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Temas como la seguridad, la movilidad y el crecimiento desordenado de la sabana de Bogotá han propiciado por años el debate sobre la necesidad de conformar el área metropolitana. Sin embargo, el proyecto implica que los municipios tengan que renunciar a ciertos poderes, destinar recursos y unir voluntades políticas para llevar la iniciativa al Congreso y lograr que deje de ser una idea de palabra.
Ahora hay una propuesta concreta sobre la mesa y se discutirá hoy en Hotel JW Marriot, en Bogotá, donde se presentará el informe “La región metropolitana de la sabana de Bogotá para la asociatividad y la gobernanza regional”, elaborado por ProBogotá. El objetivo es que la capital y los 24 municipios vecinos lleguen finalmente a un acuerdo para impulsar la reforma constitucional que se necesita para concretar la iniciativa.
La idea no es nueva. Desde hace 40 años se ha venido planteando la posibilidad de trabajar en conjunto con los municipios aledaños, pero luego de la integración de Bosa, Engativá, Suba, Usaquén, Usme y Fontibón como localidades a la capital, se originó una prevención por el resto de municipios ante la posibilidad de crear una alianza y perder su autonomía territorial.
“Es un antecedente traumático que ha dificultado muchísimo la posibilidad de este diálogo y a eso se le puede agregar que la ciudad ha crecido de una manera importante, a tal punto que se atemorizan más de que esto en verdad pueda pasar”, dice María Mercedes Jaramillo, gerente de Desarrollo Sostenible de ProBogotá Región.
A pesar de esto, en los últimos años han surgido organizaciones como el Comité de Integración Territorial (CIT), la Asociación de Municipios de Sabana Centro (Asocentro), la Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE) y recientemente el acuerdo de voluntades Región Vida, que buscan lograr acuerdos comunes a largo plazo entre los municipios y, de cierta manera, formalizar esta figura. No obstante, uno de los principales inconvenientes es la ausencia de un marco normativo que le permita a la región tener la figura de área metropolitana.
“La ley de áreas metropolitanas que está vigente no aplica para Bogotá. Esto debido a que cuando el Congreso la aprobó, excluyó a la ciudad y a los municipios vecinos por razones políticas que no aparecen explícitas ni en los audios de las audiencias ni en las actas de los debates”, agrega Jaramillo.
Así las cosas, para que el área metropolitana de Bogotá pueda materializarse, dice, es importante que se trabaje paralelamente el proyecto de ley que incluya el marco jurídico y la estructuración del proyecto, de tal forma que se pueda crear la confianza entre los municipios y la capital.
Las necesidades
En el último año, ProBogotá ha trabajado en delinear las bases de una futura área metropolitana. En el documento no solo se determinaron los antecedentes, sino que se identificaron las cinco principales temáticas que se deberían abordar en este proceso, teniendo en cuenta el trabajo intermunicipal que demandan.
La primera: el uso del suelo. El tema es de vital importancia justo ahora que tanto Bogotá como los municipios aledaños se encuentran discutiendo cómo y dónde crecerán sus territorios. Solo Bogotá, para hacerse a una idea, busca dejar en marcha un proyecto para dejar habilitado suelo para construir dos millones de viviendas en los próximos 30 años.
En este punto preocupa la concentración de la oferta en municipios con menor capacidad para atender a población de bajos recursos; la tendencia de los pueblos cercanos a convertirse en ciudades dormitorio; la aglomeración de población en lugares sin red de alcantarillado y el desequilibrio en el ecosistema, que puede aumentar la vulnerabilidad del territorio y la dependencia alimentaria de otros municipios.
Por otro lado, está la movilidad. Según el último informe de percepción de Sabana Centro Cómo Vamos, por el norte llega un gran flujo de personas oriundas de municipios como Tenjo, Tabio, Cajicá, Chía y Sopó. El 47 % tarda más de 90 minutos en llegar a su lugar de destino y el 41 % debe hacer a diario dos trasbordos. A esta situación se suma que las vías de acceso a Bogotá y las conexiones regionales se encuentran saturadas y no hay claridad sobre quién debe hacerse cargo de su ampliación. Asimismo, a pesar de que se logró un acuerdo en la construcción del tren de cercanías, ha sido difícil hacerlo para la optimización del servicio en aspectos como unificar las tarifas del transporte público urbano.
En cuanto al manejo de desechos y abastecimiento hídrico, la preocupación se concentra en la vida útil de los rellenos Doña Juan y Mondoñedo, a los que ingresa la basura de 79 municipios. De acuerdo con ProBogotá, ni en la ciudad ni en la región existen planes para minimizar el enterramiento de residuos y optimizar el material aprovechable, por lo cual se necesita un trabajo conjunto para encontrar nuevas soluciones. En el caso del saneamiento, lo que preocupa es la dependencia de 13 municipios del Acueducto de Bogotá, lo que a largo plazo dificulta pensar en la expansión y densificación de dichos municipios.
Por último, está la descontaminación del río Bogotá. Actualmente se vierten 19.440 litros/segundo de residuos al afluente, de los cuales solo se tratan 6.631 litros/segundo, por lo que es necesario regular los planes de construcción sobre la cuenca del río y la densificación del suelo.
Para Jaramillo, si el tema es tratado con prioridad, tanto por la Alcaldía de Bogotá como por los municipios vecinos, en cinco años estaría consolidada el área metropolitana, en la que todos tendrían que comenzar a pensar en grande, al convertirse en una gran región con casi 9,3 millones de personas.