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En el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde actualmente cursa parte del proceso que adelantan distintos comités para revocar el mandato del alcalde Enrique Peñalosa, finalmente fue presentada una ponencia sobre el proceso. En mayo se cayó la primera ponencia por votación de los magistrados, y todo quedó en manos del magistrado Emiliano Rivera.
En su ponencia, el togado liberal, apoyado en el informe del Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP), manifiesta que la contabilidad de los comités no cuadra, haciendo irregular el proceso. Esa ponencia, de acuerdo con la votación que realicen los magistrados a más tardar la próxima semana, tumbaría el proceso para que Peñalosa salga del Palacio Liévano.
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Luego de un análisis del contador Diego Mejía Castillo, el FNFP concluyó que la financiación que presentaron los promotores de la revocatoria presenta irregularidades como una posible violación de topes de financiación, firmas que no coinciden, facturas a nombre de empresas inactivas, transacciones no registradas en los libros contables o registradas a destiempo, y cheques registrados como donaciones, pero que iban para otras organizaciones.
En ese informe se señala enfáticamente un nombre: Gustavo Merchán Franco, vocero del comité "Unidos Revoquemos a Enrique Peñalosa", quien según el documento también actuaría como tesorero de Sintrateléfonos (Sindicato de Trabajadores de la ETB). La justificación para tal afirmación es que, pese a que Sintrateléfonos es el mayor contribuyente para la financiación del comité revocador, el monto que aparece registrado en las cuentas ($49,5 millones) no cuadra con las tres contribuciones por $43 millones que hizo el sindicato entre febrero y abril, y que sí están reportadas como consignaciones hechas a la cuenta de Merchán Franco.
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Por este motivo, el CNE también abrió una investigación y formuló cargos contra Merchán por su presunta violación de las normas electorales. También solicitó a la Fiscalía que emita un concepto sobre el sistema de contabilidad usado por el comité promotor de la revocatoria y un estudio de un grafólogo en el que se compruebe la autenticidad de los registros de contabilidad presentados.
Con el concepto que emitió el magistrado Rivera se caería todo el proceso de revocatoria. Los magistrados han reivindicado continuamente su facultad de revisar los mecanismos de participación ciudadana y eso, sumado al informe del FNFP, hace casi imposible que ese ente emita el certificado necesario para que se convoque a los ciudadanos a decidir si Peñalosa abandona o no su cargo. La otra parte del proceso cursa en la Registraduría, encargada de certificar las firmas presentadas por los distintos comités, que tampoco ha dado muchas luces sobre ese trámite.
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Los promotores de la revocatoria, que se enfrentan al que quizás sea su último gran escollo antes de su gran objetivo de convocar la ciudadanía a las urnas, radicaron en la Fiscalía y la Procuraduría un informe técnico en el que afirman desnudar 10 mentiras que ha validado el CNE y el Fondo Nacional de Financiación Política sobre las cuentas de los comités. También han programado para este 14 de septiembre, en horas de la tarde, una manifestación en el centro de Bogotá.
Inti Asprilla, el congresista que más ha promovido el proceso de revocatoria, presentó una recusación contra Emiliano Rivera y Felipe García Echeverry, magistrados del CNE, por la sanción e investigación judicial en contra de Gustavo Merchán.