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La controversia y resistencia alrededor del proyecto Proscenio, que propone intervenir un espacio de casi cinco veces el coliseo Movistar Arena y levantar viviendas, oficinas, comercio y hasta un teatro, puede sintetizarse en un frente: movilidad. Mientras los vecinos del barrio La Cabrera, uno de los más exclusivos del norte de Bogotá, denuncian que la obra podría empeorar el tráfico y restar vocación residencial a la zona, los constructores insisten en que renovará el sector y mejorará la calidad de vida. ¿Hay alguna alternativa que permita dirimir el conflicto?
Antes de responder ese interrogante hay que señalar que Proscenio es un plan parcial de renovación urbana, ubicado estratégicamente en inmediaciones del parque El Virrey y la Zona Rosa, e implica demoler 260 predios, entre las calles 85 y 88 y las carreras 13 A y 15. De allí la disputa.
La obra fue aprobada por el Distrito en 2010 y detrás de ella estaba la fallecida María Isabel Murillo, mejor conocida como Misi, que lo ideó como un espacio para el arte y la cultura. En 2014, ante las trabas que tuvo, fue asumida por la firma Cimento, integrada por Amarilo Inversiones y el grupo Spectrum.
Tras años de gestiones y estudios, así como el compromiso de realizar obras de mitigación, lograron que el 22 de noviembre la administración de Enrique Peñalosa autorizara vía decreto cambios relacionados con la conectividad peatonal, el aumento del espacio público y la ampliación de vías, andenes y plazoletas públicas.
Justo ahí arrancó el pleito, pues, aunque los constructores han logrado convencer al 86 % de los propietarios, hay un grupo de residentes que se opone. ¿La razón? Para ellos, que el Distrito haya cambiado el uso del suelo en la zona resulta cuando menos inconveniente, pues temen, no solo que el comercio traiga mayor población flotante, sino que deteriore la movilidad hasta hacerla un caos.
El descontento es tal que sus reclamos han encontrado eco en organismos como la Defensoría del Pueblo, que llamó la atención también por aspectos como el ambiental. Según el jefe de esa cartera, Carlos Negret, la modificación debió ser concertada con los vecinos, dado que la obra se encuentra en inmediaciones del parque El Virrey, que hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. Por ello pide que se revoque el decreto o se aclaren las dudas.
Sin embargo, otra es la versión del grupo Cimento, que advierte que actualmente hay un “área deprimida y afectada por problemas de movilidad, seguridad y pérdida de espacio público”. Por estas razones argumentan que Proscenio traerá al sector calidad de vida, mejores espacios públicos y “una densificación razonable”. Se trata, sostienen, de un “urbanismo integral” en el que los ciudadanos podrán acceder a ofertas de vivienda, comercio, oficinas, restaurantes y cultura. Defienden además que El Virrey no fue incluido dentro de la delimitación del plan de renovación, es decir, no tendrá ningún tipo de intervención.
Al margen de las diferencias, el reclamo sigue siendo el deterioro de la movilidad. Si bien en Proscenio admiten que habrá “incomodidades”, destacan que una vez concluya el proyecto mejorará el tráfico del sector. ¿Cómo? A través de ampliaciones en cuatro tramos, la prohibición de que los camiones descarguen en la vía (solo podrán hacerlo en el interior de los sótanos), el aumento de la oferta de parqueaderos, pasando de 300 a 3.900, y posibilitando que el acceso sea a través de seis grandes ingresos.
Uno de los tramos que serán intervenidos es la calle 86 A, que pasará de dos a cuatro carriles y un deprimido entre las carreras 14 y 15. Precisamente ahí es donde recae el mayor descontento de los vecinos y eventualmente podría ser el punto de equilibrio. Así lo sostienen Mario Noriega y Gloria Inés Moreno, quienes tomaron la vocería de los inconformes. Ellos han llegado a alertar, incluso, que los estudios de movilidad que respaldan la obra tendrían errores.
Pese a que admiten que hoy Proscenio no tiene reversa, dicen tener el punto medio que zanjaría la controversia: que no se intervenga la calle 86 A, que está pensada como una de las entradas y salidas al proyecto. “No queremos que entren y salgan por el barrio, es decir, que la construcción del proyecto no implique la destrucción de un barrio con vocación residencial. Esto va a generar una muralla sobre toda la zona y se puede solucionar si hacen ese acceso sobre la carrera 15”, dice Noriega.
Desde la orilla opuesta, Gabriel Escallón, gerente general del proyecto, responde que, aunque quisieran facilitar el acceso, no pueden hacerlo, pues el actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no lo permite. “El POT impide que estos proyectos tengan accesos sobre vías arteriales, y la 85 y la 15 lo son. Por ello tenemos que hacerlo sobre una secundaria: la 86 A”.
Noriega controvierte y manifiesta que el remedio sería que Proscenio hiciera la vía secundaria y no usar la existente. “La norma dice que también la pueden hacer ellos y hacer otro deprimido, logrando que el tráfico se resuelva por la 85 y la 15. Así salvan el barrio”.
Aunque los directivos de Proscenio señalan que aún les falta adquirir algunos predios, aseguran que han ofrecido alternativas que van más allá de la compra, como un canje por el mismo espacio en el proyecto o convertirlos en socios para acceder a los beneficios económicos. Con todo, esperan que a más tardar en 2020 ya se hayan tramitado las licencias de urbanismo y de demolición. Es decir, resta un año para que avancen las negociaciones. ¿Prosperará la propuesta de los vecinos? ¿Habrá otra alternativa que garantice un punto medio? La discusión está abierta.