Progresistas se denuncian entre sí

El concejal Diego García instaurará una denuncia penal contra dos de sus colegas de bancada, Angélica Lozano y Carlos Vicente De Roux. Éstos desestiman haber incurrido en algún dellito.

Redacción Bogotá
02 de diciembre de 2013 - 06:58 a. m.
 Diego García, Angélica Lozano y Carlos Vicente De Roux, concejales progresistas. / Archivo - El Espectador
Diego García, Angélica Lozano y Carlos Vicente De Roux, concejales progresistas. / Archivo - El Espectador

Paradójicamente, la bancada de Progresistas en el Concejo resultó dividida por una causa inesperada: un proyecto de acuerdo que buscaba regular la publicidad exterior visual (PEV). Cabildantes como Angélica Lozano y Carlos Vicente de Roux enfrentaron a Diego García, quien era el ponente del proyecto, pues consideraron que en el articulado se habían colado varios ‘micos’, no se estaba “garantizando” el interés público y se habían modificado los principales puntos que interesaban a la administración. Sorpresivamente, García, quien concertó los principios del proyecto con otros concejales interesados en el tema y los empresarios del sector, anunció una denuncia penal contra dos miembros de su propia bancada: Lozano y De Roux.

La historia se remonta a 2012, cuando el concejal Javier Palacio, de la U, y Darío Fernando Cepeda, de Cambio Radical, presentaron un proyecto de acuerdo que regulaba la PEV. Sin embargo, la iniciativa se hundió, pues sufrió varias críticas por la “legalización” de las pantallas LED (hoy ilegales por causar contaminación visual) y otras disposiciones que terminaban lesionando el interés público. De ahí en más, la Secretaría de Ambiente, conciente de que el tema necesitaba ser reglamentado, instaló una mesa de negociación con los empresarios e instituciones interesadas en el negocio que sesionó en cerca de 50 oportunidades.

De esas conversaciones surgió un proyecto de acuerdo que fue radicado en el Concejo hace cuatro semanas, cuya ponencia le fue encargada a Diego García. Simultáneamente, los concejales Palacio y Cepeda insistieron en su articulado, incorporando un artículo del concejal cristiano Marco Fidel Ramírez para prohibir imágenes que, a juicio del autoproclamado “concejal de la familia”, son obscenas. De esa manera, García emprendió una negociación con los otros cabildantes y presentó a consideración de la Comisión del Plan un articulado que resultó más que polémico.

Los concejales Lozano y De Roux, entre otras figuras de Progresistas, consideraron que el articulado iba en contravía de lo pactado en las mesas de negociación. Según denunciaron, el proyecto otorgaba licencias perpetuas a las vallas exteriores, así como su traslado sin control, permitía también motos y carros valla y no fijaba tasas económicas que beneficiaran las finanzas públicas. Para ellos, un conjunto de ‘micos’ que privilegiaban los intereses de agentes privados y no de los ciudadanos.

“Cuando ellos dicen que metimos ‘micos’ quieren decir que incurrimos en un interés indebido, o por lo menos particular, al promover este articulado. Yo no puedo meter las manos al fuego por las hojas de vida de los otros concejales que participaron, pero no voy a permitir que mancillen mi buen nombre. Por eso los voy a denunciar ante la Fiscalía por injuria y calumnia”, dijo Diego García.

El pasado jueves, luego de las denuncias y de una intensa discusión, el proyecto fue aprobado sin los artículos que resultaron polémicos. Si es que el documento es ratificado en plenaria, las vallas podrán ser instaladas solo por tres años prorrogables por el mismo periodo de tiempo y no podrán ser “trasladadas”; y no circularán por la ciudad carros ni motos valla. Sin embargo, según García, “esos artículos nunca existieron en el proyecto que radiqué junto a mis colegas. Ante los estrados, y en plenaria, De Roux y Lozano tendrán que demostrar que nosotros metimos esos supuestos ‘micos’”, dijo García.

Por su parte, Angélica Lozano dice que la existencia de los artículos es indiscutible. También, sostiene que la obligación del Distrito es regular y no “regalar el usufructo del espacio público, como pretendía el proyecto que fue radicado y que no refleja todo el trabajo que fue liderado por Susana Muhamad”, exsecretaria de Ambiente.

“Calumnia es que yo impute la comisión de un delito, pero que yo haya afirmado que García concertó con los valleros, o que dejó pasar un ‘mico’, per se, no es un delito. García se debe asesorar de un penalista porque yo en ningún momento le atribuí un delito. A mi modo de ver no estaba garantizando el interés público en el proyecto que se discutió y eso fue lo que denuncié. Ningún recurso natural, en este caso el campo visual y el aire, se puede licenciar indefinidamente como iba a ocurrir”, dice Carlos Vicente De Roux. Y añade que “decir que concertó no es ninguna injuria. Él extrapoló los alcances de mis palabras. Haber planteado mi inconformismo con firmeza ayudó a que no se aprobara ese error. Tenían los votos y, sino lo hacía así, me aplicaban la aplanadora del pupitrazo”.

Mientras se resuelve esta pelea en las huestes oficialistas, el proyecto seguirá su curso hacia la plenaria. Néstor García, secretario de Ambiente, dice que el articulado satisface en un 80% las pretensiones iniciales de la administración (no cambiaron las tasas de cobro a los valleros). Y, por otro lado, el concejal Diego García dice que el gobierno de Petro lo dejó solo y que, una muestra de ello es que apenas dos días después de discutido el proyecto en Comisión, hizo llegar sus opiniones sobre el articulado desestimando los apartes que añadieron los concejales Palacio y Cepeda.

 

Por Redacción Bogotá

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