Las presiones de la ETB

Natalia de la Vega se posesionó en septiembre de 2012 como gerente del Fondo de Vigilancia. / Archivo

Primero fue Itelca. Ahora, el ultimátum proviene de la ETB: si para el 22 de agosto no hay transferencias desde el Fondo de Vigilancia, la ciudad se queda sin la línea 123. El presidente de la empresa, Saúl Kattan, señaló que los $15.000 millones que giró el Fondo como anticipo se agotaron, porque la operación de la línea cuesta $1.500 millones al mes y el dinero alcazaba para 10 meses. Agregó que una crisis en la línea de emergencia será responsabilidad de los directivos del Fondo de Vigilancia, que están frenando la modernización.

Sin embargo, las cifras de Kattan están en discusión. O al menos, es lo que se analiza tras conocerse un oficio del pasado 9 de junio enviado por Ricardo Ramírez, sugerente técnico del Fondo, a Alexánder Ávila Ángel, supervisor del convenio, en el que por primera vez se refuta la cuenta de cobro y le piden a la ETB ajustar sus valores. Según el documento, la ETB viene cobrando $1.510 millones al mes, pero por un servicio que debería costar $1.009 millones. La conclusión sale de un informe de interventoría, que dice que algunos servicios los prestaron incompletos o no lo prestaron.

Por ejemplo, mientras la ETB cobró $481 millones por recepción y despacho de llamadas, la operación real fue del 53% y debería cobrar $255 millones; por los equipos de transmisión de datos (TDM) y localización de vehículos (AVL) cobró $90 millones, sin tener en cuenta que la mitad están guardados o perdidos, por lo que debería cobrar $44 millones, y en el caso del ítem denominado “conectividad primario” cobró $135 millones, cuando la operación fue del 5%. A esto se suma otros servicios que no prestaron como el llamado clientes PC, por el que cobró $52 millones.

Si en vez de aplicar la tarifa del ETB se aplica el cálculo del Fondo de Vigilancia, los $15.000 millones alcanzaría para mantener la operación de la línea 123 al menos cinco meses más. Es por esto que funcionarios del Fondo señalan que lo dicho por el presidente de la ETB es una presión más en medio de la crisis alrededor de la línea de emergencia, para asegurar la continuidad del cuestionado convenio.

Sin embargo, de cumplir la ETB la advertencia, en el Fondo ya trabajan en un plan B, según indicó Jairo Osorio, subgerente financiero. La idea es garantizar la continuidad del servicio. En la tarde de ayer, los técnicos se reunieron con personal de la Policía (que recibe el 80% de las llamadas) para definir aspectos cruciales.

Antiguas presiones

Parece que el método de la ETB no es nuevo. Natalia de la Vega, exgerente del Fondo de Vigilancia (entre 2012 y 2013), cuenta que en su administración vivió con la ETB un proceso similar y, a su manera, ratifica que el convenio creado desde 2005 y renovado el año pasado es un verdadero ‘hoyo negro’. “Cuando asumí, encontré que el antiguo convenio se vencía a finales de 2012 y nadie había hecho un estudio para abrir licitación. Fue cuando me indicaron que la opción era prorrogar el convenio”.

“Para esa época se pagaban $1.500 millones y el presupuesto de 2013 estaba definido. Cuando llegó la hora de negociar, la ETB dijo que aumentaba el precio $400 millones al mes, porque Itelca había subido precios y eso se salía de sus manos. No entendíamos cómo una plataforma que ya se había pagado, en vez de bajar, subía costos. Pedimos que reconsiderara y ante la negativa, empezamos a buscamos opciones con otras entidades públicas, que se encargaran de la línea mientras hacíamos estudios. Fue cuando surgió la propuesta de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín (ESU), que cotizó el servicio por casi $1.000 millones, incluyendo los servicios de Itelca”.

“Convocamos una reunión con la ETB, la Alcaldía y el Fondo. Ellos no sabían de la propuesta y la presenté durante el encuentro. Fue cuando cedieron en la tarifa. Se decidió seguir con la ETB, porque jurídicamente era más fácil, ya que la propuesta de ESU nos implicaba trasladar la plataforma y elaborar un nuevo convenio. Sin embargo, ese episodio es prueba de que hay empresas que lo hacen mucho más barato”, agregó De la Vega.

Tras la primera prórroga, el Fondo inició unos estudios para sacar adelante la modernización. En varias ocasiones la llamaron de la ETB para que les diera vía libre para encargarse del proceso, pero la respuesta de De la Vega fue que esperaran los estudios para que pudieran participar en el proceso. Luego se ofrecieron a hacer los estudios técnicos. “Como me negué, porque quería tener el control del negocio, la respuesta del presidente de la ETB en ese entonces fue la misma de hoy: que queríamos entorpecer la modernización”.

En el desarrollo de los estudios, se recibieron dos propuestas. La ETB y la ESU. Por su lado, la empresa de Medellín ofreció todos los elementos que se necesitaban, presentó los costos discriminados y un punto de respaldo en otra ciudad, por si había un desastre en Bogotá. La empresa de Bogotá presentó su propuesta, casi con los mismos componentes, pero sin propuesta económica ni un punto de respaldo. La propuesta de la ESU, costaba $1.392 millones mensuales.

“Hubo una reunión a la que asistieron la secretaria general Susana Muhamad, el de gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo y el Alcalde, entre otros funcionarios. Se escucharon las dos propuestas y Petro dijo que esperáramos antes de tomar una decisión. Que contratáramos un experto internacional, que nos evaluara el tema. Conseguimos a uno, que lideró la implementación en varias ciudades de Centroamérica. Nos faltaban pequeños detalles para abrir el proceso de selección para la modernización, pero salí de la entidad”.

¿Cuál es su análisis de todo esto?: “Veo una terquedad de dejar a la ETB, a pesar de que podemos probar que no tiene precios competitivos para la ciudad. Creo que me iban a hacer la misma. Siempre se ha visto la mano de la ETB en este asunto”. De la Vega reconoce que el objetivo de la licitación era terminar con la intermediación de la ETB y adjudicar por concurso. “Es que ese convenio es una caja negra. Nadie sabe qué se cobra por cada componente y a cuánto. Me parece muy valiente lo que ahora está haciendo el gerente de Fondo, Fernando Arbeláez. Total respaldo”.

Ante las constantes denuncias alrededor de los convenios del Fondo con la ETB, para la modernización de la línea 123, el presidente de la compañía y el alcalde Petro siguen defendiendo su legalidad, negando sobrecostos y señalando que son los directivos del Fondo los que quieren frenar el proceso con todo este escándalo. El caso sigue su camino ante los entes de control. La Fiscalía ya tiene la denuncia, la Contraloría avanza en los hallazgos Fiscales y la Procuraduría ya empezó indagaciones.