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En menos de 24 horas, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) multaron con $1.112 millones al Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana. La sanción impuesta por la Nación alcanza los $1.000 millones, mientras que la del Distrito es cercana a los $112 millones.(LEA: ¿Qué hacer con el relleno Doña Juana?)
Las razones se centran en la nube de moscas que han tenido que soportar los ciudadanos y campesinos que viven en inmediaciones del relleno Doña Juana; la falta de cobertura, y el mal manejo de lixiviados.
La multa del Distrito
La Uaesp impuso la sanción, luego de una audiencia pública que realizó este miércoles como parte del proceso administrativo por los incumplimientos del operador. (LEA: Las moscas que colmaron la paciencia de los vecinos del relleno Doña Juana)
El Distrito comprobó que la crisis ambiental es producto de la “indebida gestión técnica en los procesos de coberturas y control de vectores (moscas). Además de la falta de previsión y de acciones suficientes de control estipuladas, dentro del contrato suscrito entre la UAESP y CGR en el año 2010”, explicó la entidad. (LEA: La lucha campesina por acabar con el relleno Doña Juana)
La sanción de Superservicios
Esta multa se conoce horas después de que la Superintendencia de Servicios Públicos anunció otra sanción por la falta de cobertura de residuos y mal manejo de lixiviados en el Relleno. El ente de control le impuso una multa por $1.060 millones a la empresa encargada de operar el relleno sanitario. (LEA: Operador del relleno Doña Juana tendrá que pagar multa por más de $1.000 millones)
Estas sanciones se suman a las investigaciones que ya anunciaron la Contraloría, la Personería y el propio Distrito.
"La aceptamos"
Frente a la sanción, Mauricio Bernal, representante legal de CGR (operador del relleno), señaló que la empresa fue notificada, que aceptaron la sanción y que no interpondrán ningún recurso contra un acto administrativo que contiene la verdad y en el que se ha respetado el derecho de defensa. Eso sí, recalcó que el incumplimiento parcial, que consiste en una gran área descubierta que ha generado estos vectores y mucha molestia en las comunidades, es producto del déficit tarifario. (LEA: Vecinos de Doña Juana, a aguantarse al menos un mes más las moscas)“Lo aceptamos y por esta razón los socios tomaron la decisión de hacer un aporte de su propio patrimonio, no de la tarifa como debería ser, para efectos de acelerar el cierre de las zonas descubiertas y seguir fumigando como ordenó el Distrito. Siempre existirá una área descubierta, que es donde se está disponiendo residuos, pero la idea es que en un plazo muy breve tener solucionado este tema. Insistimos en que lo antes posible se haga el reajuste de la tarifa”, indicó Bernal.
La crisis de las moscas
Sobre la emergencia con las moscas, Bernal explicó que fue producto de una serie de situaciones que se salieron de control. Para finales de julio debía estar habilitada la nueva terraza de disposición de basuras, ya que esa zona estaba llegando al tope de su capacidad de almacenamiento. La idea era que todo estuviera listo a tiempo, para evitar problemas con la operación. Sin embargo, por los líos con un proveedor, que incumplió con el suministro de materiales, se vieron obligados a aplazar los trabajos.
Esto llevó a CGR a reabrir otras zonas para disponer basuras, mientras se adecua el nuevo espacio. Para Bernal, esto fue lo que provocó el incremento de las moscas. Por eso, no desconoce la emergencia, pero resaltó que han hecho todo lo que está en sus manos para solucionar el inconveniente. “La empresa cambió el método de control y pasó de la fumigación manual a usar un dron, que empezó a dar resultados. Lo antes posible habilitaremos la nueva terraza de disposición, que nos permitirá ponerle fin a este problema”, agregó al representante legal de Doña Juana.
La reciente sanción es la segunda que le impone el Distrito a la empresa encargada de la zona en la que se disponen las basuras que generan ocho millones de ciudadanos de Bogotá. La primera fue por no cumplir con la construcción de las chimeneas pactadas en el contrato, aumentando así los riesgos de estabilidad del terreno del Relleno y la explotación del Biogas, que se deriva de la gestión y operación de la concesión. Dicha sanción quedó en firme el pasado 9 de mayo de 2017 a través de la Resolución No. 189 de 2017, con un monto que supera los 110 millones de pesos.