¿Qué hacer con las alcaldías locales de Bogotá?

La seguidilla de irregularidades reveladas por la Personería, sumada a la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de pedirles la renuncia a todos los mandatarios de las localidades, de nuevo pone sobre la mesa la pregunta: ¿qué hacer?

Redacción Bogotá
30 de abril de 2017 - 09:30 a. m.
El Espectador
El Espectador

Las alcaldías locales, desde su creación, han estado en el ojo del huracán. No hay año en el que no se vean salpicadas por algún tipo de denuncia. Pasó en las administraciones de Samuel Moreno, en la de Gustavo Petro y ahora en la de Enrique Peñalosa. En los últimos años, al menos 16 alcaldes locales enfrentan procesos penales y otros 17 han sido sancionados por la Personería. Esto, sin contar los que están en etapa preliminar. Aunque la actual administración dice que no tiene evidencias de corrupción, ya son ocho de sus mandatarios los que están salpicados por posibles irregularidades en su gestión. (Vea al final la lista de alcaldes procesados y sus líos)

Con los escándalos llegan las reflexiones, los anuncios de cambios y al final, todo pasa a un segundo plano hasta que revienta una nueva crisis. Lo único que ha permanecido es la imagen de las alcaldías locales ante de la ciudadanía. Según la encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos 2016, aún hay un 17 % de ciudadanos que no saben que existen, y de los que sí saben, solo el 24 % cree que cumplen una buena gestión. El 44% cree que es regular y el 32%, mala.  Muchos creen que son inspectores de Policía.

Pero ¿qué hacer? Expertos, políticos y alcaldes señalan que encontrar una salida definitiva es difícil. La razón es que alrededor de las alcaldías locales hay un panorama complejo que parte desde el propio método de selección, pasando por exceso de funciones, falta de personal, multimillonarios recursos y una serie de intereses y políticos, que quieren meter la mano en la gestión de los alcaldes. Y si a esto se suman hechos como los descubiertos en Personería y Contraloría, de funcionarios que cobran por refundir expedientes, parece imposible

El exalcalde Jaime Castro señala que la decisión del alcalde Peñalosa de pedirles a todos los mandatarios locales la renuncia es algo que no tiene precedentes. Es clave saber las razones que hay detrás: si es por corrupción o por razones políticas. ¿Por qué? Porque si es por corrupción debía sacar solo a los comprometidos en actos indebidos, antes de que “raspen la olla”. Lo único claro es que esto se debe resolver pronto, porque la interinidad no le conviene a la ciudad. 

Aunque han surgido múltiples iniciativas que van desde crear un organismo que controle la ejecución de los recursos en las localidades, pasando por la modificación del proceso de selección e, incluso, de eliminarlo, volviendo a la época en la que el Alcalde Mayor era el único responsable de su elección (sin convocatoria pública, ni intervención de las JAL), ninguna ha calado. Y es que el problema parece ir más allá de lo técnico.

Desbordan su capacidad

El testimonio de un exalcalde local, quien hoy rinde cuentas ante la justicia, es diciente respecto al panorama que tienen que enfrentar en el ejercicio de sus funciones. Aseguró que detrás de las elecciones de los mandatarios locales hay muchos intereses políticos y económicos, que en oportunidades desbordan los límites de la legalidad. Algunos ediles o concejales -dice- han impuesto lógicas contractuales para sacar provecho y favorecer a sus “amigos”.

Negarse a la influencia de estos políticos no es fácil. Por un lado, muchos alcaldes locales, desde que deciden participar en el proceso de elección ya deben favores políticos. Y una vez en el cargo, según afirma, quienes quieren desmarcarse para administrar con transparencia, en algunos caos, terminan enfrentando una guerra legal que paradójicamente se traduce en quejas ante los entes de control o investigaciones penales, que impulsan a través de sus contactos. Todo esto con el fin de que mantener la presión y conservar el manejo de la contratación.

Cuenta, además, que existen distintos vicios para otorgar contratos a dedo: por un lado, se fijan condiciones que solo un contratista puede cumplir y, por el otro, se sustituyen los convenios de asociación por contratos de prestación de servicios a personas jurídicas. Todo con la ayuda de otros funcionarios, que trabajan en la alcaldía y que son fichas de los mismos políticos.  “La cantidad de funciones de los alcaldes hace que sea físicamente imposible revisar cada uno de los contratos que se celebran en la localidad, por lo que es muy fácil incurrir en un delito o una falta disciplinaria”.

