Salvavidas para el SITP

En julio de 2009, el exalcalde Samuel Moreno, hoy llamado a juicio por el carrusel de la contratación, prometió que en 2011 Bogotá tendría un Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que acabaría con desastres como la guerra del centavo. Como con muchas de sus promesas, esto no se hizo realidad y el nuevo esquema de transporte lleva ya dos años operando a medias, con el grave problema de no tener el éxito esperado con la demanda de pasajeros, pues aún hay más de 4.000 buses del transporte tradicional compitiéndole, por lo cual está dejando de recibir casi $5.000 millones diarios. Ante semejante tropiezo, y con las dificultades financieras que implica, el Distrito prestaría la plata para acelerar y completar la implementación del sistema.

El viernes en la tarde, el alcalde Gustavo Petro citó a una reunión a las nueve empresas que operan el SITP. El objetivo era contarles su propuesta: destinar $300.000 millones para la chatarrización de los buses tradicionales. De esta cifra, $100.000 millones saldrían de un fondo público y el resto sería un préstamo de la banca, como le contó Mauricio Barón, delegado de la Superintendencia de Transporte, a El Espectador.

De esta manera, en los próximos seis meses se lograría chatarrizar 1.200 de los casi 4.000 buses viejos que aún circulan por las calles de la ciudad. La cuestión es simple: cuantos más buses del transporte tradicional se retiren, más pasajeros se subirán a los del SITP. Así, el sistema será más rentable financieramente y el Distrito tendrá que girar menos dinero para sostener el esquema, monto que hoy se calcula en $50.000 millones mensuales.

Sin embargo, para algunos resulta espinoso que el Distrito vaya a financiar la chatarrización que deberían asumir los empresarios privados. Es claro que los operadores deben costear este proceso, pero como no tienen el dinero, el plan de la administración es prestarles y que luego Transmilenio les descuente de las transferencias por operar el esquema para cubrir la deuda.

El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho a este diario que Bogotá debe hacer lo que esté al alcance de su mano para continuar con el sistema y que la prioridad es ver cómo puede ayudar la ciudad a que el transporte tradicional salga mas rápido para darle paso al nuevo esquema.

Sin embargo, uno de los que cuestionan la propuesta es el excandidato a la Alcaldía Aurelio Suárez, del Polo Democrático. Para él, esto rompe con la estructura básica del sistema, pues cuando se diseñó la condición era que el Distrito les entregaba a nueve empresas la exclusividad para operar en ciertas zonas, pero debían hacerse cargo de la chatarrización. “Si los operadores no pueden chatarrizar los buses, esta situación está demostrando que el sistema estalló. Hay que pensar en reversarlo; si estas familias que ganaron el negocio del SITP no asumen su manejo, pues que lo devuelvan”, asegura.

Suárez está convencido de que el Distrito podría comprar los buses y liquidar los contratos. De hecho, cuando Petro comenzó su mandato criticó los contratos del SITP diciendo que los consideraba peores que los de Transmilenio y una de sus obsesiones fue tener un ente público de transporte. “Pero como él está preso del Gobierno de Santos, no es capaz de hacerlo”, dijo el excandidato a este diario.

Por otra parte, el concejal Antonio Sanguino, quien esta semana reveló cifras sobre la baja demanda de pasajeros del SITP, no ve del todo mal la alternativa del Distrito. “Me parece positivo que el alcalde explore fórmulas que permitan resolver un asunto crítico como la chatarrización. Sin embargo, se deben explorar otras opciones como, por ejemplo, revivir el fondo de chatarrización o comprometer al Gobierno Nacional para que contribuya en el asunto. En todo caso, cualquier solución debe consultar sensatamente la realidad financiera del sistema y de los operadores”, agregó el concejal de la Alianza Verde.

Detrás de estas decisiones del Distrito está el futuro del transporte público en Bogotá e incluso de otros proyectos, si se tiene en cuenta que el alcalde Petro y su secretario de Hacienda están en un momento crucial en el que definen si se harán recortes a programas claves de la administración en el presupuesto de 2015 a causa del déficit del SITP. El Distrito quiere evitar ese recorte a toda costa, pero las difíciles condiciones que vive el nuevo esquema no están a su favor.

El riesgo que corre el Distrito con los $300.000 millones que les prestaría a los operadores del SITP no es de poca monta, pues se calcula que ya ha invertido $850.000 millones en su implementación, ya que los contratos firmados en la época del exalcalde Samuel Moreno determinaron que a los privados se les pagaría por las pérdidas que tuvieran al comienzo del proceso. Por otro lado, ante la quiebra de las empresas operadoras Egobús y Coobús, y la crisis de otras dos (Este es Mi Bus y G Móvil), nada garantiza que paguen el préstamo.

Además de reconocer que habría recursos del Distrito para la chatarrización, el alcalde Petro dijo que también implementaría nuevamente Pico y Placa para los buses del transporte tradicional, ya que, finalmente, la suma que se paga por las pérdidas de la lenta implementación sale de los impuestos que pagan los ciudadanos. 

vtellez@elespectador.com

@VeronicaTellez