Las prisiones al desnudo

Más de diez mujeres, acompañadas de sus familiares, marcharon desnudas desde la Torre Colpatria al Palacio de Justicia. Entre gritos, reclamaron los derechos de sus seres queridos.

La mujer que organizó la marcha de esposas y madres de presos que desfilaron desnudas el viernes, desde la Torre Colpatria hasta el Ministerio de Justicia, se llama María Piedrahíta. Tiene 57 años, los senos caídos, las piernas gruesas y una voz aguda con la que gritó durante más de una hora: “¡Abajo los muros de las prisiones, hay que pelear por los derechos en las cárceles!”. Aunque esperaba alrededor de 30 mujeres en la marcha, sólo 11 se atrevieron a quitarse sus pantalones y camisas por los más de 95 mil presos que hoy hacen parte de la población carcelaria del país. Sin embargo, la protesta cobró relevancia una vez se unieron más de 50 familiares, con pancartas y camisas, que exigían el trato humano dentro de los centros penitenciarios.

La historia de Piedrahíta es la de muchas mujeres en Colombia. Su hijo, condenado por homicidio, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guaduas, una institución que el Gobierno inauguró el año pasado en respuesta al alto índice de hacinamiento en las cárceles. Según datos del Inpec, la sobrepoblación es de más del 39,5%. Y aunque la cárcel parecía una solución franca al problema, la versión de María es diferente: “En Guaduas no hay adónde bañarse, la comida que le brindan a los internos es precaria y mi hijo me dice que los guardias lo tratan como una rata. Incluso, para hacer mis necesidades cuando voy de visita, debo ir con un balde de agua a usar la parte de atrás de una camioneta que un señor alquila”.

Una versión similar cuenta Paola Marín*, una mujer de apenas 29 años que desde hace tres meses está padeciendo la tristeza de visitar a su esposo en la cárcel La Modelo de Bogotá —prisión que retiene a más de 6.500 presos, aunque su capacidad sea de 2.700 internos—. Según ella, su compañero sentimental —sindicado por actos terroristas— no tiene celda propia, por lo que ha tenido que dormir en una colchoneta que acomoda en cualquier pasillo de la cárcel.

Marín también dijo que para poder entrar al centro penitenciario los domingos debe hacer fila desde la una de la mañana: “Los puestos los venden y a veces ni logro entrar. El que no tiene dinero en la cárcel no tiene derechos, por eso, si tengo que desnudarme para que el Gobierno nos preste atención, lo voy a hacer”. Incluso afirmó que en muchas visitas los guardianes han llegado a agredir verbalmente a su hijo mientras lo sostienen con fuerza contra la pared: “No les importa esculcar a los niños, casi que tocarlos. Si ya de por sí no es nada grato ingresar a un menor a un penal, ¿cómo puede ser la experiencia con tratos agresivos de parte de miembros de la institución?”.

El caso del esposo de Marín, que se encuentra preso sin haber sido condenado, es el de la mitad de internos en el país: actualmente, cuarenta mil reclusos no han afrontado su juicio. Otro ejemplo es el del compañero sentimental de Cecilia Durán*, quien ha estado preso diez meses en la cárcel Modelo, por presunta violación de una menor de edad. “La discriminación que existe para los recluidos en el pabellón 1A —destinado a internos sindicados de delitos sexuales— es terrible, incluso para los familiares. Las guardianas que están encargadas de hacer las requisas nos manosean. Es como si en retaliación quisieran abusar de nosotros”.

Como si estos maltratos no fueran lo suficientemente preocupantes, Gabriel Morales*, un niño de 14 años que se unió a la marcha para pedir por los derechos de su padre, sostuvo que el Inpec movilizó a su progenitor de la cárcel Modelo en Bogotá a la cárcel de Tramacua, en Valledupar, sin consultarle a sus familiares. “Llevo cuatro años sin ver a mi papá y me preocupa, porque cada vez que me llama me cuenta que está sin agua, que tiene sed y que está sufriendo”, dice Gabriel.

Apoyando esta afirmación, Gloria Suárez*, joven que por pudor no se atrevió a desnudarse, manifestó que hace dos años y medio trasladaron a su hermano de Bogotá a la misma cárcel en Valledupar. Según cuenta, en Tramacua los internos sólo tienen acceso a cinco minutos de agua en la mañana, líquido que tienen que recoger en baldes y que deben rendir durante el resto del día. En ese sentido, agregó: “Los internos se enferman y no tienen fácil acceso a servicios médicos. Mi hermano dice que debido al desespero que causa a los presos no tener acceso a agua potable, han llegado a suicidarse tres compañeros suyos en estos últimos años”.

A la marcha se unió el representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda —reconocido por liderar debates en el Congreso sobre las políticas carcelarias—. Esta vez manifestó: “Vine a acompañar a estas mujeres, porque independientemente de lo que hayan hecho sus familiares, ellos tienen derechos. El gobierno nacional no tiene una política carcelaria y por eso llena los centros penitenciarios de seres humanos que han cometido pequeños delitos. Entonces el hacinamiento los lleva a un nivel de degradación que saca lo peor de sí. Esta marcha es sólo una muestra de ello: las mujeres han tenido que desnudarse por el grado de desesperación en que se encuentran sus seres queridos”.

*Nombres cambiados