A responder por el “elefante blanco” de la Policía Metropolitana de Bogotá

La Fiscalía le imputará cargos al exgerente del Fondo de Vigilancia, Mauricio Fernando Solano Sánchez, por las presuntas irregularidades en el contrato para construir la sede de la Policía de Bogotá.

Así se encuentra el edificio de lo que iba a ser la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Seis años han pasado desde que se firmó el contrato y cuatro desde que la administración denunció las posibles irregularidades en la construcción de la nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y hasta ahora se ven avances. La Fiscalía anunció que le imputará cargos a Mauricio Fernando Solano Sánchez, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, a quien procesarán por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación, en audiencia que está programada para el 9 de mayo, a las 9:00 de la mañana, en el complejo judicial de Paloquemao.

La denuncia penal la presentaron los funcionarios de la pasada administración cuando, al asumir sus cargos en 2012, descubrieron las deficiencias en los estudios y en los diseños del proyecto, así como problemas estructurales en lo que se había alcanzado a construir. Tras la indagación que adelantó un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, se encontraron elementos que apuntan a que en la adjudicación del contrato y en la ejecución de la obra posiblemente se cometieron varios delitos.

La polémica obra se puede apreciar en la carrera 56 con calle 22, en el barrio Salitre Sur. Los diseños indican que hoy debía estar funcionando allí un edificio de 20 metros de ancho por 128 de largo, 39.000 m2 de área construida, seis pisos y un sótano. Sin embargo, desde la adjudicación, el contrato ha tenido 50 prórrogas. Está suspendido desde finales de 2014 y aún sigue sin fecha clara de entrega.

La historia de otro “elefante blanco”

La historia detrás de este “elefante blanco” de Bogotá comenzó en la administración de Samuel Moreno, cuando se comprometió a entregarle una nueva sede a la Policía Metropolitana de Bogotá. A finales de 2010 le adjudicó el contrato de obra a la firma Castell Camel S.A.S., para que en 15 meses y con un presupuesto de casi $44.000 millones levantara el edificio.   

Como muchos contratos de la época del “carrusel”, el de la construcción de la sede de la Policía de Bogotá está lleno de dudas, irregularidades y omisiones. El panorama actual es el esqueleto gigante en continuo deterioro, que sigue generando gastos y cuya salvación costará otros miles de millones. Lo peor: las alertas se encendieron a tiempo y no se actuó con celeridad.

Cuando se adjudicó el contrato a finales de 2010, se le entregó al constructor un anticipó del 50 %. La ejecución comenzó el 28 de diciembre de 2010 y casi desde ese día hubo inconvenientes. Lo primero que llamó la atención fue que recién firmado el contrato, y pese a las alertas del interventor, el Distrito autorizó al constructor para que subcontratara trabajos que requerían personal, maquinaria, equipos y actividades especializadas. Pasados unos meses empezaron los reclamos de los subcontratistas por los incumplimientos de la constructora.

El archivo de la obra, conocido por El Espectador, enumera las advertencias de los interventores, que no auguraba un buen final para este proyecto, en el que la ciudad ha gastado al menos $40.000 millones, y sumando. Por ejemplo: el interventor no recibió obras por problemas de calidad; encontró obras inconclusas, otras que no estaban previstas ni autorizadas, y unas que ni se hicieron. Con la llegada de Gustavo Petro, fuera de la denuncia penal, el panorama siguió igual. En su mandato, el contrato estuvo entre prórrogas y suspensiones.

Lo más paradójico es que el constructor ya recibió casi todo el dinero. Mientras estuvieron como alcaldes Samuel Moreno y Clara López, le hicieron 13 desembolsos por casi $29.000 millones. La de Petro le hizo nueve, que sumaron $3.800 millones.

¿Cómo está hoy?

En el estudio contratado por la administración Peñalosa los ingenieros estudiaron las condiciones actuales de las obras. Revisaron las placas de concreto de los entrepisos donde se presentaron los hundimientos, así como los muros, los cimientos y las columnas. Aunque indicaron que, en general, cumplen condiciones mínimas, descubrieron que en algunas zonas no se garantiza la mínima seguridad de la estructura.

Encontraron, por ejemplo, sobrecargas en algunas columnas, muros que se construyeron sin tener en cuenta los planos y sin el refuerzo suficiente, una estructura metálica diferente a la indicada en los diseños y elementos como antepechos, muros divisorios y muros de fachada en condición riesgosa. La conclusión general es que se encontraron elementos estructurales que incumplen las normas de construcción y de sismorresistencia.

Por esta razón, los ingenieros recomendaron hacer un reforzamiento estructural que corrija los problemas. “Debe ser un análisis integral de todas las estructuras, realizado y firmado por un ingeniero estructural con experiencia suficiente”. Además, “dada la importancia y magnitud de la edificación, se recomienda realizar un estudio sísmico local para establecer las condiciones particulares del sitio del proyecto”. Y concluye: “Una vez se tenga el diseño del reforzamiento, se deberá evaluar de manera técnica y económica la construcción de las soluciones para corregir los problemas”.

Luego de conocer el informe, la Secretaría de Seguridad señaló que evalúan el paso a seguir. Lo único claro, por ahora, es que la Policía tendrá que esperar al menos un año más para estrenar sede en Bogotá y que la Fiscalía tendrá la tarea de llevar a los responsables ante los jueces.