Por su parte, un poco más mesurada, la actual alcaldesa de Usaquén, Mayda Cecilia Velásquez, considera que la coyuntura actual es un momento crucial para que se fortalezca la figura de las alcaldías locales, pues aún tienen múltiples limitaciones. La primera es su estructura, pues sólo cuenta con un directivo: el mismo alcalde. Eso los perjudica, pues no pueden delegar algunas de sus 150 funciones.

“Es que nos toca responder desde un derecho de petición hasta adjudicar un contrato. Nada de eso tiene más control que los mismos alcaldes. Tenemos muchas funciones y a veces no damos abasto”. Si bien cree que los alcaldes locales son un articulador con el Distrito, actualmente les endilgan obligaciones “simulando la misma organización del nivel central”, que no son posibles de sostener a largo plazo.

Ahora bien, en cuanto a las presuntas irregularidades que denunció la Personería, cree que el tema se ha manejado muy mal ante los medios, porque pareciera que hay casos de corrupción y solo se trata de unas “dificultades en procesos administrativos”. Eso no significa, insiste, que haya corrupción.  Aunque su alcaldía es una de las cuestionadas, dice estar tranquila porque no ha hecho nada irregular.

Una oportunidad

Una investigación que realizaron hace un año Bogotá Cómo Vamos, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y Probogotá, justo antes de la elección de los actuales alcaldes locales, evidenció temas urgentes, como analizar el criterio meritocrático del proceso de selección, debatir si valdría la pena intentar que la elección fuera por voto popular y pensar en hacer una reforma a las múltiples funciones que les han sido asignadas a los alcaldes locales, ya que ni ellos, ni la Administración, saben exactamente cuántas y cuáles son.

Según Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, la reciente crisis es una oportunidad para pensar en el futuro de las alcaldías locales. “La idea no es eliminarlas, porque representan la democracia en las localidades. Sin embargo, es momento de pensar cómo fortalecerlas. Al analizar sus funciones, hay algunas tan absurdas como tener que firmar el carné de los celadores que tienen perro. El debate hoy se concentra en los alcaldes, pero también debe ser la oportunidad para preguntarnos ¿cuál ha sido el papel de las Juntas Administradoras Locales (JAL)? ¿Cómo se dieron los debates?, ¿cómo se eligieron las ternas y qué tuvieron en cuenta?”

Para el exalcalde Jaime Castro, el problema no está en el trámite, porque como está diseñado garantiza la participación democrática. “Antes los elegía directamente el alcalde mayor y esa fórmula se agotó. No había corrupción, porque esos funcionarios no tenían recursos. Escasamente les daban para cobrar lápices y papel. Hoy en Bogotá hay alcaldías locales que tienen más habitantes y presupuestos que 800 municipios del país. La única propuesta que han hecho es la elección popular, algo que no es tan conveniente.  Aquí lo que se debe exigir es que las Juntas Administradoras Locales (JAL) integren ternas de mayor calidad”, agrega. 

La representante a la Cámara, Ángela Robledo (Alianza Verde), destaca que no es cierto que en las alcaldías locales exista una corrupción histórica. Recordó que con Antanas Mockus trabajaron de manera coordinada Distrito, alcaldías locales y veedurías, y no tuvimos líos de corrupción. “Eso no quiere decir que no existan problemas, pero la corrupción no afecta a todas las alcaldías. Lo que hay que hacer es exigir más controles. Además, una formación más técnica para los alcaldes, para que no incurran en errores”.

Sobre la posibilidad de quitarles a los alcaldes locales responsabilidades y recursos, ella insiste en que eso sería un gran error, pues la solución no es centralizar. “Aunque es claro que a Peñalosa no le gusta el manejo desde las localidades, no podemos permitir que los alcaldes locales terminen como ejecutores de decisiones que se tomen en la administración central, bajo el argumento de que se roban la plata. Los presupuestos participativos son importantes para las localidades”, señala Robledo.

