:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/agjc-vwBJn9Nc9rZTMNWekTFvF0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/6JCVS7PQFZAS5PLITWSDGFDNQM.jpg)
La situación con los habitantes de calle en la ciudad, luego de la intervención del Bronx, parece inmanejable. Las revueltas en el sector de La Estanzuela (en Los Mártires) y las concentraciones en zonas como el caño de la carrera 30 con calle 6ª, donde no era habitual verlos, son el ejemplo. Las soluciones parecen escasas. En medio del caos, William Suárez, defensor del Pueblo regional Bogotá, lanzó una propuesta a través de El Espectador: mesas de diálogo. La idea caló y ya hay acercamientos.
La iniciativa fue impulsada por el concejal Hollman Morris (Movimiento Progresistas) y la Personería. Ellos lograron sentar en la mesa a cuatro líderes de los habitantes de calle a hablar con el Distrito y la Policía. La idea es buscar una solución, ya que, según la Personería y la Defensoría, Bogotá vive una crisis humanitaria. La reunión fue cordial. Los líderes de los habitantes de calle expresaron su deseo de volver al Bronx, solicitud innegociable para el Distrito, y agregaron que quieren un sitio tranquilo donde puedan permanecer, consumir droga y no ser perseguidos. A su turno, la administración les recordó que puede atenderlos en 34 albergues en los que pueden acceder a alimentación, un techo y la posibilidad de adelantar un proceso de desintoxicación, si así lo deciden.
Los líderes resaltaron, sin embargo, que si bien hay quienes estarían dispuestos a aceptar la oferta institucional, muchos quieren seguir en las calles. Dicen que en los albergues se sienten encerrados, que unos días los tratan bien y otros no tanto, y que prefieren un sitio donde se sientan en libertad.
En medio del encuentro surgió una idea que podría ser polémica. Ante la solicitud de los habitantes de calle, el congresista Alirio Uribe (Polo Democrático) y Hollman Morris sugirieron estudiar la opción de crear una especie de campamento humanitario para que dejen de ubicarse en los caños (generando problemas con vecinos y comerciantes). Allí estarían resguardados, tendrían comida, podrían salir con libertad e, incluso, podrían consumir bazuco.
“Tenemos que recurrir a la imaginación para buscar soluciones. En resumen, lo que quiere el habitante de calle es consumir tranquilamente. Y esa estrategia está inventada: son los centros regulados de consumo, manejados por el Estado, que controlen el impacto sobre el resto de gente que no consume, que controlen lo que se consume y que empiecen a ver a estas personas como víctimas, que requieren de una política de salud pública”, agregó Morris.
El concejal recordó que la pasada administración propuso algo similar e incluso le pidió en vano al presidente Juan Manuel Santos un decreto que autorizara los centros de consumo controlado. La iniciativa podría revivirse ahora que se aprobó la marihuana con uso medicinal. “Sabemos que es una iniciativa que generará un gran debate en el país, pero tenemos que darlo”, puntualizó.
A aprovechar estos espacios
William Suárez, defensor del Pueblo de Bogotá y quien lanzó la iniciativa de las mesas de diálogo, resaltó el papel del concejal y la Personería a la hora de hacer la convocatoria. “Esto abre una luz de esperanza para dialogar con ellos. Sabemos que el tema es complejo. Esperamos que los habitantes de calle se concienticen de que para ellos y sus derechos humanos lo mejor sería aceptar la propuesta del Distrito y aprovechar los servicios que están a disposición”.
Sin embargo, ve muy difícil la aplicación de la iniciativa del campamento humanitario. “Es muy complicado, y aunque creemos que los albergues que hay son suficientes, le dijimos al Distrito que la revisara, que no la descartara del todo”.
Agregó que se debe aprovechar este acercamiento para caracterizar y censar a los habitantes de calle en Bogotá. “Saber quiénes son, saber su origen, qué quieren, a qué se dedican, conocer sus capacidades, sus debilidades y si quieren entrar a un proceso de recuperación. Esto, a futuro, serviría para hacerles ofertas de empleo o promover proyectos de emprendimiento”.
El primer encuentro fue para escuchar posiciones. Aunque no se llegó a una solución, la próxima semana habrá una nueva reunión en la que se esperan más líderes y mujeres representantes de esa población. Si bien es claro que el fenómeno es casi imposible de acabar, la idea es buscar un punto de encuentro entre lo que ofrece la administración y lo que quieren los habitantes de calle para que este conflicto no termine en tragedia.
En efecto, las denuncias de lo que está ocurriendo en la ciudad son dicientes. A las quejas de la ciudadanía y de comerciantes, que se sienten inseguros y sienten que la delincuencia ha aumentado en algunas zonas de la ciudad, también hay quejas de los habitantes de calle, que hablan de atropellos de la Fuerza Pública.
Fue por esto que la Personería llamó la atención sobre las denuncias que han hecho varios habitantes de calle acerca de maltratos de la Policía y las autoridades. “Escuchamos a algunos líderes que denuncian atropellos diarios. Dicen que los policías les pegan, les pasan las motos por encima, les quitan las cobijas… Están sin comida. Por otra parte, sabemos que la Policía también está desesperada porque todo esto es un desgaste”, relató el concejal Morris.
Al final del encuentro, los líderes, quienes vieron con buenos ojos la opción de hablar con las autoridades, se comprometieron a dialogar con sus compañeros para que reconsideren la opción de asistir a los albergues que ofrece el Distrito. Eso sí, aclararon que no será una tarea fácil, porque muchos no quieren dejar la calle ni las drogas, y nadie puede obligarlos. “Este no es momento para seguir criticando, sino para construir una solución, porque esa vulneración de derechos se tiene que acabar”, concluyó el defensor de Bogotá.