe que legalizarlos a todos es una tarea difícil, se fijó una meta: encontrar salidas para la mitad de ellos. Actualmente trabaja en la conformación de los expedientes de 113 asentamientos, que ocupan 198 hectáreas y en los que viven 33.504 personas, para adelantar su proceso de normalización. Una vez surtan los trámites, se analizará caso por caso antes de expedir las resoluciones para legalizar estos barrios, con lo que se beneficiarán casi 30.000 personas, explicó la administración.
Al caso de los asentamientos informales se suma otro fenómeno: el de viviendas en barrios legales, pero que se construyeron en predios ajenos. En estos casos, sus habitantes no tienen documentos que certifiquen la propiedad del inmueble. Según datos de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), han identificado 53.000 predios en esta condición. La meta, en los próximos cuatro años, es legalizar al menos 10.000.
La localidad más afectada por este motivo es Ciudad Bolívar, donde identificaron 22.872 predios sin legalizar, seguida de Usme (5.424), Kennedy (4.597), San Cristóbal (2.915) y Rafael Uribe Uribe (2.867). En Ciudad Bolívar, por ejemplo, el mayor problema se nota en sectores como Altos de la Estancia; en Usme, en el sector de Entrenubes, y en Usaquén, en el sector de El Codito.
Para avanzar en esta meta, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) firmó un convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro para ofrecerles soluciones a estas familias, que llevan años viviendo en predios del Distrito o en predios privados. “No vamos a esperar a que la gente venga. Nosotros vamos a ir a ofrecerles soluciones. Vamos a llevar nuestra oficina móvil a las zonas donde más se registra este problema, para que la gente pueda legalizar sus predios”, promete Germán Bahamón Jaramillo, director general de la CVP.
Y agrega: “Conocemos perfectamente que hay muchos barrios, que son asentamientos ilegales, que no han sido legalizados y que van a ser incorporados para ser formalizados. Las secretarías de Hábitat y de Planeación tienen la tarea de legalizar la mayor cantidad de barrios posible. Por nuestra parte, vamos a entrar en barrios legales, que ya están conformados hace muchos años, para ofrecer alternativas a los propietarios que tienen inmuebles sin legalizar”.
Y aunque estos planes no son de total agrado para muchos de los que viven en la ilegalidad, porque con esto empiezan a ser objeto de obligaciones tributarias ante la administración, la respuesta del Distrito es que son más los beneficios.
“Sabemos que esto genera unas cargas para la gente, pero también les da derechos, como tener un acueducto legal con agua potable, que el Distrito pueda hacer inversión en vías, parques y mobiliario urbano. Aunque este no es un proceso que estemos inventando, queremos acelerarlo para beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos. La meta es hacer diez intervenciones integrales de gran impacto, aprovechando el desarrollo vial en Bogotá”, puntualiza María Carolina Castillo, secretaria de Hábitat.