En cuanto a la elección de estos mandatarios, insiste la congresista, está claro que en la elección inciden intereses de los partidos, los ediles y los concejales, pero que eso se podría acompañar con mayor participación ciudadana. “Que las entrevistas en las JAL sean públicas, que la gente pueda preguntarles a los candidatos. Si logramos esto, le podríamos imprimir mayor transparencia, sin tener que modificar el Estatuto Orgánico de Bogotá, como proponen algunos. Esta es una buena oportunidad para empezar a aplicar mejores métodos. Sin embargo, hay que recordar que al final el que elige es el alcalde”.

Cambio del Estatuto Orgánico

Cada que hay un escándalo por posibles irregularidades en las alcaldías locales, se toca el mismo tema: modificar el Estatuto Orgánico de Bogotá, que fija la organización política, administrativa, fiscal y territorial del Distrito. Uno de los últimos en hacer la propuesta fue el hoy secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay (cuando era concejal) y la concejala Clara Lucía Sandoval, quienes hablaron de presentar una propuesta al Congreso y cambiar el funcionamiento, competencias y responsabilidades de las alcaldías locales. “Ajustar los mecanismos de control, para que la asignación de recursos sea eficiente y transparente”, dijeron.

Aunque desde 2015 se llevó la iniciativa a la Cámara de Representantes, la reforma que se está cocinando no incluye regular la facultad de contratación de los alcaldes locales. Lo que sí se ha considerado es crear una nueva unidad administrativa de asuntos locales, independiente a la secretaría de Gobierno, con su propio gerente, que agrupe a todas las alcaldías locales, que responda por el desarrollo territorial y de las localidades. A esto se sumaría una nueva división territorial en la capital, que fusionaría las localidades con menos de 200.000 habitantes y dividiría las más grandes.

¿Cómo se elige a un alcalde local?

La elección de estos funcionarios tiene un componente meritocrático en el primer filtro, que realiza la Universidad Nacional, pero de ahí en adelante la designación es política. El trámite es el siguiente: los interesados se postulan, presentan documentos y un examen de conocimiento. Las hojas de vida de quienes pasan el corte quedan a consideración de los ediles de cada localidad, que conforman una terna y se la presentan al alcalde mayor.  Los alcaldes a los que hoy les pidieron la renuncia se presentaron junto con 3.224 ciudadanos, de los cuales 325 pasaron el examen. Las 20 ternas que conformaron las juntas administradoras locales fueron entrevistadas por el alcalde; el secretario de Gobierno, Miguel Uribe; la secretaria general, Dalila Hernández; la secretaria privada, Gisele Manrique, y el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Antonio Hernández. En la mayoría de casos fueron designadas personas que pertenecen a los partidos de la coalición de gobierno.

¿Qué hace un alcalde local?

Un alcalde local tiene casi 150 funciones. No se trata sólo de velar por la seguridad y convivencia de los habitantes de su territorio, como lo establece desde 1993 en el Estatuto Orgánico de Bogotá. Entre sus tareas también deben censar perros potencialmente peligrosos, exigir que los planos para construir una piscina nueva los presente un ingeniero o arquitecto con tarjeta profesional, llevar el registro de pasacalles y pendones, y practicar pruebas en procesos policivos.

Una investigación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes señaló que sus tareas siguen creciendo, pues con frecuencia, el Concejo aprueba acuerdos que delegan más funciones. De esto se deriva que, para los alcaldes, el presupuesto que les asignan sea insuficiente y que carezcan de autonomía para invertirlo. Por más que hagan encuentros ciudadanos en los que los líderes locales definen prioridades, la Alcaldía Mayor determina los lineamientos gruesos.

Ejemplo de eso es la directriz de la pasada Alcaldía que obligó a que las administraciones locales invirtieran cada año el 40% de sus presupuestos reparando vías. El estudio propone cambiar el sistema para que la inversión se planee de acuerdo con las necesidades de las localidades. Aunque tienen a la mano millonarios recursos, por más que sean escasos para atender las necesidades de su gente (Se calcula que este año ejecutarán $1,7 billones), eso hace que los intereses de los partidos, o de algunos políticos como concejales, también estén metidos en su gestión. La plata se va en contratos que pueden llegar a ser tan cuestionados como los que tienen ante la justicia a varios mandatarios y exmandatarios.

Por Redacción Bogotá

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar