Que las pruebas de la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro no son idóneas porque son, principalmente, noticias registradas en los medios. Que el Ministerio Público está ejerciendo una indebida injerencia en la autonomía del burgomaestre. Que el procurador no tiene la competencia para suspender a un servidor elegido popularmente. Que la Procuraduría no puede imponer su agenda propia sobre una administración local “a rajatabla”. Que el debido proceso ha brillado por su ausencia.
Con esos argumentos se dirigió hoy el defensor de Gustavo Petro, el abogado Julio César Ortiz, a la Procuraduría. Eran los alegatos finales de un farragoso proceso disciplinario que hoy tiene al alcalde de Bogotá con un pie por fuera de la Alcaldía, por cuenta de la modificación del esquema de recolección de basuras. En el Palacio Liévano, no hay quien lo niegue, se cree casi a ojo cerrado que Petro será destituido por el Ministerio Público. Es tanto así que, tal como lo reveló este diario en la edición del pasado 27 de octubre, Petro ya acudió al sistema interamericano para demandar al procurador por persecución.
En los alegatos finales de Ortiz, éste deja el tema de la persecución de lado. En 215 páginas se concentra más en criticar que, en su concepto, el pliego de cargos que le formuló la Procuraduría a Petro representa prácticamente un interés de este organismo de hacer las veces de “cogobierno”: “La Procuraduría no está llamada a coadministrar ni tiene la potestad de decidir cuál es la manera en que debe actuar el Distrito en el ejercicio de sus competencias (… significaría) una desfiguración anómala de las instituciones democráticas.”, señaló el litigante.
El documento fue radicado en la Procuraduría en la tarde del miércoles 6 de noviembre, y en él se lee una idea que el propio Petro había expresado ante el Ministerio Público también: que la raíz de este proceso disciplinario son las diferencias ideológicas entre el procurador Alejandro Ordóñez y Petro –quien, paradójicamente, apoyó a Ordóñez cuando el primero era congresista y el segundo era candidato a procurador general–. “La falta disciplinaria no puede consistir en el reproche (por los desacuerdos) de enfoque gerencial, administrativo u operativo y menos ideológico”, resaltó el abogado Ortiz.
La Procuraduría sostiene, palabras más palabras menos, que el alcalde Petro puso a Bogotá en riesgo ambiental cuando cambió el esquema de recolección de residuos.
Ortiz, en la otra orilla, explica que si bien hubo amenaza de riesgo, éste nunca se configuró un impacto real: las basuras que permanecían en las calles no alcanzaron a generar moscas (vectores de enfermedades), no hubo mala calidad en el aire y no hubo contaminación por lixiviados. De acuerdo con Ortiz, esos son argumentos suficientes para entender por qué la ciudad, bajo la administración Petro, nunca soportó un desastre ecológico como lo afirma la Procuraduría.
Resumiendo que Petro no cometió ninguna irregularidad que merezca ser sancionada, Ortiz le pidió a la Procuraduría absolverlo y archivar el caso. Es cuestión de semanas para que se conozca la decisión en primera instancia, pero todos –simpatizantes y detractores– dan casi por descontado que Petro no tiene salvación en el organismo de control. En caso de ser sancionado podría apelar pero la segunda instancia es el procurador Alejandro Ordóñez, escenario al que Petro y sus defensores le tienen aún menos fe. Si los temores del alcalde y su gente se hacen realidad, es entonces cuestión de semanas para que la capital de Colombia quede huérfana de alcalde popular.