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¿Recicladores formales?

En octubre del año pasado, la Uaesp expidió una resolución para incluir a los habitantes de la calle en el programa Basura Cero. De 2 mil se han inscrito 520.

Redacción Bogotá
22 de enero de 2015 - 01:34 a. m.
En la ciudad viven  cerca de 10 mil habitantes de calle, según el censo de la Secretaría de Integración Social. / Archivo
En la ciudad viven cerca de 10 mil habitantes de calle, según el censo de la Secretaría de Integración Social. / Archivo
Foto: GABRIEL APONTE

Han pasado cuatro meses desde que la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) expidió la resolución 523, que le permite incluir a los habitantes de la calle dentro del programa de reciclaje Basura Cero, al reconocerlos como recicladores naturales. Con esta norma, el Distrito puede pagarles la tarifa de aseo que se les reconoce a los recicladores de oficio, tasada en $87.900 por tonelada.

En días pasados, el concejal Armando Gutiérrez, del Partido Liberal, revivió la polémica generada por la resolución al señalar en un debate que, con la estrategia, el Distrito estaría “financiando el microtráfico” cuando le paga al habitante de calle por reciclar. Sobre este punto, Jorge Rojas, secretario de Integración Social respondió que la intención es que esa población ingrese en un proceso de rehabilitación. “Si dicen que se van a fumar esa plata es una decisión autónoma, como la de cualquier trabajador al que le pagan. Nuestro deber es remunerarlos por su trabajo. Y si ellos la compran por sí mismos, eso es mejor a que dependan de los ‘sayayines’, que los obligan a robar celulares para darles la droga”.

Esta es sólo una faceta de la discusión que ha originado la estrategia. Otra duda es si en efecto se ha alcanzado la formalización laboral de habitantes de la calle. La Uaesp aclaró que desde 2012 hay 402 habitantes de la calle incluidos en el Registro Único de Recicladores (Ruro), y a ellos se sumaron 118 que se inscribieron en noviembre del año pasado, cuando se conoció la resolución. Esta cifra demuestra que la intención de mejorar las condiciones de vida del habitante de la calle a través de una formalización laboral no ha podido cristalizarse. Según la Secretaría de Integración, cerca de 2.000 habitantes de la calle realizan el oficio de reciclaje.

En la ciudad, según la Uaesp, están inscritos 12.000 recicladores, incluyendo los 520 que son habitantes de calle. Desde 2012, la entidad le ha pagado a esta población $1.011 millones por el material entregado en los centros de pesaje. Ruth Quevedo, subdirectora de aprovechamiento de la entidad, es consciente de que no ha sido fácil formalizar a los cerca de 2.000 recicladores naturales: “Hay un problema y es que ellos huyen de la formalidad. A muchos se los ha invitado a que participen en el programa, pero no están interesados. No es fácil. Hemos realizado búsquedas activas. También trabajamos en la focalización de esta población para lograr que se inscriban y puedan cobrar su tarifa como recicladores de oficio. Es una orden de la Corte Constitucional, por eso estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Integración Social y el Idiprón”.

Para el concejal Hosman Martínez, del Partido Verde, la estrategia de la Uaesp para incluir a los habitantes de la calle no ha sido efectiva: “Ofrecerle empleo a un habitante de la calle no es como ofrecerle empleo a cualquier ciudadano. La Uaesp debe tener en cuenta que ellos necesitan unos incentivos y que pocas veces confían en las instituciones. Además del problema de aproximación, hay otro que preocupa: la Uaesp está buscando a los habitantes de la calle en el centro, cuando muchos se han desplazado a otras localidades. No hay un trabajo interinstitucional con las alcaldías locales”.

Martínez agrega que el programa no es complementario con los de rehabilitación: “En la ciudad, 200 habitantes de la calle están en rehabilitación: ¿Por qué no los vinculan a la Uaesp? Los que se han inscrito no están en rehabilitación, y eso hace que la estrategia sea poco efectiva”.

En diálogo con El Espectador, Jorge Rojas sostuvo que el primer paso para formalizar a esta población es “garantizando el derecho a la identidad. Para lograrlo, hemos entregado 800 cédulas, de esta manera es más fácil adelantar los trámites laborales. En el centro de pesaje de Mártires estamos acompañando a los habitantes de la calle con procesos para la superación de la drogadicción”. Rojas confía en que en los próximos meses la Alcaldía pueda presentar un centro de formación laboral para habitantes de la calle. Mientras tanto, el reto de integrarlos formalmente sigue siendo lejano.

Por Redacción Bogotá

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