Hace siete meses y medio, con el propósito de ofrecer servicios en el régimen subsidiado de salud a más de 380.000 usuarios de Bogotá, la entonces alcaldesa (e) Clara López Obregón puso en marcha la empresa Capital Salud EPS-S. Hoy, esta iniciativa, fortalecida por una ley y autorizada por el Concejo de la ciudad, atraviesa por una difícil situación producto de la inconformidad del alcalde Gustavo Petro y su secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, frente al modelo de salud a desarrollar en Bogotá.
El dilema empezó a ponerse de manifiesto el pasado 20 de febrero, cuando debía realizarse una sesión ordinaria de la junta directiva de Capital Salud, pero no fue posible tomar decisiones porque la nueva administración distrital no había nombrado a sus delegados en la junta directiva. Durante la reunión trascendió que esta circunstancia se le había advertido al secretario de Salud desde un mes atrás, sin que hubiera sido posible que se hicieran las designaciones. A lo anterior, no demoró en sumarse otro problema.
El 24 de febrero, en una carta dirigida al alcalde Petro, el presidente de la EPS Salud Total, Luis Guillermo Vélez Atehortúa, le exteriorizó su intención de vender su participación accionaria en Capital Salud, argumentando que Petro había manifestado, durante un programa de televisión, que esa EPS que había recibido era un dolor de cabeza. La razón del alcalde obedecía a que, en su criterio, el gerente de la EPS es nombrado por el socio minoritario. En opinión de Petro, su apuesta es el Fondo de Financiación Preventiva.
En su misiva, Vélez Atehortúa recalcó que Salud Total no es una entidad novata en el aseguramiento del riesgo en salud y, por el contrario, ha sido pionera en la atención de población necesitada, con experiencia en Vaupés, Meta, Guaviare y Cundinamarca. Además, añadió, fue el Distrito el que buscó la asociación con la EPS y su participación nació de un proceso que lideró la Universidad El Bosque, obteniendo el mayor puntaje entre siete aseguradoras del régimen subsidiado.
En la misma comunicación, Vélez le hizo saber al alcalde que no era cierto que la EPS fuera leonina, pues tres de los cinco miembros de la mayoría accionaria, así como de la junta directiva de la entidad, eran integrantes del Distrito. Así mismo le recordó que, de conformidad con una circular de la Superintendencia de Salud, la EPS distrital tenía la obligación de presentar su información financiera a más tardar el 25 de febrero, obligación que no se había podido cumplir por la falta de los nombramientos.
Cuando se esperaba una pronta solución a las discrepancias observadas, al presidente de Salud Total, Luis Guillermo Vélez, le llegó una misiva del propio secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le respondía que la propuesta sobre la venta de la participación accionaria de la EPS en Capital Salud no podía tramitarse y se trataba de una “intención de venta de acciones futura e incierta”, respecto de la cual, resaltó Jaramillo, se estarían comunicando oportunamente.
Ese mismo día, al despacho del secretario de Salud llegó otra carta, esta vez de la representante legal de Salud Total EPS, Claudia María Sterling, en la cual le recordó que Capital Salud es una sociedad de economía mixta de la que Bogotá posee el 51% y Salud Total EPS el 49%. En tal sentido le añadió el procedimiento establecido para una eventual enajenación de acciones entre los propietarios, aclarándole los diferentes aspectos donde se podían registrar inquietudes directivas.
Pero la situación ya había empeorado. Un equipo de auditores de la Secretaría de Salud hizo presencia en la sede de Salud Total y, sin dejar acta alguna, se llevaron varios documentos. La gerencia de Capital Salud dejó constancia de lo sucedido en una carta al alcalde Petro. Además reiteró su disposición a ponerle en venta sus acciones al Distrito o a venderle a un tercero, ante las dificultades surgidas entre las partes. El secretario de Salud argumentó que la EPS Salud Total sólo quería ocultar su falta de transparencia.
En medio de la pelotera, la semana anterior logró realizarse la asamblea para escoger a los miembros de la junta directiva del Distrito que deben participar en Capital Salud. Con otra sorpresa: el propio secretario Jaramillo se autonombró como miembro de la junta, al igual que designó a su subsecretario y puso también el gerente. La réplica no demoró, porque la presencia de Jaramillo podría suponer un desconocimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de funcionarios.
Finalmente los nombramientos no fueron registrados en la Cámara de Comercio y, ante las dificultades jurídicas suscitadas, tendrá que realizarse una nueva asamblea para escoger a los miembros de la junta. Mientras la alcaldía de Gustavo Petro casa una nueva pelea, esta vez con el socio estratégico en EPS Capital Salud, los usuarios del régimen subsidiado, es decir, de los estratos de menores recursos tienen que soportar las dificultades para la prestación de los servicios de la EPS Capital Salud.
Las discrepancias públicas entre la administración distrital y la EPS Salud Total se producen precisamente en momentos en que aquélla presenta ante la sociedad su nuevo modelo de atención de salud en la capital de la República (ver nota arriba). Hace apenas siete meses y medio se había dicho, con bombos y platillos, que la nueva EPS Capital Salud, con capital público y privado, iba a ser la gran solución para fortalecer la atención en 22 hospitales y 174 puntos de atención distribuidos en toda la ciudad, para atender a la población de menores recursos en Bogotá.