La Personería de Bogotá, por competencia, envió la indagación preliminar por supuestas presiones del Distrito que habrían incitado a los desmanes contra estaciones de Transmilenio a la Procuraduría General de la Nación.
Durante una visita administrativa, el ente de control de la ciudad verificó que la asesora de la Secretaría de Gobierno, Selma Asprilla, cuestionada por declaraciones dadas a usuarios de Transmilenio, es contratista y no funcionaria de planta del Distrito.
De acuerdo con el Código Disciplinario Único, la competencia para investigar contratistas del Estado es exclusiva de la Procuraduría General de la Nación, por lo que el expediente fue enviado de manera inmediata al organismo de control del orden nacional.
Si de la averiguación se desprende que también hay involucrados funcionarios de la planta del Distrito, la Procuraduría decidirá si lleva un solo proceso disciplinario contra las personas cuestionadas o rompe la unidad procesal y remite a la Personería lo atinente a los servidores públicos para que investigue su conducta.
Asprilla ha sido cuestionada esta semana por aparecer en un video incitando a presionar a operadores de Transmilenio. En la grabación dice: “compañeros, la posición del gobierno de Gustavo Petro es la renegociación de los contratos con los operadores de Transmilenio. Y lo que queremos es que la ciudadanía nos acompañe en esa tarea. Pero no necesitamos parar el servicio de Transmilenio, compañeros. No podemos dañarle la vida a la gente más de lo que está dañada en esas cajas de sardinas. El compromiso del alcalde es renegociar los contratos con el acompañamiento de ustedes a través de los comités, para que mejore el servicio y se reduzca la tarifa. Pero queremos la presión ciudadana, para que las empresas se sienten a negociar de una manera ética con nosotros los ciudadanos. Ese debe ser el compromiso mayoritario”.
En el video hecho el 4 de marzo, cinco días antes de los disturbios del viernes pasado, Selma Asprilla aparece en un auditorio de Transmilenio S. A. durante una reunión entre funcionarios de esta entidad y las organizaciones de usuarios inconformes.