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Casi 80 años pasaron desde que se empezó a hablar de construir el metro de Bogotá. Finalmente ayer se dio un paso clave para tratar de hacerlo realidad: se abrió la licitación para adjudicar su construcción y operación. Seis consorcios internacionales pujarán por el megacontrato de $12,9 billones, que convierte al metro elevado en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.
Las empresas que competirán ya recibieron los documentos que necesitan para cerrar sus propuestas económicas. Ahora tendrán un mes para realizar observaciones al proceso, que se responderán a mediados de agosto. A partir de ahí, lo que sigue es una carrera contra el tiempo, pues la idea de la administración es adjudicar en la tercera semana de octubre, la misma en la que los bogotanos irán a las urnas para elegir nuevo alcalde. Con esto, el metro será de nuevo un tema clave en la campaña de los candidatos.
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Aunque el ambiente en el Distrito es de confianza y fiesta, la licitación no será un trámite pacífico. Aún hay varios procesos judiciales en curso que buscan frenar el metro, respaldados en los reparos no solo de quienes denuncian posibles irregularidades en la estructuración de la licitación, sino de los que insisten en que el trazado debe ser subterráneo y no elevado, como lo diseñó la actual administración.
De hecho, esta semana, el concejal Hollman Morris (Progresistas), quien forma parte de la coalición de candidatos de centro-izquierda por la Alcaldía, celebró que un juez accediera a su petición de ordenarle al Distrito dar explicaciones sobre la financiación del proyecto y, puntualmente, cómo la Empresa Metro gastó $1 billón por fuera de las vigencias de ley.
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Por su parte, la también concejal Xinia Navarro (Polo Democrático), aprovechó el anuncio de la licitación para recordar que la bancada de su partido demandó el proyecto ante el Consejo de Estado, proceso que está en espera de admisión. “No es contra el metro, sino contra unos actos administrativos firmados en contravía del ordenamiento jurídico, principalmente porque se violó el POT vigente”, indicó.
El Distrito, entretanto, asegura que este tipo de acciones solo buscan impactar en una opinión pública dividida en temporada electoral. Así lo insinuó el alcalde Enrique Peñalosa durante el anuncio de la licitación, al afirmar que “hay una serie de políticos que solo están buscando votos, pero este metro es sólido y hay que tener claro que es un proyecto en equipo con la nación, y las decisiones se han tomado con base en estudios serios”.
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Otras claridades sobre la obra
Junto a Peñalosa, durante el anuncio, estuvo gran parte de su gabinete. El gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, aclaró que los estudios de detalle no están, ni tienen que estar, porque es una labor del constructor. “El consorcio ganador tendrá que hacer diseños de detalle a partir de la información entregada. Además, conseguir inversión privada para importar trenes y ponerlos en operación”.
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Dalila Hernández, secretaria jurídica del Distrito, dio un parte de tranquilidad y afirmó que las demandas en curso no se atravesarán en el cronograma. “Los equipos jurídicos de la Alcaldía y la nación estamos seguros de que hemos hecho todo acorde con la ley. Hemos ganado cinco demandas y estamos tranquilos”. De igual forma, agregó que el trazado en nada tiene que ver con el POT y que el cronograma difícilmente cambiará, pues se fijó con los estándares mundiales para procesos de este calibre.
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Si todo sale como está estipulado y no hay decisiones judiciales que le pongan freno al proceso, a la adjudicación en octubre le seguirá la firma del acta de inicio, prevista a más tardar para marzo de 2020. Con esto, las obras comenzarían un mes después y el metro, según el plan del Distrito, estará listo para operar en 2025. Por ahora lo cierto es que el proyecto está en un punto al que no había llegado antes. Su consolidación dependerá de si se cumplen los plazos y de las decisiones que tomen los jueces.