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Todo parece estar listo para que en 2017, luego de cuatro años de ausencia, regresen los toros a la Plaza de Santamaría. Y aunque eso estaba previsto y las obras avanzan, la novedad está en que la Alcaldía comenzará a buscar, por medio de una licitación que abrirá en las próximas semanas, el encargado de organizar la temporada taurina que comienza en enero próximo. Esa es la nuez del debate que desde el fin de semana se desató alrededor de las corridas en Bogotá.
El objeto de la licitación es “contratar la producción, planificación, organización, administración, operación y ejecución de la temporada taurina durante enero, febrero y marzo de 2017, la cual comprenderá cinco corridas de toros y una novillada”.
Esto implica un cambio sustancial en la forma como se había manejado la organización del festejo taurino en Bogotá. Cuando Peñalosa fue alcalde por primera vez (1998-2000), firmó un contrato de arrendamiento con la Corporación Taurina de Bogotá para que celebrara la temporada por 16 años. La pretensión ahora es que el encargado sea el ganador de una competencia a la que podrán presentarse otras entidades diferentes a la Corporación. Su presidente, Felipe Negret, no ve inconveniente y, en cambio, saluda la competencia y anuncia que participarán en ella.
Clara Lucía Sandoval, gerente de Protección Animal del Distrito, indica que “serán muchas las condiciones” que le impongan al ganador, pero prefirió no darlas a conocer antes de que se abra formalmente el proceso.
El borrador, por el momento, da algunas pistas: el contrato lo adjudicará el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), será adjudicado en agosto, pero comenzará formalmente una vez las obras que actualmente se adelantan en la plaza sean terminadas. En contraprestación, ese Instituto recibirá del organizador de la temporada el 13% del dinero que recoja por boletería. Para tener una referencia, en temporadas anteriores el recaudo por boletería era de unos $11.000 millones, lo que implica que el Distrito recibiría unos $1.430 millones. Es una cifra similar a la que tradicionalmente le habían transferido, que era de $1.200 millones.
Esta historia, hay que recordarlo, comienza en 2012, cuando la administración del entonces alcalde Gustavo Petro terminó de forma unilateral el contrato con la Corporación Taurina. Petro condicionaba el espectáculo a que los toreros no mataran los animales, algo a lo que se opusieron los taurinos. El caso se fue a tribunales y terminó con una sentencia de la Corte Constitucional, que en 2013 le ordenó al Distrito disponer de nuevo la Santamaría para aquello que había sido creada, sin dejar por fuera otros eventos.
Desde junio del año pasado están en curso las obras de reforzamiento estructural, que cuestan $6.500 millones y deben estar listas en diciembre próximo. Es decir, ya estaba claro que los toros regresarán a la Santamaría en 2017. En un comienzo se temió por retrasos, debido a que los encargados de los trabajos se encontraron con un escenario mucho más deteriorado de lo que se había anticipado, pero hoy el cronograma corre normalmente, asegura Mauricio Uribe, director del Instituto Distrital de Patrimonio.
El funcionario aclara, no obstante, que contratarán obras adicionales con el fin de que la plaza quede realmente lista. “Debemos hacer un tanque de agua e instalaciones hidráulicas y eléctricas, adecuar las fachadas y las graderías”, precisa. Eso implicará la inversión de más recursos, pero no más tiempo, promete, pues pretende que las obras nuevas sean ejecutadas al tiempo que se terminan las que están en curso.
La Plaza de Santamaría, hay que recordarlo, era uno de los cuatro puntos que marcaban las fronteras de la revitalización del centro tradicional de Bogotá. Era el límite en el norte. Al sur estaba el Hospital San Juan de Dios; al oriente, el Paseo Karl Brunner de las universidades, y al occidente, la Basílica del Voto Nacional. De hecho, la intervención en la plaza que se dejó esbozada implicaba no solo su reforzamiento estructural, sino la restauración, rescatando el estilo arquitectónico, que data de los años 30 del siglo XX. Eso aún está por verse.
Peñalosa, por lo pronto, insiste en que está en contra de las corridas, pero se someterá al mandato de la Corte. Sandoval, la gerente de Protección Animal y una exconcejal defensora de los animales, va en la misma vía, aunque anuncia que respaldarán las manifestaciones antitaurinas, algo que no ha caído bien entre aquellos que están de fiesta por el retorno de los toros a la Santamaría. Está por verse, sin embargo, qué tan fuerte será el empujón político que la administración le dé al movimiento animalista.