Policía recauda en los hospitales la información sobre heridos de los disturbios

Los hechos tuvieron lugar en el barrio El Chimborazo, del municipio de Baranoa.

Foto: archivo particular

Como parte de las investigaciones que vienen adelantando para tratar de esclarecer los hechos y los responsables detrás de los desmanes y de los heridos que quedaron tras los disturbios de la última semana en Bogotá, hay una diligencia que, si bien es legal, ha dado pie a suspicacias: la Fiscalía 153 adscrita a la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales le encomendó a detectives de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá la tarea de reunir la información en los hospitales la información sobre todos los heridos que han sido atendidos en los últimos días.

A través de un oficio, con fecha del 13 de septiembre y clasificado como información pública reservada, los uniformados indicaron: “De manera atenta me permito solicitar su valiosa colaboración en el sentido de suministrar a los funcionarios de la Policía Judicial, adscritos a la SIJIN MEBOG, la información que repose sobre ingresos y salidas de urgencias, desde el 9 de septiembre hasta el 11 de septiembre, de pacientes que hayan sido lesionados con arma de fuego, arma blanca y elementos contundentes”.

En el documento se les pide a los hospitales datos como la fecha y la hora de ingreso; nombre del paciente; número de cédula, su edad, descripción de heridas presentadas, tipo de arma que causó la lesión, posibles móviles de los hechos aportados por el paciente, dirección y localidad de los hechos, epicrisis e informar si el paciente fue remitido a otro centro asistencial.

“La anterior información se requiere de carácter urgente, por orden de la Fiscalía 143 local de la Dirección Especializada Contra organizaciones criminales, mediante orden de policía judicial del 12 de septiembre de la presente anualidad”. Y remata la carta recordando el deber que tiene la institución de colaborar con la justicia. “Se recuerda que todos los organismos están obligados a prestar la colaboración que soliciten las unidades de policía judicial en los términos establecidos en la indagación e investigación para la elaboración de los actos urgentes y cumpliendo con las actividades contempladas en los programas metodológicos, respectivamente so pena de las sanciones a que haya lugar”.

Si bien, en condiciones normales, esta labor de investigación es propia de los detectives de la Policía, que apoyan la labor de la Fiscalía, en este caso la suspicacia radica en un hecho puntual: Más allá de la investigación por los 300 civiles y 165 policías lesionados en medio de las protestas, está que 75 de los ciudadanos fueron heridos con arma de fuego. Y, de acuerdo con las denuncias de la alcaldesa y de los videos en redes sociales, la principal sospecha recae sobre la Policía, por un eventual uso indiscriminado de sus armas de fuego.

Teniendo en cuenta este dato, sumado a que la información personal de los heridos quedará en manos de la propia Policía, hay algunos heridos que no se sienten cómodos, especialmente por no tener certeza sobre el manejo que le puedan dar a estos datos. La desconfianza es evidente. No obstante, hay quienes hacen un llamado a seguir confiando en la institución, ya que el actuar de unos pocos, no puede provocar una desconfianza generalizada en la labor de personal que tiene la experiencia para dar una mano en el esclarecimiento de lo que sucedió.

Ante esto, por ahora, la Fiscalía confirmó que la orden salió de la fiscalía 153 y que la verificación inicial de los lesionados efectivamente la está haciendo la Sijín de la Policía. Sin embargo, aclaró que la investigación como tal la adelantará el ente acusador con su policía judicial, es decir, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)".

Por ahora, de acuerdo con expertos, el hecho de que la Sijín esté recogiendo la información personal de los heridos, si bien no es irregular, sí puede generar malestar en tanto muchas de las sospechas recaen sobre la propia Policía. Para Johan Avendaño, analista en temas de seguridad, definitivamente no está bien que ese trámite lo haga la Sijín. “Debido al manto de dudas que se tiene sobre la transparencia al interior de la policía por lo acontecido y la unión de cuerpo de la entidad, la ciudadanía no estará tranquila sobre los resultados que surjan de ello”. Incluso, el experto sugiere contar con una comisión internacional de verificación para llegar a la verdad de los hechos.

Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa nacional de la U. Externado, tiene una opinión similar, aunque considera que no se puede ocultar que la función de policía judicial consiste en recoger evidencias para procesar a los presuntos autores de los delitos.

“A pesar de eso, está claro que el trabajo también debe involucrar consulta a las victimas, testimonios de ellos, no solo por la investigación sino porque dado el caso se debe evitar procesos de revictimización y doble victimización”, dice Libreros, quien considera que lo más prudente era que el CTI de la Fiscalía se encargara de estas diligencias para evitar suspicacias, impedimentos o recusaciones.