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Los cupos en los colegios en concesión en Bogotá son apetecidos. Fuera de su buena reputación y que todos cuentan con jornada única, lo que más llama la atención de los padres son los buenos resultados en las pruebas del Estado y que en muchos casos están en puntos donde la oferta de colegios es baja. Hay 22 y esta semana el Concejo aprobó el uso de vigencias futuras para ampliarlos a 35.
En sí, los colegios en concesión son instituciones públicas administradas por privados. A diferencia de los distritales, según la Secretaría de Educación, cuentan con baja deserción, mayor vinculación a instituciones de educación superior y mejor clima escolar, por lo que crear otros 13, además de una meta cumplida, es para el Distrito una de las mejores alternativas para la educación.
Pero no todos lo creen así. En medio del debate en el Concejo, en el que aprobaron los recursos para garantizar la operación de estas instituciones en los próximos 10 años, los primeros en protestar fueron los maestros de la Asociación Distrital de Educadores (ADE). Según ellos, la concesión de estas 13 nuevas instituciones va contra la ley. “La Secretaría de Educación no tiene por qué solicitar dinero para concesiones, porque, según la norma, esta figura solo se puede usar cuando el Estado demuestra que es incapaz de brindar un servicio y necesita la ayuda de privados. Ese no es el caso de Bogotá”, asegura William Agudelo, directivo del gremio sindical.
Por otro lado, para la ADE, este esquema afecta a los profesores, pues “se estanca el nombramiento de docentes y los que son contratados no cuentan con las garantías que tienen los que trabajan en instituciones oficiales. Por ejemplo, no les pagan con base en su escalafón; los contratos son a término definido, y solo reciben el salario de 10 meses al año. Además, tienen que trabajar los sábados y, en varias ocasiones, ni siquiera tienen salarios justos”, manifiesta Agudelo.
En el Concejo, la ponencia negativa la expuso Juan Carlos Flórez, quien señaló que, más que colegios en concesión, lo que necesita la ciudad es mejorar la calidad de la educación pública. “Las brechas de resultados entre colegios públicos y privados se ha reducido en los últimos años, entonces ¿por qué no concentrar todo nuestro esfuerzo en que siga reduciéndose, cuando las instituciones han demostrado que tienen capacidad y sus equipos docentes y de estudiantes la disposición de realizarlo?”, aseguró.
Dentro de sus críticas, Flórez destaca que la Secretaría de Educación no ha ejecutado el 93 % de los recursos que ya se le asignaron. Por eso, dice, pedir más dinero es cuestionable, especialmente al conocer que la construcción de los nuevos colegios va a paso lento, pues de los 13 que entrarán en concesión, seis están en obra y solo tres tienen un avance superior al 30 %.
Ante las críticas, el Distrito se ha dedicado a destacar la calidad de estos colegios. Según el informe de Aprendizajes y retos de los colegios en concesión en Bogotá, que elaboró este año la Secretaría de Educación, los 22 colegios están en los 100 primeros puestos del escalafón de instituciones públicas, en el que se mide el Índice Básico de Calidad, teniendo en cuenta las pruebas Saber, el clima escolar, la cobertura y su contextualización socioeconómica.
Si solo se evalúan los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2017, se encuentra que el colegio en concesión denominado Técnico Central de la Salle Juan Luis Londoño es el mejor colegio público de la ciudad; que dos están dentro de los mejores 1.000 del país, y solo tres están por fuera de las 100 mejores instituciones distritales Además, la Secretaría destaca el ahorro que representa para el Distrito, pues, según la secretaria María Victoria Angulo, las nuevas concesiones representarán un ahorro del 30 %, recursos que se podrán invertir en proyectos sociales y viales. De acuerdo con sus cifras, al año, un niño en un colegio distrital cuesta $3,7 millones, mientras en uno por concesión cuesta $2,4 millones
Tras la aprobación de los recursos, diferentes posturas se han dado a conocer. Mientras que los representantes del Polo Democrático advirtieron que demandarán la decisión del Concejo, al considerar que se cometió prevaricato; la ADE organiza para el próximo 25 de julio un nuevo paro distrital contra la decisión.
Por ahora, lo único fijo es que, con la concesión de estos colegios, se espera que al 2021 se beneficien alrededor de 12.000 niños de las localidades de Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, donde se presenta un déficit de instituciones públicas. Mientras que el Distrito asegura que este modelo mejora la calidad del sector público y garantiza la aplicación de la jornada única, para la oposición no es más que un mecanismo de privatización.
