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Ya son tres los ataques con ácido que se han conocido en Bogotá después de la agresión de la que fue víctima Natalia Ponce de León, el pasado 27 de marzo. Las nuevas mujeres afectadas fueron Sorleny Pulgarín, atacada el pasado jueves en la localidad de Engativá; Inés Aminta Carillo, el pasado sábado en Bosa, y Luz Adriana Jurado, ayer en Soacha (Cundinamarca). Todas han llegado a la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, institución que en lo corrido del año ha atendido a ocho pacientes afectados por esta causa. La cifra indica que los casos se han disparado en 2014, ya que en promedio han atendido a dos pacientes por mes, mientras el año pasado fueron 12 en todo el año (uno por mes).
Por eso, aprovechando la indignación nacional que causa este delito, el Gobierno anunció de nuevo medidas para tratar de contrarrestarlo, como una línea para atender a las víctimas, adelantar trámites para reglar la venta de químicos y la revisión de 936 procesos. De paso, aprovechó para ponerse al día con una tarea que estaba pendiente: la expedición del decreto que pondrá en vigencia la ley que aumenta las penas por ataques con ácido y establece unos beneficios para las víctimas.
Los anuncios
Los anuncios los hizo ayer el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, quien lidera la comisión encargada de reforzar la ley que endurece las penas contra los atacantes con ácido. Dicha comisión la integran la Fiscalía, los ministerios de Salud, Justicia e Interior, al igual que el Invima y la Policía Nacional. En primera medida, el ministro anunció que desde ayer está al servicio de la ciudadanía la línea 155, que servirá para atender a las víctimas de ataques con ácido. De igual forma, indicó que iniciarán los trámites para establecer controles a la venta de químicos y sustancias similares, como ya lo había dicho el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. A lo comunicado se sumó el de la revisión de 936 procesos que adelanta la Fiscalía por ataques con ácido.
“En los próximos días el Ministerio establecerá un protocolo especial de atención en salud a las personas afectadas. Se va a aclarar que en el cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud está incluido el tratamiento a las víctimas de estos ataques. Se va a hacer un registro en el Invima que inicialmente incluirá 10 mil productos que existen en el mercado y que tienen este tipo de efectos si son mal utilizados”, dijo el jefe de la cartera política. Sin embargo, quizá lo más importante fue que en una semana estaría listo el decreto reglamentario con el que finalmente se podrá aplicar la ley expedida el año pasado, con la que se aumentan las penas contra quienes usen ácidos para atacar mujeres y establece una serie de beneficios para las víctimas.
A pesar de que dicha ley está aprobada hace casi un año, de acuerdo con la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz (movimiento MIRA), se han demorado en ponerla en marcha, porque faltaba reglamentar algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, “el Ministerio de Salud debe reglamentar lo necesario para que haya gratuidad en las cirugías reconstructivas para las víctimas y el Gobierno debe reglamentar el registro que se debe crear para controlar la venta al menudeo de esas sustancias”.
Aunque los anuncios se hacen nuevamente en medio de la coyuntura de los últimos ataques, para la secretaria de la Mujer del Distrito, Martha Sánchez, el país ha avanzado muy poco en materia de legislación para proteger a las mujeres de este tipo de ataques. “Hemos realizado un llamado perentorio para que dicho decreto que reglamente la ley, que habla de los ataques con ácido, se expida lo antes posible. Todavía se registra un índice de impunidad muy alto: muchas veces el agresor no es capturado o las penas son muy bajas”.
En medio de la discusión frente a la tipificación penal en la que se deberían juzgar los ataques con ácido, para Sánchez es una conducta que sí debe ser tipificada como tortura. Sin embargo, este es un asunto que sigue discutiendo la comisión interinstitucional (integrada por la Policía y los ministerios de Salud y Justicia), que buscan afinar los detalles del decreto para reglamentar la ley.