La ciudad está a punto de quedarse sin saber si hubo o no algún detrimento en la ejecución de $1,3 mil millones del presupuesto público, pues hay 438 procesos de responsabilidad fiscal que están a punto de prescribir, y 16 quedarían archivados como aseguró a este diario el contralor de Bogotá Diego Ardila.
Este tipo de procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría determinan si hubo un daño o menoscabo al hacer uso de los recursos públicos del Distrito, y en caso afirmativo, identifican al o a los responsables de los hechos. Los funcionarios del ente de control tienen un plazo de 5 años, a partir de la primera noticia que obtienen sobre un presunto detrimento, para iniciar el proceso y luego tienen 5 años más para culminarlo.
La gravedad en el anuncio hecho por Ardila radica en que de los 480 procesos que están por prescribir ya algunos van a llegar a este punto inevitablemente “porque lamentablemente la Contraloría no pudo sacarlos adelante en 10 años”, como aseguró el recién posesionado contralor.
Si hubo irregularidades en la ejecución de los $1,3 mil millones incluidos en los procesos de responsabilidad fiscal que están en riesgo de prescribir, la capital habría perdido la oportunidad de destinar recursos a importantes obras como “la construcción de 260 megacolegios públicos, teniendo en cuenta que cada unidad de ellos requiere una inversión de $5 mil millones”, como agrega Ardila.
Por esto el contralor asegura que, de acuerdo con el programa que propuso para llegar a ocupar este cargo, se encuentra desarrollando la estrategia para evitar la prescripción de estos importantes procesos para el control de los recursos de la ciudad. “Estamos invitando a las facultades de derechos de universidades públicas y privadas para que nos envíen a los alumnos de 5º año a fin de que practiquen las pasantías y nos ayuden a adelantar esta labor”.
Por otra parte, respecto al llamado que hizo la concejal liberal María Victoria Vargas al contralor para que hiciera pública su declaración de bienes y rentas a fin de evitar que ocurran más escándalos en este ente de control, Ardila aseguró que mañana hará la respectiva presentación de los documentos “Estos son temas que hacen parte de unos negocios hechos con una entidad privada hace cerca de 3 años, pero que en ocasión a mi función como contralor han querido traer a la arena pública y yo no tengo nada que ocultar. Estoy recopilando la información y hoy el banco me va a enviar un cheque con el me pagaron un inmueble de estos”, señaló Ardila.
La petición de la concejal Vargas se hizo luego de que surgiera la polémica por la relación de Ardila con el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, a quien el funcionario compró una casa en el año 2007 cuando gerenciaba la empresa Arkas Asesores.