El rifirrafe entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el dueño del predio Apel, ubicado en la calle 26 con carrera 37, no cesa. Esta vez están enfrentados por la demolición de un muro de 70 metros de largo que está a punto de colapsar.
Gonzalo Gómez Marín, dueño del predio, asegura que el muro tiene agrietamientos por el paso continuo de volquetas, camabajas, mezcladoras y otros equipos pesados que hacen que el muro cada día tenga un mayor debilitamiento, poniendo en peligro la vida de las personas, y de los conductores de motos y vehículos que transitan por el sector.
Según Marín, el IDU no ha llevado la demolición por negligencia. La semana pasada la Veeduría Distrital se pronunció por el tema en cuestión y le solicitó al IDU actuar de forma inmediata para evitar una tragedia.
La directora del IDU, María del Pilar Bahamón, le contestó a la veedora Distrital, María Consuelo del Río, a través de una carta en donde le dice que “a pesar de que desde diciembre de 2010 el IDU suscribió promesa de compraventa y canceló al propietario, señor Gonzalo Gómez Marín el valor del predio avaluado en $5.973.374.200, por perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz, el vendedor, al día de hoy no ha efectuado la entrega del predio, razón por la cual el IDU inició proceso de expropiación, el cual concluyó y la Resolución respectiva se encuentra en proceso de notificación”.
Al respecto, el dueño de Apel asegura que el precio establecido en la promesa de compraventa fue realizado con errores técnicos. Para Marín, “dicho valor no se compadece con el costo que tiene la reposición de 7.560 metros cuadrados, la franja de terreno de 528 m2, costos del traslado de equipos y estudiantes, el daño emergente y el lucro cesante de una entidad educativa como lo era UNIAPEL”.
En este sentido, el IDU expresó su preocupación por “los obstáculos que ha puesto el propietario para la entrega del inmueble, toda vez que esto ha impedido el normal desarrollo del cronograma de obra en la calle 26, interfiriendo directamente en las obras de pavimentos, espacio público y redes del sector”.
Según el IDU, el primer compromiso a cargo del Instituto consistió en el reamojonamiento de la franja de reserva vial, con el cual se establecerían definitivamente los límites entre el predio de APEL y la franja que fue entregada físicamente al Instituto de Desarrollo Urbano; el segundo, consistió en la adecuación con gravilla común para la reubicación dentro del predio de la infraestructura de APEL. Estos compromisos se cumplieron en las fechas establecidas para ello, según consta en las actas firmadas por las partes.
“En cambio, uno de los compromisos a cargo del señor Gómez Marín necesarios para la demolición consistía en que Apel se trasladara del lugar a más tardar el 15 de septiembre, no se cumplió, por lo tanto fue imposible llevar a cabo la demolición de toda la construcción. Es más, el día viernes 14, fecha en la que nuevamente estaba programada la demolición y la restitución del espacio público sobre la calle 26, el contratista al intentar hacer el cerramiento previo, encontró el predio ocupado por el propietario y su total y reiterada oposición a permitir la diligencia”, dice el IDU.
Marín indica que la reunión con el contratista se llevó a cabo el jueves 13 de octubre de 2011 y no el viernes como dice el IDU.
“La reunión trato sobre visita al predio Apel con el fin de establecer acuerdos para poder iniciar el proceso de demolición en el predio de Apel. Nosotros entregamos el inmueble para demolición el 17 de noviembre de 2010, la cual debía terminar 2 y medio meses después. El 6 de mayo se firmó un acta con el contratista donde se pidió la ampliación del plazo de demolición del predio de Apel. El viernes 14 de octubre 2011 se realizó una reunión en horas de la mañana en la cual participe yo y se desvirtuó todo lo expresado por el IDU. El mismo viernes el IDU solicito una reunión para las tres de la tarde la cual incumplió”.
El IDU señaló que la diligencia de demolición y restitución del espacio público fue nuevamente programada para esta semana.