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Mucho se habla sobre la dificultad para atender la difícil situación que enfrenta Bogotá por la dispersión de los habitantes de calle después de la intervención en el Bronx, el 28 de mayo pasado. Poco se ha dicho, sin embargo, sobre la hoja de ruta que tiene la Alcaldía para atender a esa población, que consta en el decreto 560 de 2015, que firmó ese año el entonces alcalde Gustavo Petro y hoy aplica la administración de Enrique Peñalosa.
De hecho, es la actual administración la primera que se vale de esa norma (llamada Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle) teniendo en cuenta que Petro la firmó apenas el 21 de diciembre del año pasado, diez días antes de dejar el cargo.
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La historia de ese decreto comenzó el 17 de abril de 2012, cuando Petro realizó un cabildo abierto en la plaza del Voto Nacional frente a un grupo de habitantes de calle del Bronx (que quedaba a unas cuadras). Les prometió una intervención con carácter social. Las reuniones vinieron luego y, como se lee en el decreto, “en la fase de construcción (…) de la política pública participaron 4.147 ciudadanos y ciudadanas, entre los que se cuentan 1.035 personas habitantes de calle”.
Los lineamientos son seis:
*Desarrollo humano y atención social integral.
*Atención integral e integrada en salud.
*Seguridad y convivencia ciudadana.
*Generación de ingresos, responsabilidad social empresarial y formación para el trabajo.
*Movilización ciudadana y redes de apoyo social.
*Desarrollo urbano incluyente.
Peñalosa formuló un programa con base en esos fundamentos, llamado “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle”. Allí se estipulan acciones en varios frentes: mantener contacto activo y permanente con esa población, atención transitoria como la que se brinda en los albergues, procesos de inclusión a través de formación en competencias laborales, protección para quienes sufran de alta dependencia de las drogas, así como formación para el estudio, seguimiento y acompañamiento. El principal objetivo es promover la inclusión social de estas personas y la inversión hasta 2020 será de $141.712 millones.
Sin embargo, la administración Petro propuso modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de que sea “sensible al fenómeno de la habitabilidad de calle” y se pueda redactar una regulación “para garantizar la habitabilidad de hospedajes, inquilinatos y paga diarios”. Esto es algo que, al menos en el programa planteado por la actual administración, no se contempla por el momento. El POT, hay que recordarlo, será discutido el año entrante en el Concejo.