:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/LMa1X4kwJ_zKCxbKYmZtSKqjSxw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/YFPNCY4DHRCBFE6DZOUCTT43UU.jpg)
Tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme el regreso de las corridas de toros a la capital del país, la Administración Distrital y varias organizaciones animalistas decidieron preparar un proyecto de acuerdo por medio del cual pueda llevarse a cabo una consulta popular antitaurina en Bogotá, para que sean los habitantes de la ciudad quienes decidan si las actividades taurinas continúan o no en la Plaza de toros La Santamaría.
Una de las promotoras de la iniciativa, Natalia Parra, directora de la plataforma Animales Libres de Tortura (Alto) y del programa Defenzoores TV, manifestó que el proyecto se presentaría este mes al Concejo de Bogotá. En diálogo con Blu Radio, Parra aseguró que ‘’no necesariamente porque algo sea cultural es éticamente correcto, entonces debemos tener la posibilidad de decidir si queremos o no seguir con este tipo de actos’’.
La propuesta de los defensores de la vida de los animales, es que el Congreso de la República apruebe un proyecto de ley donde se eliminen las excepciones que tiene la ley 84 de 1989, que regula las actividades con animales en el país, y que decreta las corridas de toros como actividades de tradición cultural, según indica la directora de la Plataforma ALTO.
En septiembre de 2014, la Alcaldía de Bogotá pidió la nulidad y aclaración sobre la decisión de la Corte Constitucional que ordenaba reabrir la plaza de toros. La Administración Distrital argumentó que la Corte malinterpretó el fin que buscaba el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que era evitar el maltrato y la tortura animal. Así mismo, la iniciativa de Petro que era reabrir la Plaza pero con fines culturales.
Debido a las obras que actualmente se realizan en la Plaza La Santamaría, el Distrito indicó que esta no podría abrirse en el plazo de seis meses como lo establece el fallo de la Corte Constitucional, puesto que el proceso está en este momento en una etapa de nueva licitación, por lo que la reestructuración tardará al menos 14 meses.