Radiografía de las URI

Pese a ser sitios de retención temporal, hay personas que llevan meses detenidas, con mala alimentación y sin atención médica .

Alexánder Marín Correa
21 de septiembre de 2014 - 09:13 p. m.

El hacinamiento que se vive en las celdas de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía se desbordó. El ejemplo más evidente se vivió semanas atrás en la localidad de Engativá. Por falta de cupos en las celdas de la URI del barrio La Granja, convirtieron el parque del sector en una prisión a cielo abierto, donde decenas de detenidos permanecían esposados a los juegos infantiles y en las noches dormían en carpas.

Aunque la semana pasada, la Secretaría de Gobierno y la Policía anunciaron la “devolución” del parque a la comunidad, tras implementar medidas para tratar de superar la crisis, como trasladar reclusos a La Picota y la Modelo, el panorama que encontraron la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital en las URI y las estaciones muestra que el problema está lejos de superarse.

Para comenzar, hay que aclarar que, por norma, las celdas en las URI y en las estaciones son de retención transitoria, es decir, que los detenidos no deben permanecer más de 36 horas. Sin embargo, la falta de cupos en las cárceles o las demoras en algunos trámites judiciales y penitenciarios han generado que existan casos de personas condenadas o con medida de aseguramiento e, incluso, con beneficio de prisión domiciliaria que llevan meses esperando su traslado.
De acuerdo con el diagnóstico hecho por los entes de control, esto ha llevado a que el hacinamiento en los centros de detención transitoria supere el 50% y, de paso, se generen otras complicaciones, como presos enfermos sin atención médica, problemas sanitarios en las celdas y mala alimentación.

Panorama

Actualmente hay URI de la Fiscalía en las localidades de Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Usaquén y Ciudad Bolívar, así como las celdas que tiene el CTI de la Fiscalía en Paloquemao. A esto se suman las estaciones de Policía que funcionan en las 20 localidades. Aunque entre ambas instituciones reportan tener cupos para 500 personas aproximadamente, los organismos de control descubrieron que tanto los cupos como el espacio que reportan estas autoridades no corresponden con la realidad. Son menores de lo que dicen.

Frente a la situación de las URI, según la Defensoría , hay cupo para 275 personas, pero la semana pasada había 418 detenidos (hacinamiento del 52%). En esta cifra se esconde un dato que preocupa: al menos a 100 personas les han prolongado inexplicablemente su permanencia, a pesar de tener beneficio de prisión domiciliaria.

En el caso de las estaciones el panorama no es distinto. Aunque no hay un censo oficial sobre cupos, ya que muchas no tienen celdas sino cuartos adaptados, se estima que en promedio cada una podría tener máximo a 10 detenidos, es decir, 200 cupos en total. Lo que encontró la Personería fue que en promedio permanecen entre 300 y 350 detenidos. Es decir, hay semanas en las que el hacinamiento alcanza el 75%. Como caso particular, se encontró que 178 personas llevaban entre 10 días y más de dos meses retenidas.

Según la Personería, entre los problemas más frecuentes está que muchas estaciones no tienen instalaciones aptas para albergar detenidos, lo que ha llevado a la institución a adecuar cuartos sin las medidas necesarias. Por ejemplo, no hay baterías sanitarias suficientes para atender a los internos, hay carencias en el servicio de alimentación, alta morbilidad y hacinamiento por permanencia prolongada de detenidos.

Sin salud ni alimentación

Los informes muestran situaciones adicionales, como que a los internos no se les suministran medicamentos ni atención médica. Además hay problemas con el suministro de alimentación. Esto obliga a las familias a atender esas necesidades, a pesar de que los detenidos son personas bajo custodia del Estado. En el caso de la alimentación, que inicialmente es responsabilidad del Inpec, las denuncias apuntan a que hay días en los que no les llevan las tres comidas o cuando lo hacen no alcanza para todos. Y, según los propios policías, en ocasiones llegan alimentos en mal estado.

