Proponen en el Concejo que Transmilenio sea operado por el Distrito

De cada $100 pesos que entran a las arcas de Transmilenio, se estima que apenas $5 son para el Distrito que entre otras, debe asumir la gestión de la operación, el mantenimiento de vías y parte de la seguridad. Por ello, la bancada del Polo Democrático en el Concejo de Bogotá presentó este viernes un proyecto de acuerdo para que el sistema de buses rojos sea público y pase a ser operado por una empresa distrital.

Según argumentó el autor de la iniciativa, concejal Manuel Sarmiento, el proyecto pretende modificar un Acuerdo de 1999 –expedido en la primera Administración del actual alcalde, Enrique Peñalosa– mediante el cual se creó el sistema y en el que se fijó que su operación es exclusiva para empresas privadas.

“En los distintos debates en el Concejo se demostró que la concesión exclusivamente privada del servicio ha causado una ineficiente operación, con uno de los pasajes más caros de América Latina, hacinamiento, frecuencia insuficiente para atender la demanda y además un desangre constante de la Hacienda Pública, que con enormes transferencias financia excesivas ganancias al oligopolio particular y hasta sobrecostos”, manifestó el cabildante.

La iniciativa de Sarmiento propone que el Distrito adquiera los buses, uno de los componentes por los que responden los privados. El proyecto plantea entonces que los vehículos se obtengan mediante la figura de la reversión, es decir, que los articulados con los que actualmente opera el sistema (adquiridos con recursos públicos vía pasaje y de propiedad del Estado, aunque bajo operación de privados) se entreguen paulatinamente al Distrito. Tal reversión se haría bajo ciertas condiciones técnicas que permitan su uso mientras se adquiere nueva flota.

“Transmilenio podría realizar inversiones en flota nueva a partir de presupuestos de vigencias futuras, los cuales tienen su fundamento legal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital”, indica el proyecto, que además prevé que, dado que la operación directa generaría gastos corrientes para el Distrito, estos que serían financiados con los subsidios que hoy se destinan “para sufragar las utilidades pactadas en los contratos de concesión de Transmilenio en favor de los operadores privados”.

Sarmiento rechazó el anuncio de la Administración Peñalosa de prorrogar hasta 1,5 millones de kilómetros la vida útil de los buses articulados de la fase 1 de Transmilenio, algunos de los cuales tendrían en realidad menos de un año de vida útil –según denunció el concejal Juan Carlos Flórez (movimiento Alianza Social Independiente ASI)– y que además se caracterizan por ser más contaminantes.

“Por esta razón, el proyecto contempla para el operador público, la creación de un Fondo de Reposición de Flota que, con los utilidades obtenidas en el tiempo provenientes de las unidades que reciba en reversión, puedan irse sustituyendo los buses que cumplan su vida útil por otros nuevos”, explicó el cabildante.

“Cada vez es más evidente la necesidad de que Bogotá dé oportunidad a la existencia de un operador público, que, tal como sucede en las principales capitales del mundo, funcione con una lógica distinta a la del lucro privado, de auténtico servicio y no como negocio”, puntualizó el cabildante.