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Si usted es uno de los ciudadanos que se mueve en el Sistema de Transporte Público (SITP) de Bogotá seguramente en algún momento habrá tenido que pagar los transbordos sin los descuentos que ofrece la tarjeta TuLlave. Esto, debido a que no todas las estaciones de Transmilenio reciben este medio de pago, sino solo las tarjetas Cliente Frecuente (roja) y Monedero (azul). Por ese sobrecosto, la Personería de Bogotá considera que los usuarios del sistema merecen una indemnización y propone una rebaja en la tarifa.
Si todas las estaciones recibieran las tarjetas existentes o si la tarjeta del SITP se pudiera usar en cualquier estación de Transmilenio, el valor del trasbordo sería de hasta de $300 (si no excede los 75 minutos en el intercambio de bus) y no una tarifa plena como ocurre en muchos casos . Hoy, en promedio cada ciudadano destina $52.000 mensuales adicionales para cubrir los costos de transbordos de buses articulados de Transmilenio a rutas urbanas del SITP o viceversa, debido a que no hay un medio de pago único en el SITP. Por cuenta de esa situación, quienes hicieron transbordos de las Fase I y II en 2014, tuvieron que pagar un costo adicional de $4.911 millones por la falta de integración del medio de pago, como lo dice un estudio de la Personería.
“Por la razón que sea, la administración les ha causado un daño económico a los ciudadanos al obligarlo a comprar varias tarjetas para moverse en el SITP. Por eso, con la acción de grupo queremos proteger los derechos de los usuarios”, explica el personero Ricardo Cañón.
El ente de control ya había presentado una demanda en 2013 pidiendo que devolvieran el dinero que la gente pagó adicionalmente por la falta de integración de tarjetas. Ahora la Personería pide mediante una nueva acción de grupo que los cerca de $55 mil millones de sobrecosto pagados por más de 500 mil usuarios se devuelvan por medio de una rebaja o un tiempo gratuito en el servicio.
Quienes tendrían que responder por este dinero serían la Alcaldía de Bogotá, Angelcom (empresa encargada de manejar las tarjetas azul y roja), Recaudo Bogotá (que maneja la tarjeta verde), Transmilenio, la Unión Temporal Fase II y la Superintendencia de Puertos y Transporte, entidades y empresas contra las que la Personería decidió presentar la demanda.
El problema para unificar el medio de pago
Ese lío que viven a diario los bogotanos con las tarjetas se desprende de una vieja pelea que comenzó en agosto de 2012, al mismo tiempo que la implementación del SITP. Angelcom señalaba que la empresa Recaudo Bogotá debía adaptar la nueva tarjeta del sistema a su tecnología y Recaudo no podía hacer este proceso debido a que su medio de pago es más moderno y tenía características especiales por el nuevo esquema de transporte.
Luego, Transmilenio ordenó que Recaudo Bogotá instalara torniquetes que leyeran todas las tarjetas en las estaciones de las fases I y II de Transmilenio, pero Angelcom se negó a que esto ocurriera y para ello presentó distintas acciones legales. La integración de tarjetas apenas va en 30%, según aseguró el alcalde Gustavo Petro.
Este miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos contra Angelcom y afirmó que habría obstaculizado el proceso de integración del medio de pago en el SITP por medio de una conducta “abusiva al impedir y obstruir el acceso efectivo de Recaudo Bogotá (encargada de la tarjeta TuLlave de color verde) a las fases I y II del sistema, mediante la implementación de una estrategia dilatoria en la entrega de información requerida para el proceso de integración de las tres fases del sistema”.
La Personería en su demanda destacó que la fórmula de reparación se puede aplicar no sólo a través del pago de perjuicios a los usuarios afectados que puedan demostrar dicha condición, sino a través de la rebaja en la tarifa o la gratuidad temporal del servicio de transporte.
¿De dónde salió la propuesta de la Personería?
El personero cuenta que acudió a varias sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y a un caso norteamericano. Se trata de una demanda presentada contra la compañía Yellow Cab Company, por el sobre costo tarifario de los taxis en el estado de California. Allí la Corte Suprema ordenó el 15 de noviembre de1967 que le pagaran a los perjudicados con la rebaja o gratuidad del servicio de manera temporal, como forma de reparar los costos exagerados.