La Contraloría de Bogotá advirtió a la Administración Distrital ante el posible daño económico por más de $1.033 millones que se podría presentar por sobrecostos en el arrendamiento del Edificio Los Alcázares tomado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dijo el contralor Diego Ardila Medina.
En desarrollo del proceso auditor, el ente de control pudo constatar que en la suscripción del contrato de arrendamiento N° IDU – 2287 de 2013, el cual tiene por objeto el arrendamiento del Edificio Los Alcázares, ubicado en la Avenida 68 No. 29A-06, con un área de 2.000 metros cuadrados, se presentaron varias irregularidades.
Según la Contraloría, el predio en cuestión fue tomado en arriendo por parte del IDU según propuesta presentada por Jorge Alexánder Pérez Torres, por la suma de $1.753.920.000, es decir, $146 millones pesos mensuales cuando en Metrocuadrado.com, ese mismo edificio contempla un valor de arriendo de $60 millones, lo cual indica que existe un sobrecosto superior a los $86 millones mensuales equivalente a 143%.
“Se pudo establecer además, que con corte a febrero de 2014, los predios que hacen parte del contrato de arrendamiento deben al Distrito más de $194 millones de pesos por concepto de impuestos. El predio debía entregarse, según lo estipulado en el contrato, a paz y salvo de servicios públicos, pero en comunicación del pasado 5 de febrero se pudo comprobar que esto no se cumplió y además, dos de los certificados de tradición y libertad del predio presentan un embargo por parte de la Secretaría de Hacienda”, señala el informe de la Contraloría.
Así mismo, dice el ente de control, ese contrato que fue firmado el pasado 30 de diciembre de 2013 sólo se publicó en el SECOP el 15 de enero de 2014, de manera incompleta y con una constancia en la cual se afirma que éste fue modificado.
Finalmente, el jueves 6 de febrero se publica en su totalidad aduciendo errores en la digitación, sin embargo se pudo observar que una página del contrato tiene sello de recibido el 20 de enero de 2014.
Llama la atención del contralor Diego Ardila Medina que la persona que firma el contrato ha tenido varios contratos con el IDU desde 2011 para arrendamiento de puestos y trasteos y que en abril de 2013 presenta una modificación del objeto incluyendo la actividad de asesor inmobiliario.
El contrato de arrendamiento obedecía en los estudios previos a la necesidad de ubicar 500 puestos de trabajo para apoyar la gestión de adquisición predial y devoluciones por concepto de valorización, pero a la fecha se encuentran allí ubicadas la Dirección Técnica de Mantenimiento, Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema vial, Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema de Transporte, Dirección Técnica de Diseños y Proyectos y un grupo de la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización.
La Contraloría le solicitó a la Administración Distrital informar en un término de 10 días las acciones que se adoptarán para evitar un posible detrimento a las finanzas públicas de la ciudad luego de evidenciarse el sobrecosto en el arrendamiento del predio.