El costo financiero detrás de un sepelio, sumado a la pésima infraestructura de algunos cementerios rurales en el departamento, son las causas por la cuales hacer un entierro está fuera del alcance de muchos cundinamarqueses. Esa es la conclusión de un estudio que hizo Bells Medios y que avaló el Comité Funerario de Bogotá y Cundinamarca, en el que se analizaron los datos detrás de lo que cuesta la inhumación de un ser querido. Este panorama le sirvió de excusa a Fenalco para lanzar una particular propuesta: una alianza de las parroquias que administran los cementerios rurales con el sector privado, para ofrecer sepelios con mejores condiciones.
El estudio comenzó cuando Bells Medios recibió una llamada del párroco de Guasca (Cundinamarca), Hernando Navarrete, quien les contó que, después de que la iglesia llevaba años invirtiendo recursos en el mantenimiento del cementerio del pueblo, la Alcaldía les reclamó el terreno. Cuando esta empresa empezó a indagar más sobre los cementerios rurales, encontraron que no hay claridad en aspectos tan básicos como quién es dueño de la tierra donde se ubican los cementerios, cómo se deciden los precios para arrendar una bóveda y cuáles son los lineamientos mínimos de calidad y salubridad para un camposanto parroquial.
“En Cundinamarca se nota la diferencia de precios entre un municipio y otro, sin importar la distancia, el estado estructural del cementerio o el nivel socioeconómico de la población. Cada parroquia, según lo crea conveniente, pone su precio sin un criterio claro”, explica Rodrigo Beltrán, quien lideró el estudio, que se realizó en diferentes municipios del país.
Cuando el grupo buscó expertos que dieran luces sobre estos camposantos, entraron en contacto con Armando Franco, presidente del Comité Funerario de Bogotá y Cundinamarca de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). El líder gremial ratificó las dudas de los investigadores, al señalar que el sostenimiento de muchos de estos terrenos ha pasado al olvido y su administración recae en las parroquias. “Si hacemos un censo de todos los cementerios, teniendo en cuenta quiénes cumplen con las normas, vamos a encontrar que solo el 30 % está al día con esto”.
En medio del debate por la calidad del servicio, surgió la pregunta de si las parroquias cuentan con los recursos para mantener los cementerios en buen estado. Sobre los costos de un camposanto, Carlos Díaz, el sepulturero del cementerio de Suesca, tiene amplio conocimiento. Mientras desarma un ataúd de madera en el que por diez años estuvo enterrado un cadáver, explica que, sin lugar a duda, un cementerio tiene muchos gastos.
“Toca guadañar a cada rato. Mantener el pasto y las plantas podadas. También hay que cumplir las directrices de la CAR frente al manejo de las bóvedas, para que no contaminen. La corporación exigió que toda bóveda debe tener filtros y otras especificaciones. Son gastos que, aunque no se notan a simple vista, existen. Además, hay que arreglar las cubiertas de las bóvedas y renovar las usadas. Eso sin contar la seguridad que deben tener los cementerios para que los malandros no desvalijen las tumbas”.
Por su parte, Eduardo Rodríguez, párroco del municipio de Zipaquirá, admite que al cementerio que administra le hacen falta bóvedas nuevas y un camino adecuado para que los carros fúnebres puedan subir al terreno, que es escarpado, lleno de montículos y colinas. Sin embargo, los $750.000 que cobran por siete años de arriendo de una bóveda no le alcanzan para hacer estas modificaciones.
No solo los gastos básicos de funcionamiento preocupan a los administradores de los cementerios. Los lotes en los que funcionan no han sido formalmente adquiridos por la iglesia. Un ejemplo está en Guasca, donde la Alcaldía afirma que el lote en el que está el camposanto es un bien mostrenco, es decir, “sin dueño aparente o conocido”, y por lo tanto pertenece al Estado. “El padre me pidió que le vendiera esos predios a un precio irrisorio. Eso no lo puedo hacer, porque estaría incurriendo en malversación de fondos. Si el municipio negocia con la Iglesia, sería a precio del mercado”, dice Francisco Pedraza, alcalde de Guasca.
