Entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y las empresas Aseo Capital, Lime y Atesa, tres de los cuatro antiguos operadores privados del servicio de aseo en la ciudad, no hubo consenso frente a dos temas espinosos: la reversión al Distrito de los equipos utilizados en la prestación del servicio y la devolución de insumos tecnológicos e información financiera y comercial del mismo. Es por eso que la Unidad decidió liquidar unilateralmente tres de los cuatro contratos de concesión que suscribió la Uaesp el 15 de septiembre de 2003 expidiendo tres actos administrativos o resoluciones, a través de los cuales se pretende cobrarle a los privados $35.000 millones.
La Uaesp dice que el cobro está sustentado en que el contrato firmado con los privados es de concesión, lo que implica una reversión por parte de los privados de vehículos afectos a la prestación de del servicio. Además de la reversión y transferencia de bases de datos, software y licencias que están directamente relacionados con la información comercial, financiera y operativa del servicio de recolección, barrido y limpieza en la ciudad. (ver infografía). La Unidad asegura que en la remuneración que el Distrito hizo a estas tres empresas (cifra que asciende a más de $1,4 billones) incluyó también la amortización de las inversiones efectuadas por los concesionarios para la organización y puesta en marcha del servicio. Así que tanto los camiones y los insumos tecnológicos son de la ciudad.
Pero la Uaesp no es la única que mantiene la tesis de la reversión. A mediados de abril, el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá le dio la razón a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) con respecto a la reversión de los 400 vehículos. Aunque el fallo no lo ordenó, el juez aclaró que los bienes destinados a la prestación de servicios públicos deben estar en manos de entidades estatales.
Por su lado, los operadores Aseo Capital y Lime aseguran que, de acuerdo con las resoluciones 220 y 221 del 31 de mayo de 2013, conocidas por El Espectador, la Unidad les adeuda un total de $7.094 millones. Atesa no alegó tener ningún tipo de saldo a favor que la ciudad deba cancelarle.
En el caso de Aseo Capital afirma que se le adeuda una cifra de $4.294 millones. La deuda se desagrega por los siguientes y presuntos costos asumidos por ésta:
1.Actividades de corte de césped en andenes por un valor de $3.391 millones.
2.Recolección de árboles caídos por un monto de $74.216.449
3.Frecuencia de ruta selectiva adicional con un saldo a favor de $829.001.933
Lime pretende que la Unidad le cancele lo siguiente:
1.Mayores costos asumidos por la no implementación del Sistema Operativo de Reciclaje por $2.408 millones
2.Daños al parque automotor durante las actividades de descargues en el relleno sanitario Doña Juana por un monto de $89.882.871
3.Mayores costos asumidos por tiempo adicional laborado por el personal operativo debido a inconvenientes en el relleno sanitario Doña Juana por un valor de $35.119.896
4.Corte de césped en corredores férreos por un supuesto saldo a favor de $247.820.830
5.Costo por prestación de servicios especiales a las Uaesp por recolección de árboles caídos por un valor de $19.290.00
Ahora Atesa, Lime y Aseo Capital deben presentar una recurso ante la Unidad solicitando que las resoluciones anteriormente citadas no queden en firme y la Uaesp debe decidir si echa para atrás su decisión. De no presentarse la apelación, las tres resoluciones quedarían en firme y se convertirían en un título con mérito ejecutivo (como una especie de cheque) que se haría efectivo en un proceso ejecutivo. Sin embargo, los operadores privados tienen derecho a solicitar un laudo arbitral ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en su defecto.
En el caso de Ciudad Limpia, en el contrato de operación que firmó en diciembre del año pasado con el Distrito, solicitó que si existía alguna diferencia entre la empresa y la Uaesp por el contrato de concesión firmado en 2011 fuera un juez natural quien dirimiera la controversia, petición que las otras tres empresas no efectuaron.
Después de una relación contractual de más de 10 años, en la que se produjeron prórrogas y varias urgencias manifiestas (ver foto galería)para que el Distrito pudiera seguir contratando con los mismos, La Uaesp enfrenta a los operadores privados para que estos le devuelvan a la ciudad lo que, de acuerdo a lo que ha dicho el alcalde Gustavo Petro, los bogotanos pagaron vía tarifas.