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En la madrugada del 13 de octubre, los vecinos de la Ciudadela Cafam, en Suba, saltaron de sus camas al escuchar el estrépito de producía una retroexcavadora que, con protección policial, tumbaba parte del parque donde se han recreado desde hace al menos dos décadas. Las autoridades, que ya habían intentado comenzar allí la construcción de un colegio, pero habían fracasado ante la oposición de la gente, optaron por hacerlo en medio de la noche, y a la fuerza. Las protestas han sido constantes desde entonces, mientras la obra sigue. Ese caso, sin embargo, no es el único.
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La sonora resistencia de esos vecinos ha avivado un fenómeno que se ha conocido al son de cada protesta, pero que tiene como trasfondo, por un lado, la necesidad de la administración de cubrir el déficit de colegios y, por otro, el reclamo de los ciudadanos por espacio público para su disfrute en una ciudad que también es deficitaria en ese sentido. En este momento, la Secretaría de Educación Distrital (SED) está atenta a cuatro casos en los que el conflicto es el mismo: la comunidad se opone a la construcción de un colegio en una zona verde que ha usado tradicionalmente como parque.
En Mirandela (Suba), los medios informaron de una protesta de la comunidad, en diciembre de 2015. En julio pasado, los habitantes del conjunto Rincón de Techo III (Kennedy) salieron con pancartas a rechazar la construcción de un colegio en el parque donde sacan sus mascotas, los niños juegan, los ancianos pasean y, en general, se reúnen en familia, manifestó en ese momento la lideresa comunal Marta Santafé. En la SED le confirmaron a este diario que en Bosa también comenzó a sentirse aprensión a que se levante el colegio nuevo Porvenir II. Pero los casos podrían ser más.
Tan sólo en esas cuatro instituciones educativas la Alcaldía prevé invertir $37.300 millones y asegurarles el cupo a 2.290 estudiantes. Construirlas, además, forma parte de la meta que se impuso Enrique Peñalosa, de dejar 30 colegios nuevos al final de su mandato.
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“La gente tiene que entender que esos predios son del Distrito”, asevera la subsecretaria de Educación, Adriana González. Partiendo del ejemplo de los cuatro sitios de marras, explica que son áreas de cesión: terrenos que los constructores le entregaron a la administración como compensación por hacer obras. El lío radica en que, a pesar de ello, las autoridades descuidaron su deber de cercar los lotes desde un comienzo y la comunidad comenzó a usarlos como parques, aunque, oficialmente, no tienen esa condición.
Una razón para que el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015) incumpliera su meta de construir 30 colegios nuevos en lotes nuevos fue la falta de suelo para edificarlos. La escasez de tierra en Bogotá llevó a su administración a gastarse el tiempo en conseguir lotes, mas no en obras. En medio de esa búsqueda, en 2014, el Departamento del Espacio Público (Dadep), que recibe las zonas de cesión de los constructores, le entregó a la SED los cuatro lotes en mención con el fin de que los usara para construir instituciones educativas.
A finales de 2015, ese gobierno anunció que le dejaba a su sucesor 150.930 metros cuadrados para ocupar con infraestructura educativa. También dejó como insumo un estudio en el que identificó las zonas de la ciudad donde, puntualmente, se requieren colegios nuevos. Suba, Kennedy y Bosa, localidades donde se ubican los cuatro proyectos, quedaron definidas como de intervención a corto plazo para cubrir el déficit, además de Ciudad Bolívar, Usme y Engativá.
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El abogado Juan Carlos Velasco, vocero de la ciudadanía en los casos de Ciudadela Cafam y Mirandela, cuestiona que a los terrenos les nieguen la condición de parques cuando el uso tradicional ha sido ese. “Peleamos por los derechos adquiridos”, agrega. “Si la administración le permite a la comunidad usarlo como un parque por casi 25 años, no puede llegar un día a las 12:00 de la noche a construir”. En el litigio que emprendieron, también cuestionan el soporte jurídico del Distrito para tratar los terrenos como zonas de cesión, pues, a su juicio, en su momento sí fueron tratadas legalmente como parques.
Para el caso de Cafam, a Velasco le genera suspicacia que, por más que el contrato de obra lo haya adjudicado la administración Petro, el contratista (G&R SAS) sea aportante de la campaña de Peñalosa y este no quiera echarlo para atrás. El alcalde de Suba, Édgar Sinisterra, responde que eso no es tan fácil porque la empresa, en caso de que la obliguen a parar lo que ya empezó, podría interponer acciones legales que perjudicarían al Distrito.
En Kennedy, la comunidad no entiende bien que a pocas cuadras de donde se pretende construir el colegio haya otro que, dicen, está deteriorado. La SED se sostiene en que, así como puede invertir en el mejoramiento de ese plantel, debe edificar el otro porque el sustento técnico así lo indica.
El abogado Velasco concluye que, si bien puede admitir que es real el déficit de colegios, “también lo hay de espacio público, zonas verdes y parques”. El mismo director del Instituto de Recreación y Deporte, Orlando Molano, le dijo a este diario que parte del reto para lograr la meta de construir 64 parques en estos cuatro años es conseguir suelo. Para ambos casos, entonces, la tarea es difícil.
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La apuesta del Distrito es que los nuevos colegios, que en todo caso no ocuparán toda el área verde que hoy usa la gente como parque, le permitan a la comunidad seguir usando sus espacios de reunión y de recreación.