En cuanto a los problemas de salud, encontraron casos como el de un detenido en la URI de Tunjuelito que tiene problemas en una mano y requiere terapias; el de dos mujeres en estado de embarazo recluidas en instalaciones inadecuadas, y el de un hombre con problemas psiquiátricos que ha intentado suicidarse en varias oportunidades con cortes en los brazos y en la garganta. Todo ello sin asistencia médica, y a pesar de que se ha recurrido a la Secretaría de Salud del Distrito buscando apoyo, la respuesta ha sido que sólo atienden emergencias y no suministran medicamentos.

Ante este panorama, la Personería planteó la necesidad de asignar urgentemente defensores públicos de oficio para asumir los casos de personas que no tienen cómo pagar un abogado, e hicieron un llamado a los hospitales cercanos a los sitios de retención para que les brinden asistencia médica. De igual manera recomendaron fumigar las celdas para evitar posibles epidemias.

Ojos en el Inpec

Si bien el hacinamiento se vive en todo el país y es un problema estructural de la justicia, para la Defensoría del Pueblo hay un actor que sería el posible responsable de lo que ocurre en la capital: el Inpec. Según el vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez, la “operación reglamento” que adelantan los guardianes (que no es más que una operación tortuga para demorar trámites) ha evitado que, por ejemplo, reclusos con beneficio de prisión domiciliaria puedan ir a sus casas.

Según el organismo, este es un problema frecuente (y que debería tener pronta solución), ya que el Inpec no agiliza los trámites de reseña y traslado de estos detenidos a sus viviendas, razón por la que se mantiene el hacinamiento. En la última visita y censo que hizo el ente de control encontró que en las URI hay al menos 100 personas en esta condición. Prueba de ello se evidenció la semana pasada, en la URI de Tunjuelito, que está cerca de la cárcel La Picota: un delegado del Ministerio Público fue hasta la penitenciaría para gestionar con el director la reseña y el traslado de 19 detenidos a sus casas, pero no lo pudo lograr por la “operación reglamento” que adelantan los guardianes.

“No hay una reseña ni un traslado eficaz. De esto sólo hay un responsable y es el Inpec, que por la llamada ‘operación reglamento’ no está cumpliendo su tarea. Desde la Defensoría oficiamos al Ministerio de Justicia y al Inpec para que adopten mecanismos urgentes. Si todos los actores cumplieran con su tarea, como debe ser, seguramente no tendríamos un problema tan desbordado”, dijo el vicedefensor del Pueblo.

Por su parte, Ricardo Cañón, personero distrital, opinó que para encontrar una solución definitiva se requieren medidas de fondo. “Hemos hecho un seguimiento al tema y, a pesar de que se evidencian esfuerzos para ponerle fin, lo cierto es que la solución más profunda está en mora de producirse. Lo grave es que las autoridades parecen haberse acostumbrado al problema; casi hemos vuelto normal la anormalidad que se vive en las cárceles y en las URI”, dijo.

Y agregó que “hay situaciones (como el caso La Granja) que hacen más visible el problema, pero cuando lo solucionan temporalmente todo vuelve y queda en la penumbra. Lo que evidenciamos en nuestros informes es que es un tema que deben trabajar la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Distrito. Sin embargo, todos se pasan la pelota. Entendemos los esfuerzos, pero faltan decisiones puntuales”.

Preocupa que, de no encontrarse soluciones rápidas, esto podría desencadenar demandas contra el Estado y, en otros casos, libertades por vencimiento de términos al estar más del tiempo establecido en los centros de retención.

Este panorama ya lo conoce el secretario de Gobierno, Hugo Zárrate, quien reconoce el problema y por eso ha anunciado medidas como el alquiler de viviendas para crear casas de la justicia y abrir más cupos, al igual que el proyecto de construir dos URI más en Bogotá. Sin embargo, agrega, es necesario que el Gobierno también actúe para encontrar soluciones que impidan repetir situaciones como la que se ha vivido en los últimos meses en la capital.

Centros de retención en cifras

Unidades de Reacción Inmediata (URI), Estaciones de Policía

Por Alexánder Marín Correa

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