Para solucionar la falta de dinero y los líos que hoy enfrentan los cementerios rurales, Fenalco propone una inyección de recursos privados. “La población es muy vulnerable y no tienen cómo mantener un cementerio. Se requiere de un equipo especializado y la mayoría de cementerios solo tienen un enterrador, que se encarga de abrir y cerrar la fosa”, dice Armando Franco, presidente del Comité Funerario de Bogotá y Cundinamarca. Además, precisa que las empresas afiliadas a dicho comité ofrecen seguros a precios asequibles que van desde los $10.000 mensuales hasta los $60 millones, para que puedan financiar sus sepelios.
Los peros
Sin embargo, al sepulturero de Suesca, “la palabra privado le suena a más caro”. Le preocupa que la privatización del cementerio conlleve a un alza en los precios. “A todos nos preocupa lo que pasará cuando uno muera. No es que la gente no pague un seguro porque le resten importancia a la muerte, simplemente no tienen con qué”.
William Ortiz, párroco del municipio de Suesca, piensa que privatizar los cementerios rurales limitaría el acceso a personas de escasos recursos que no pueden pagar un seguro funerario. “Los precios que ofrecemos aquí son muy bajos comparados con los cementerios de ciudades como Bogotá. Lo que en una ciudad grande cuesta 6 o 7 millones, aquí cuesta menos de$700.000. Eso les permite a muchas personas asegurar un sepelio digno”.
Ortiz explica que para la parroquia no representaría una gran pérdida que otro se haga responsable del cementerio, ya que los $650.000 que cobran por los sepelios no dejan muchos beneficios, pero sí cuestiona qué pasará con las personas que no tengan con qué pagar un entierro. “Ahora, como la parroquia tiene completo control, si la familia de una persona no tiene recursos para pagar los $650.000 que cuesta el entierro, hacemos colectas, le pedimos ayuda a la Alcaldía y bajamos los precios lo más que podamos para darle cristiana sepultura. Si yo fuera solo el administrador, no podría hacer ese tipo de excepciones”.
El alza en los precios se vuelve entonces una preocupación primordial y tiene una razón de ser. Hoy el alquiler de una bóveda por siete años en Cundinamarca, con entierro incluido, cuesta en promedio $780.000, según el estudio de Bells Medios. En cambio, si una persona adquiere el seguro fúnebre más barato que ofrece el sector privado, a $10.000 el mes, en 15 años habrá pagado $1’800.000 y si lo empieza a pagar desde muy joven y dura con él 40 años, habrá cancelado un monto total de $4’800.000.
Aunque para algunos el pago de este excedente cerraría las puertas de los cementerios parroquiales a los de escasos recursos, otros lo ven como una posibilidad de conseguir la tecnología y mejoras físicas que necesitan. Este es el caso de Ana Gregoria Caicedo, quien visita el cementerio de Suesca todos los días para rezar a su esposo y sus padres, que allí descansan. Opina que el lugar sería más agradable si hubiera más plantas y espacios donde pueda sentarse a rezar. “Tal vez por ese lado sería bueno que el sector privado interviniera en estos cementerios”.
Según comenta a Rodrigo Beltrán, el debate sobre la calidad de los servicios de los cementerios rurales y el precio que las parroquias cobran por los sepelios va más allá de un tema religioso y no tiene por objetivo desprestigiar el trabajo de la Iglesia, pero sí pone sobre la mesa una discusión sobre cómo se presta un servicio de gran importancia para los habitantes de Cundinamarca y el país en general. “Hay dos formas de resolver el problema: que las diócesis se metan la mano al bolsillo o que las parroquias hagan una alianza con el sector privado. Pero esto, así como está, no puede seguir”.